La Contraloría del Estado inició un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades en el caso del tráiler con cadáveres que salió del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y deambuló por tres municipios de la metrópoli.La contralora, Teresa Brito, confirmó que ya está abierto el proceso en el que, de entrada, se tiene contemplado citar a 18 trabajadores del IJCF y de la Fiscalía.Aunque evadió confirmar si el exfiscal, Raúl Sánchez Jiménez, y Luis Octavio Cotero, otrora titular de Ciencias Forenses, fueron llamados a declarar, dijo que todos los funcionarios involucrados pueden ser emplazados.“Nos queda claro que esto no es responsabilidad de una sola persona; esto es terriblemente lamentable y vergonzoso. Esto habla de antecedentes de desidia, de indolencia; es lógico pensar que una sola persona no es la responsable”.Los primeros que han sido llamados a declarar son el contralor-visitador de la Fiscalía, Raymundo Gutiérrez, y José Nicolás Montes de Oca, contralor del IJCF, para que informen de qué manera intervinieron como responsables de vigilar el cabal ejercicio de las dependencias.Brito aseguró que, antes de que concluya la administración tendrán el dictamen de presunta responsabilidad y definirán si hay elementos para sanciones administrativas, promover alguna inhabilitación o incluso presentar denuncias.Por otra parte, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que hoy mismo inicia la construcción de una nueva cámara frigorífica en el edificio del IJCF, para que no vuelva a presentarse un escándalo como el que le costó el puesto a los mandos de dos dependencias públicas.Esta cámara, informó, evitará que los cuerpos que llegan al Instituto sean apilados. “Y (también habrá) un espacio para cadáveres en descomposición que tendrá una gran capacidad, por encima de los 300 cuerpos, para que no se vuelva a repetir este lamentable hecho. Se va a abatir el rezago para la disposición de las víctimas de sucesos de hechos violentos no identificados, siguiendo los protocolos con pleno respeto a sus derechos”.El mandatario estatal no precisó el monto que se destinará a esta obra ni las fechas de conclusión, pero sí que apresurará las gestiones con los municipios metropolitanos con el fin de que puedan proporcionar espacios dignos en sus cementerios para cuerpos en proceso de identificación. Una agencia del Ministerio Público se mudará al edificio forense para que atienda directamente a las familias de personas desaparecidas.Desde 2016, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha requerido una inyección real de fondos para hacer frente a sus nuevas obligaciones, y no sólo por la puesta en marcha del Nuevo Modelo de Justicia Penal, sino por el incremento de homicidios y sus peritajes habituales. Ante esa realidad, el Gobierno del Estado ha apoyado en poco.Según los presupuestos de egresos de 2017 y 2018, el Ejecutivo estatal sólo ha dado 66.7 millones de pesos adicionales al Instituto, con respecto a los fondos que autorizó para esa dependencia en todo el sexenio.Para poner en dimensión, sólo en 2018 el programa de emisión de licencias de conducir de la Secretaría de Movilidad (Semov) tiene autorizados 66.6 millones de pesos para operar.Por tres años, la administración de Aristóteles Sandoval mantuvo el presupuesto asignado a la ciencia para la procuración de justicia con el que cerró el periodo de Emilio González: 151.5 millones de pesos. Fue hasta 2017, y por el arranque del nuevo sistema de justicia en todo el Estado, cuando la asignación creció 39.5 millones.Ese fue el año más “holgado” para el Instituto, y desde entonces ya mantenían los cuerpos que no podía almacenar en sus instalaciones adentro de contenedores refrigerados. Con 191 millones de pesos, el IJCF hizo frente un año récord en homicidios (mil 536 víctimas), sin contar los peritajes habituales y los practicados a cuerpos por causas como accidentes, suicidios y otras peticiones del Ministerio Público.Ante esa realidad, y con un clima de violencia que el propio gobernador reconoció que sería más complicado (“vienen días difíciles, no les miento, la ola de violencia no va a terminar”, dijo el 7 de marzo), el Instituto inició 2018 con un recorte de 12.2 millones respecto al año previo. Luis Octavio Cotero Bernal, entonces titular, solicitó más fondos para contratar psicólogos y médicos forenses, pero con todo y eso la asignación presupuestal fue de 178.8 millones de pesos.Porque debe haber certeza sobre cuántos cuerpos sin identificar son resguardados en el IJCF, ya que en los últimos días se ha divulgado que son entre 157 y 444 los no reclamados que esperan inhumación, las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos revisarán caso por caso para cerciorarse de cuántos se tratan, informó el ombudsman de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón.“Vamos a actualizar y clasificar la información del total de personas fallecidas y no identificadas. Aquí es importante aclarar: nosotros somos observadores”.Desde el miércoles, Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) integró un equipo conjunto de 20 personas con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes acudieron al IJCF para revisar las dos cajas de los tráileres con cuerpos y los refrigeradores del Instituto, ocho divididos en cuatro módulos.Ellos cotejarán los expedientes de cada uno de los cuerpos no identificados y las carpetas de investigación sobre los hechos que derivaron en sus muertes. Cada carpeta deberá contar con cinco elementos básicos: perfil genético, dactilar, fotográfico, fijación de indicios y ficha odontológica.Las visitas serán permanentes hasta obtener el número preciso de no identificados, y no de quienes están en las instalaciones del IJCF, también las depositadas en criptas forenses.El ombudsman admitió que en la primera revisión encontraron que las condiciones en las que se hallaban los cadáveres no eran las adecuadas. “Estas más de 400 personas tienen una familia, alguien que los está buscando. El tratamiento a estos cuerpos no ha sido el adecuado, no están en condiciones de dignidad”.Los integrantes de la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) no creen que el cese del fiscal General, Raúl Sánchez, aporte en la solución del escándalo internacional por las cajas de tráiler repletas de cadáveres. En cambio, lamentan que quien se encarga de la Fiscalía de Desaparecidos, José Raúl Rivera, “no ha hecho prácticamente nada” desde que asumió el cargo, ni ha salido a la luz ahora que es más necesario su trabajo.“Ni nos va ni nos viene eso (la separación de Raúl Sánchez) porque nunca hemos tenido una verdadera atención al problema. El señor de (la Fiscalía de) Desaparecidos está desaparecido porque ni a nosotros ni a nadie nos da la cara, y pienso que debería estar muy interesado en dónde están los cuerpos, porque para eso se le puso”.Desde hace un mes, Fundej sabe que la Fiscalía del Estado tiene un álbum fotográfico de las personas no identificadas, por lo que les solicitaron que se los muestren para facilitar su identificación. “Eso sería sumamente importante, porque la primera persona que tiene acceso al hecho delictivo toma fotos, y son muy importantes porque posteriormente se degradan los cuerpos y, si vemos las fotos, pudiéramos ver si son de los nuestros”.Sobre el tráiler con cadáveres, dijo que ya sabían que los guardaban allí… pero no que era porque ya no cabían. “Se suponía que allí estaban los ya clasificados para llevarlos al panteón ministerial. No sabíamos que ese panteón estaba al tope”.LA VOZ DEL EXPERTOFrancisco García Pimentel (académico de la Universidad Panamericana)Enfrentar la crisis por la situación en la que se encuentran los 322 cuerpos dentro de tráileres refrigerantes no debe iniciar por habilitar más espacios para los que siguen, sino evitar que haya más en el futuro.Para Francisco García Pimentel, académico de la Universidad Panamericana, más allá de las evidentes violaciones a los derechos humanos post mortem, el tema que alcanzó a la opinión pública internacional no sólo aborda la falta de infraestructura del IJCF, sino que demuestra las fallas existentes en todo el sistema de seguridad pública de Jalisco.“Lo que preocupa es la cantidad de muertes y desaparecidos. Es evidente que están superados en su capacidad; la violencia en Jalisco está produciendo más muertes violentas de las que están preparados para recibir”.A 12 días de clausurada la obra en la zona de El Vado, en Tonalá, donde se proyectan las criptas del panteón forense, los vecinos de fraccionamientos cercanos reclaman que ninguna autoridad ha socializado el tema con ellos, y esa es una de las causas principales por las que se niegan a su realización.“Creo que es una obra que perjudica a los vecinos por la contaminación que se puede hacer. Quizá estaría mejor otro tipo de obras que beneficie a los vecinos como un centro de salud o una secundaria”, expresó Joaquín López, colono del fraccionamiento Paseo de la Cañada.Otros vecinos prefirieron no hablar para no “brincarse” al presidente de colonos del Fraccionamiento Praderas de Tonallan, Rafael Bory, pues él era el “encargado” de hablar, pero al contactarlo prefirió no opinar.Durante una visita realizada al fraccionamiento Vistas de Tonallan, el más cercano a la zona de la obra, se observaron muchas fincas deshabitadas, en construcción o en venta.El sitio, que de acuerdo con el proyecto ejecutivo tiene una extensión de cinco mil metros cuadrados, apenas está delimitado y con una barda incompleta. Los tabiques de concreto se hallan apilados a la orilla del camino y las bolsas de cemento están dispersas.El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, insistió que el terreno ya se donó al Estado y está escriturado. La SIOP, encargada del proyecto, expone que no se ha avanzado por la oposición vecinal.
