Lamentan control en la frontera

CIUDAD DE MÉXICO (03/JUL/2010).- La restricción para depósitos en dólares ahogará a las agencias de viajes de la frontera norte y zonas turísticas, donde entre 90 y 95 por ciento de sus operaciones se realiza con la divisa estadounidense, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Jorge Hernández Delgado.  

“No queremos que tomen al turismo como vía para el lavado de dinero, pero esta medida nos ha causado un problema muy fuerte, sobre todo a las agencias de viajes de la frontera”, porque en algunos casos el límite que fijaron de siete mil dólares al mes representa el ingreso de un día.  

En la frontera norte hay cerca de 400 agencias de viajes, lo que ya motivó que la Secretaría de Turismo intervenga para que la AMAV busque un acuerdo con Hacienda, aseguró en entrevista.  
El propósito es evitar que la disposición hacendaria frene a empresas en zonas donde el billete verde es, en la práctica, moneda de curso, luego que el costo para las agencias es tener el dinero y no poder utilizarlo.  

“Hay agencias que llegan a vender hasta 150 mil dólares, pero sólo pueden depositar siete mil dólares al mes, por lo que está muy desproporcionado. Urge que la medida se establezca correctamente y no se ahogue a las empresas, necesitamos que se generen fuentes de trabajo y evitar que se les condene al cierre”.  

El presidente de la AMAV llamó a ver la realidad de dos zonas afectadas por la disposición de Hacienda: la turística y la de la frontera norte.  

Aunque en el resto del país las agencias tienen pocas operaciones en efectivo y en dólares, insistió que hay otras empresas que de acuerdo con su mercado y tipo de clientes rebasan los montos establecidos.  

“Son centros turísticos de mexicanos, pero la moneda de curso es el dólar, como en Los Cabos, Baja California, donde es muy exagerada la dolarización en ese destino turístico”.  

Hernández Delgado no abundó sobre las pérdidas económicas de sus asociados, pero resaltó que está por cumplirse el mes, cuando se fijo un periodo de 90 días para analizar la medida.  

“Queremos aprovechar este periodo para exponer la problemática y seguramente encontraremos una solución, pero vamos contra el tiempo”, afirmó. 


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