Parecía una casa normal, aunque se escuchaban golpes en la pared y que taladraban. 

Los inquilinos que vivían ahí desde hacía seis meses saludaban a los vecinos, quienes nunca sospecharon que llevaran a cabo actividades ilícitas. 

Sin embargo, se percataron de que la finca era utilizada para torturar luego de que en mayo pasado una de las personas que se encontraba privada de la libertad lograra escapar y pidiera ayuda. 

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron al inmueble, ubicado sobre la calle Río Bravo, en la Colonia Del Periodista, en Guadalajara, en donde rescataron con vida a nueve víctimas más.

Vía Transparencia, la Fiscalía de Jalisco reportó que en 2019 se detectaron 298 propiedades en las que se cometió algún tipo de delito, las cuales forman parte de un proceso judicial.

Sin embargo, ninguna ha sido devuelta a sus dueños ni se ha reportado algún otro avance. 

Ricardo Franco, vocero de la dependencia estatal, aseguró que se mantienen en proceso de investigación.

De acuerdo con el Artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se pueden asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden vínculo directo con el lugar de los hechos o del hallazgo.

“Una vez que el Ministerio Público determina que este inmueble ya no es necesario, libera el aseguramiento y se le regresa al propietario”, comentó Franco. 

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que una vez concluida la investigación y, en caso de que una casa no sea reclamada por su propietario, puede ser utilizada por la dependencia para otros fines, aunque esto último no ha sucedido. 

La dependencia estatal no proporcionó datos sobre los delitos cometidos en esas fincas o sus ubicaciones.

En 2019, aseguran 18 casas de tortura en la metrópoli 

Las autoridades han rescatado a 69 personas con vida y recuperado los cuerpos de, al menos, 105 víctimas más en estos inmuebles 

Desde hacía tres meses, en una casa blanca ubicada en la Colonia Insurgentes, en Guadalajara, se tenía a personas privadas de la libertad y, aunque la mayoría de los vecinos no se dieron cuenta de que algo raro pasaba ahí, sí hubo quienes en algunas ocasiones escucharon ruidos perturbadores. Sin embargo, no realizaron reportes porque consideraron que provenían de un centro de internamiento para personas con problemas de adicción. 

Se enteraron hasta que elementos de las corporaciones policiacas llegaron y liberaron a nueve víctimas, tras atender el llamado de una persona que logró escapar apenas minutos después de haber sido secuestrada.

De acuerdo con registros hemerográficos de este medio (con corte al 20 de diciembre pasado), ésta es una de las 18 casas de tortura que fueron aseguradas durante el 2019 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

De ese total, los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga concentran la mayor cantidad de inmuebles, con seis cada uno. Guadalajara registra tres, mientras que en Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, los policías han asegurado uno. 

En los operativos han sido rescatadas 69 personas con vida y recuperado los cuerpos de, al menos, 105 víctimas más. 

Para Alejandro Hope, analista de seguridad, la cantidad de fincas utilizadas para torturar en la metrópoli habla de un clima de violencia que refleja cómo es visto el Estado a nivel nacional.

“Jalisco tiene la malísima suerte de que está identificado con el Cártel Jalisco Nueva Generación; es su centro de operación. Aunque sus dirigentes son michoacanos, al Estado le tocan todas las identificaciones negativas que vienen con eso”, indicó Hope.

Agregó que esto se agrava con el crecimiento de la violencia homicida que se ha tenido en los últimos años. Y resaltó que para que este tipo de violencia disminuya, se requiere fortalecer a las corporaciones policiacas, repensar el despliegue de la Guardia Nacional, y sobre todo pensar en cómo desmantelar la red de protección política y policial que tienen los cárteles de la droga. 

“Pensé que eran estudiantes”

Cuando los elementos de las corporaciones policiacas llegaron a la casa blanca ubicada en la calle Salvador M. Lima de la Colonia Insurgentes, los vecinos se sorprendieron pues no había señales de que en su interior hubiera gente privada de la libertad.

“Yo pensé que eran estudiantes porque estaban jóvenes. De hecho, los que sacaron esposados no eran los mismos que veíamos a diario. Cuando recién llegaron metieron una estufa eléctrica chiquita y unos colchones, por eso también creí que estudiaban”, indicó Pancho, un vecino de la zona.

Nadie sabía nada, pero a diario metían camionetas e incluso había una chica que formaba parte del grupo. “La casa estaba habitada por otras personas, luego la deshabitaron y llegaron ellos, pero duraron unos tres meses hasta que llegó la policía. De todos los que sacaron, no vi a ninguno que estuviera secuestrado”, dijo.

El vecino agregó que las personas que asistían a esa finca no les parecían sospechosas, pues vestían bien y ni siquiera tenían tatuajes, esto cambió cuando fueron rescatadas nueve personas que se encontraban privadas de la libertad. Uno de ellos logró escapar y pedir ayuda. 

María, quien también vive en ese sector, coincidió en que parecía una casa normal hasta que en mayo pasado llegaron patrullas y ambulancias y acordonaron el lugar.

Otros vecinos aseguraron que por las madrugadas lograban oír gritos, insultos, lamentos y golpes, aunque creyeron que aquello provenía de una casa de rehabilitación para personas con adicciones.

Este inmueble está ubicado como a un kilómetro de la Academia de Policía y no es la primera vez que se cometen delitos, pues es frecuente que se registren asaltos y robos de casa habitación.

La finca del portón negro mantiene las calcomanías con el logo de la Fiscalía que indican que está asegurada y que recuerdan a los habitantes de los alrededores que en cualquier inmueble se pueden registrar casos de tortura. 

TESTIMONIO

“Vimos que metían tambos”

Seis meses antes de que fuera acordonada la casa naranja ubicada sobre la calle Río Bravo, en la Colonia Del Periodista, en Guadalajara, era el hogar de personas que, aparentemente, no se metían con nadie y se portaban de manera amable con los vecinos.

“Saludaban a todos: ‘buenos días y buenas noches’. Aunque algunas veces vimos que metían tambos y sacaban muchas bolsas de basura, nunca sospechamos que dentro hubiera gente en esta situación”, comentó José, vecino del lugar.

Según relató, también hubo algunos cambios de habitantes. Cada uno o dos meses llegaban personas distintas a vivir en esa finca. 

En mayo pasado, alrededor de las seis de la mañana, una persona logró escapar y llegar a una tienda cercana para reportar lo ocurrido. Las patrullas llegaron unas dos horas después.

Pese a la amabilidad de los plagiadores, quienes vivían en las cercanías no conocían nada de ellos. En algunas ocasiones llegaron a escuchar que taladraban y martillaban.

Eran personas de entre 30 y 40 años que conducían autos normales, ni siquiera camionetas grandes o lujosas, como las que se suele pensar que tendrían quienes cometen este tipo de delitos, comentaron. 

Claudia, quien vive en las cercanías de la casa a la que ya le fueron retirados los sellos de la Fiscalía del Estado, recordó cuando la persona que logró escapar acudió a pedir ayuda. “Llegó desnudo, como desesperado, y se tomó el agua con jabón con la que lavamos las vitrinas. Quiso pasarse, pero la persona que estaba aquí le dijo que lo metería en problemas”. 

Las víctimas fueron encontradas por la Policía de Guadalajara en las inmediaciones de la calle 5 de febrero. Todos fueron hallados amarrados de las manos y uno de ellos con un dedo del pie amputado. 

La Comisaría del municipio señaló que en la casa de cancel negro, otros seis hombres jóvenes fueron rescatados. Los nueve presentaban numerosas lesiones por golpes y manifestaron que los tenían sin darles agua ni alimento. 

SABER MÁS

El último aseguramiento

El pasado 23 de noviembre se reportó una nueva casa de tortura localizada en la Colonia El Mirador, en Tlajomulco. 

Luego de tres semanas de trabajo, la Fiscalía del Estado determinó de manera preliminar que los restos encontrados en el predio correspondían a 50 personas. La información no ha sido confirmada por el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Hasta el 14 de diciembre, la dependencia indicó que había identificado parcialmente a 13 personas, quienes tenían carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. 

TELÓN DE FONDO

Procesan sólo a 16 por fosas

En lo que va del año han sido exhumados los restos de al menos 191 personas en 32 fosas clandestinas por todo el Estado. Los últimos ocho en la Colonia El Mirador, en Tlajomulco, aunque aún no termina la investigación.

Sin embargo, solo 16 personas han sido procesadas por ello, 15 de las cuales fueron arrestadas en un solo evento gracias a la colabiración de la Guardia Nacional.

Además, la cifra de víctimas es mayor, pues existen otras partes humanas que podrían corresponder a 16 víctimas más, si se contempla que entre las secciones anatómicas hay cabezas y torsos. En total serían 207 los cuerpos extraídos de fosas durante 2019.

Esto sucedió el 6 de noviembre, luego de un enfrentamiento en la Colonia Toluquilla, en Tlaquepaque. Ahí, personal federal dio con una casa de seguridad en la que se mantenía a ocho personas privadas de la libertad. 

En el lugar también se aseguraron rifles, armas cortas, cargadores, cartuchos y seis vehículos.  

A partir de esa detención, se logró dar con la fosa clandestina de El Zapote, en Tlajomulco, la cual también se vincula a los 15 sospechosos de Toluquilla y a la de El Mirador.

En 2018 se exhumaron 103 cadáveres de 29 fosas clandestinas en Jalisco.

CLAVES

Plan de rescate de vivienda abandonada

Proyecto Debido a que Tlajomulco concentra la mayor cantidad de casas abandonadas en la metrópoli, el Ayuntamiento puso en marcha una serie de acciones para rescatarlas, pues algunas son utilizadas para cometer delitos. 

Programa

Gracias al programa “Renta tu casa” que inició a principios de abril pasado, se tenían 100 viviendas inscritas, de las cuales 70 ya estaban rentadas, según señaló Andrés Ampudia, director de Gestión Integral de la Ciudad del municipio.

Alcance

Este programa tiene el objetivo de rescatar 35 mil fincas, es decir, casi la mitad de las 68 mil 758 que se encuentran deshabitadas, con el fin de que no se conviertan en focos de la delincuencia, es decir, que puedan se utilizadas para esconder desde droga hasta personas privadas de la libertad. “El programa no podría atender todas, digamos que esas viviendas se van categorizando. Hay unas que están abandonadas, otras en proceso de recuperación de cartera vencida, etc. El programa se enfoca en las que están deshabitadas y que tienen a un propietario que liquidó o tiene un crédito activo”, explicó el funcionario. 

Presupuesto

El director aclaró que el programa es sólo una alternativa al problema, no la solución. Subrayó que se requiere una política integral. Para la recuperación cuentan con un presupuesto anual de 6.5 millones de pesos que se usará para subsidiar el pago de renta y para rehabilitar las viviendas. 

Modelo

Con el programa, el municipio proyecta convertirse en una ciudad modelo para el resto del país en el combate a este problema. A nivel nacional se tienen 3.9 millones de viviendas abandonadas. En septiembre pasado, el proyecto recibió el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales a nivel nacional en la categoría de Desarrollo Urbano. 

GUÍA

Ley de Extinción de Dominio

• ¿Qué es?

La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. La nueva ley aprobada tiene injerencia en todo el territorio nacional y está vigente desde el 9 de agosto de 2019. Aplica en los delitos de robo de vehículos y de hidrocarburos, corrupción, delincuencia organizada, extorsión, encubrimiento, secuestro, los cometidos por servidores públicos, contra la salud, trata de personas y lavado de dinero.

• ¿Qué pasa con los bienes asegurados?

El Estado puede venderlos, incluso antes de que se dicte una sentencia en juicio (antes de conocer si el dueño es culpable o no de algún delito).

• ¿Cuáles son los plazos?

Las facultades del Ministerio Público para demandar la extinción de dominio caducan en un plazo de diez años contados a partir del día siguiente a aquel en que el MP informe de la existencia de bienes a los que se puede aplicar la ley.

• ¿Cuándo se puede asegurar una finca?

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su Artículo 229 que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación.

Además, el Artículo 231 señala que se debe notificar del aseguramiento al interesado o a su representante legal dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

• ¿Cómo recuperar una casa asegurada y de procedencia lícita?

Aunque se trata de un proceso tardado, los inmuebles que fueron rentados y usados por sus ocupantes para cometer algún ilícito y, que fueron asegurados por la Fiscalía del Estado, sí pueden ser recuperados por sus propietarios. 

Para ello, se tiene que acreditar con documentos como el título de propiedad que, efectivamente, es el dueño de la casa. También se deberá demostrar que se había rentado de buena fe, así como que el propietario no tenía que ver con los ilícitos que ahí se cometieron. Para ello es necesario llevar el contrato de arrendamiento y lo que se considere necesario, como otros documentos, incluso testigos.

Si la Fiscalía no acepta la acreditación, se puede recurrir a un amparo, audiencia de control de garantías o tutela de derecho para que sea un juez quien determine que la casa puede ser devuelta o no.

Venden cuatro residencias

• En los últimos 12 años, vía subastas, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), sólo vendió cuatro fincas que fueron confiscadas por la PGR en Jalisco. La venta global por estos inmuebles fue de ocho millones 216 mil pesos.
• Sólo dos superan el millón de pesos. Se trata de la confiscada a Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, tras ser abatido en 2010 por el Ejército Mexicano en Zapopan. La residencia fue vendida en 6.1 millones de pesos.
• El otro inmueble está ubicado en la Colonia Villa Guerrero, en Guadalajara. En 2017 fue adquirida por un millón 107 mil pesos.
• Las otras dos casas fueron vendidas también ese año mediante licitación: una ubicada en la Colonia Vicente Guerrero, de Guadalajara, por 777 mil pesos y la otra en Tecalitlán por 231 mil 500 pesos.
• Aunque se solicitó al organismo otorgar la información del destino que se le dio a los recursos que fueron obtenidos por todas las ventas realizadas de los bienes decomisados en el Estado, sólo se respondió que “los recursos derivados por los procedimientos de venta serán entregados por el Instituto de Administración de Bienes y Activos a quien tenga derecho de recibirlos”.

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¿Sabe cómo proceder si su casa es asegurada por las autoridades?
 

JL

El Informador