Domingo, 11 de Abril 2021
OBLIGATORIO. Las empresas tienen tres meses de plazo para añadir en la nómina a los empleados subcontratados.
Economía

Eliminación del outsourcing, entre los riesgos y beneficios

Buscan eliminar la evasión fiscal que llevan a cabo algunas empresas afectando al trabajador; especialistas señalan que esto podría aumentar la contratación informal debido a la crisis

El Informador

El acuerdo al que llegaron las autoridades, empresarios y sindicatos de eliminar la práctica de la subcontratación en términos generales, conlleva beneficios, pero también riesgos para los trabajadores y el mercado laboral en México.

Entre los principales objetivos de esta medida se encuentra la eliminación de la evasión y elusión fiscal que llevan a cabo algunas empresas a través de la subcontratación, así como el hecho de que a los trabajadores cuenten con todos los derechos laborales que le otorga la ley.

La subcontratación no es mala por sí misma, pero es una figura de la que se abusó y cuyo origen se desvirtuó. La subcontratación ilegal se puede ver en dos vertientes: la subcontratación de personal en la que los trabajadores no gozan de todas sus prestaciones. Otra vertiente es una subcontratación que defrauda al propio trabajador, en lo que llaman las empresas el insourcing, en la que el trabajador ya no recibe reparto de utilidades.

De esta forma, se abre la posibilidad de que los trabajadores que actualmente se encuentran subcontratados pasen a formar parte directamente de la empresa y pueda gozar de todas las prestaciones que marca la ley, incluyendo su acceso al crédito Infonavit y a un fondo de pensión.

El acuerdo busca también establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas y morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando de este modo prácticas que operan en la actualidad, a través de diversas formas de simulación laboral en perjuicio de los trabajadores y el erario público.

Los acuerdos alcanzados comprenden: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

El registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

Riesgos de eliminar la subcontratación

En opinión de algunos especialistas, la eliminación de la subcontratación conlleva el riesgo de la pérdida de empleos y el repunte de la informalidad, toda vez que muchas empresas que actualmente tienen subcontratado a su personal no podrán contratarlo de manera directa.

En este sentido, destaca el caso de las grandes empresas trasnacionales que operan en el país, y que operan normalmente bajo este esquema de contratación, por lo que es probable que reduzcan sus operaciones en el país.

Asimismo, los especialistas consideran que la nueva reglamentación no logra eliminar el problema de la evasión y elusión fiscal, ya que quienes realizan este tipo de prácticas ilegales cuentan con otros mecanismos, como podrían ser el pago por honorarios para seguir reduciendo sus costos laborales.

La eliminación de la subcontratación significa un cambio radical en el mercado laboral, lo que va a generar una gran incertidumbre entre las empresas, justo ahora que lo que se busca es reactivar el empleo en el país, advierten los especialistas.

OBLIGATORIO. Las empresas tienen tres meses de plazo para añadir en la nómina a los empleados subcontratados. NTX

Subirán contrataciones informales: Manpower

Con los acuerdos dados a conocer en materia de subcontratación hay un panorama más claro para la toma de decisiones entorno a la contratación de personal y generación de empleo; sin embargo, prohibir la actividad no cierra los caminos a las malas prácticas de contratación que existen en el país y que vulneran el derecho laboral y social de los trabajadores, advierte ManpowerGroup empresa global especializada en outsourcing.

"El riesgo que aún vemos es que no a todos los empleados los van a contratar como empleados de base. En los análisis que hemos realizado, el 60% de los empleadores realizarían la contratación bajo esquemas sin seguridad social tales como honorarios, asimilados al salario, derechos de autor, inclusive pagándoles a través de sindicatos o cooperativas, lo cual no elimina las malas prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores", explicó Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.

De acuerdo un análisis que realizó ManpowerGroup, sólo un millón 380 mil empleados podrían ser contratados como base por las empresas, mientras que dos millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social y 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing.

Esto al tomar como base los cuatro millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, de acuerdo con los datos del INEGI, con las intenciones de contratación de las empresas donde sólo el 30% de los trabajadores subcontratados pasarían a ser empleados de base, el 60% pasarían a esquemas sin seguridad social y el 10% se perderían o pasarían a esquemas de evasión o informales.

Las contrataciones por vías semi-informales generarían el cumplimiento con el pago de impuestos, pero alejaría a las personas de acceder a la seguridad social y prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo para el bienestar que brinda un trabajo formal.

"Con ello existirían alrededor de 3 millones 220 mil personas que perderían oportunidades laborales o se emplearían sin los derechos laborales que marca la ley. Los trabajadores se verían orillados a acoplarse al mercado laboral existente, en donde el sector informal es el que podría ofrecer una vía de generar ingresos. Entonces hay una paradoja de protección de derechos sin combatir las malas prácticas y la informalidad", detalló el directivo de ManpowerGroup.

Para febrero de este año el INEGI registró a 2.7 millones de empleadores en México, mientras que el IMSS en el mismo mes reportó que se tenían afiliados a 1 millón 910 patrones.

"En medio de este panorama el empleo temporal formal queda desvalorizado. Este año de recuperación de empleo perdido a causa del COVID-19, el trabajo eventual es quien ha dado la cara por el empleo formal, ya que el IMSS hasta sus últimas cifras señala que 51.2% de los puestos creados son temporales, o sea 83 mil 637 trabajadores eventuales", Héctor Márquez.

La recuperación de empleo formal debe ser uno de los primeros objetivos de este 2021, porque es el sector productivo que nutre la economía formal, sea cual sea su modalidad de contratación y esquema de trabajo.

"Esperamos que el gobierno mantenga su escucha activa en torno al cuidado del empleo formal en México, y que las políticas de cuidado de los derechos y bienestar laboral se amplíen para cerrarle el camino a las malas prácticas, asimismo que se reconozca la importancia del empleo temporal sobre todo en un momento atípico para el trabajo y la economía como lo es este contexto pandémico", subrayó el director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.

PREVISIÓN. ManpowerGroup prevé que serán más los trabajadores que se contraten de manera informal que los que las compañías puedan añadir con base. SUN

Permitirán dos modalidades para subcontratar, dice Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que producto del diálogo entre el gobierno y los sectores obrero y patronal se logró mantener el esquema de la subcontratación en dos modalidades: servicios compartidos y la especializada.

Esto significó que no se cancelará en su totalidad esta figura, aunque ya no se permitirá la subcontratación interna, además de que se acordó un tope de 90 días para el pago de las utilidades a los trabajadores.

“Consideramos que este es un buen acuerdo, pues luego de tres meses de negociación el resultado final no fue la propuesta original del gobierno que prohibía todo tipo de contratación, ni la de la iniciativa privada que pedía no realizar ninguna prohibición, ni la del sector laboral, que flexibilizó sus demandas, sino que se dio paso a un nuevo acuerdo”, dijo en un comunicado.

Para el sindicato patronal esta propuesta alienta la competitividad del país, permitirá la reactivación económica, otorgará flexibilidad a empresas y trabajadores.

“Pese a que no continuará la figura de la subcontratación interna, se consideraron los planteamientos que hicimos desde el sector empresarial para que se posibilitara la permanencia de las otras figuras de subcontratación y se consideraron las medidas necesarias para evitar que el impacto de esta determinación en el PTU (utilidades) provoque el cierre de negocios”, dijo la Coparmex.

El sindicato patronal dijo que ratifican su compromiso para coadyuvar en la eliminación de las prácticas abusivas y fraudulentas que han perjudican al país.

Además de que consideraron que fue buena la decisión de otorgar un periodo de transición de 3 meses para la regularización de la figura en los términos de la propia iniciativa.

REGULACIÓN. Será discutida la próxima semana. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Debatirán la próxima semana la regulación

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definió que la próxima semana serán debatidas, y en su caso aprobadas en el pleno de San Lázaro las iniciativas para eliminar el outsourcing y la contrarreforma petrolera, ambas del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En la reunión de la Junta de Coordinación Política de ayer, los líderes parlamentarios definieron, a propuesta de Morena, que el martes 13 de abril se abordará el dictamen de las Comisiones Unidas del Trabajo y de Hacienda donde se modifican varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de subcontratación.

Y será el miércoles 14 o jueves 15 de abril cuando se analice el dictamen de la Comisión de Energía de la iniciativa del presidente, López Obrador con la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Ambas iniciativas, primero deben ser avaladas por las comisiones a las que fueron turnadas en los próximos días para poder ser analizadas en el pleno de la Cámara de Diputados.

 

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JL