Cobertura petrolera de 2011 cuesta al gobierno 812 MDD

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2010).- El gobierno federal contrató una cobertura petrolera para el ejercicio fiscal de 2011 por 812 millones de dólares –la más baja de los últimos tres años- que cubrirán 222 millones de barriles, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero.

En conferencia de prensa, el secretario de estado aclaró que con esta cobertura el gobierno tiene el derecho, más no la obligación de vender el barril de petróleo para el próximo año a un precio de 63 dólares.

Cordero Arroyo dijo que esta contratación se realizó para proteger las finanzas públicas del país en caso de que el precio internacional de petróleo se sitúe por debajo de los 65.40 dólares por barril, costo aprobado por el Congreso de la Unión para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

En cambio, si la mezcla mexicana de exportación rebasa los 65.40 dólares los recursos se canalizarán al Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas

Las operaciones de cobertura que se realizaron en los mercados financieros internacionales consistieron en la adquisición de opciones tipo 'Put' sobre el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación para el ejercicio fiscal 2011.

La cobertura permitirá, en caso de que el precio del petróleo se encuentre por debajo de los 63 dólares vender el barril de la mezcla mexicana a 63 dólares, aunque en el mercado este a un precio menor.

Si el precio del petróleo está entre 63 y 65.4 dólares, el diferencial superior a este último precio lo absorbe el Fondo de Estabilización para no afectar los ingresos presupuestales del año 2011.

En la conferencia de prensa el secretario de Hacienda también se refirió a las operaciones de deuda externa y recordó que durante el año 2010 se realizaron seis emisiones en los mercados internacionales de capital, y una operación de manejo de pasivos para asegurar los recursos necesarios y enfrentar la totalidad de los vencimientos de deuda externa durante 2011 y 2012.

Ello implica que el gobierno federal no tendría la necesidad de recurrir a los mercados financieros internacionales durante los próximos dos años.