Lunes, 15 de Abril 2024
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Jalisco

Reclaman desapariciones; prometen registro estatal a fin de este año

Cientos se manifestaron ayer en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

El Informador

Como parte del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, cientos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco marcharon ayer desde la glorieta de los Niños Héroes hasta el palacio de Gobierno para reclamar por las fallas de las autoridades para atender el problema. 

María de los Ángeles Carrillo, una de las participantes, marchó por su hijo Brayan Eduardo Medina, desaparecido en 2020 en Teocaltiche. Ella criticó que las instancias encargadas de la búsqueda no hacen su trabajo debido a la inseguridad en ese punto.

“No nos quieren llevar a operativos allá, que porque está muy caliente la zona”, comentó. 

Por otra parte, el gobernador de Jalisco afirmó que a finales del año la Entidad contará con un nuevo registro de personas desaparecidas en el cual se buscará tener “con mucha precisión quiénes nos faltan”. 

Eso ocurrió luego de que desde marzo del año anterior el Ejecutivo estatal dejó de reportar la información correspondiente a la Federación. 

El mandatario dijo que se entregará un informe a la Comisión Nacional de Búsqueda para comunicarle que se concluyó la actualización del listado “y se le exige que el registro local sea tomado en cuenta para tener datos compartidos en busca de lograr mayor coordinación”. 

De acuerdo con información del Gobierno federal, Jalisco es primer lugar nacional en personas desaparecidas, con 14 mil 889 en esa situación.

Familiares de personas desaparecidas salieron a las calles para hacer visible este problema. EL INFORMADOR/A. Navarro

Protestan por víctimas de desaparición forzada

Con todo y la lluvia, cientos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron ayer en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. 

Al grito de: “¡De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cueste lo que cueste!”, “¡ese apoyo sí se ve!”, entre otros, realizaron una protesta desde la glorieta de las y los Desaparecidos hacia palacio de Gobierno para exigir la localización de sus familiares. 

Entre ellas, está María de los Ángeles Carrillo, de las Madres Buscadoras de Jalisco, quien busca desde julio de 2020 a su hijo Brayan Eduardo Medina y Daniel Rodríguez Sandoval, desaparecidos en el municipio de Teocaltiche. 

Acusó que las autoridades no implementan operativos para buscar a su hijo debido a la situación de inseguridad en la zona de los Altos de Jalisco, pese a que les han advertido del uso de las ladrilleras para incinerar cuerpos en aquel municipio. 

“No nos quieren llevar a operativos allá por cómo están los Altos Norte (...) que porque está muy caliente. Eso de las ladrilleras que están sacando ahorita, nosotros desde hace tres años se lo dijimos, está en nuestra carpeta”. 

Gabriela Valdivia sigue buscando a su esposo, José Luis Guzmán, desde el 25 de marzo, cuando fue privado de la libertad por hombres armados mientras acudía a la casa de su jefe y señala que prácticamente no hay avances en la investigación. 

“Recuperaron la moto que se robaron del domicilio, detienen a la persona, pero esa persona no aporta nada, que no quiso porque él dice que obtuvo la moto por una transacción en Facebook”. 

Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, consideró que en Jalisco todas las personas desaparecidas son víctimas de desaparición forzada al acusar relación de las autoridades en los distintos casos. 

“No existe la desaparición entre particulares porque es virtualmente imposible que desaparezcan a una persona sin la complacencia del Gobierno”. 

Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), insistió en que las autoridades están rebasadas y señaló que las policías o agentes del Estado se ven involucradas en desapariciones forzadas cuando participan en ellas o son cómplices de los actos. 

“La responsabilidad de forma indirecta de las autoridades en la comisión de desapariciones forzadas cuando las autoridades permiten, autorizan o tienen conocimiento de los hechos para prevenirlos y posteriormente, para su esclarecimiento. Al no investigar, no esclarecer lo que está sucediendo y al no desmantelar los campos criminales que permiten la desaparición de personas y encontrar a los responsables”. 

Al finalizar la protesta en palacio de Gobierno, familiares de personas desaparecidas exigieron atención a sus peticiones por parte de la autoridad estatal.

CENSO DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Va Jalisco por un registro actualizado

El gobernador del Estado aseguró ayer que a fin de año tendrá su nuevo registro, en el cual se buscará tener “con mucha precisión quiénes nos faltan en Jalisco”.

Al respecto, la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, indicó que esta nueva información, la cual “representa una actualización confiable de la estadística sobre desapariciones en la Entidad”, se hizo a partir de la digitalización de información, la revisión y actualización de los datos “que han permitido que se tengan bases de datos certeras y completas”, la cual incluyó acercamiento con las familias en sus domicilios.

“También hemos trabajado de manera coordinada y desde el año pasado hemos tenido decenas de mesas técnicas entre la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especial (en Personas Desaparecidas) intercambiando información, intercambiándola y conformando nuestra base de datos. Una vez que logramos una base de datos completa, certera y revisada, también gestionamos reuniones con la Comisión Nacional de Búsqueda, pues detectamos que la información de Jalisco presentaba inconsistencias y no estaba completa, que había duplicados y que había localizaciones que nosotros habíamos reportado que no estaban reflejadas en el sistema”, aseveró la fiscal a través de un mensaje compartido en las redes del gobernador.

A partir de ello, dijo, es que se ha solicitado una ruta a la Comisión Nacional de Búsqueda para que esta sea considerada y forme, ahora sí, parte del registro nacional.

Por otra parte, y en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, ayer se dio a conocer la presentación de las nuevas instalaciones de la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco. Se trata de las oficinas ubicadas en la colonia Americana de Guadalajara, en el cruce de las calles Libertad y Progreso.

“En las instalaciones anteriores, con el mismo personal, teníamos casi 500 metros menos de espacio con una sola ventana en el edificio y una instalación eléctrica deficiente, lo cual hacía muy tortuoso el trabajo, y la atención y la espera de las familias”, dijo el comisionado estatal de Búsqueda, Víctor Hugo Ávila.

Personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas cuentan con más herramientas de búsqueda. ESPECIAL

Vinculan a proceso sólo a la mitad de policías

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada con el objetivo de recordar a las víctimas de este delito, promover el derecho a conocer la verdad y exigir las medidas necesarias para asegurar que este crimen no quede impune.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Desaparición Forzada contempla el arresto, detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

En Jalisco este ilícito se castiga poco. De hecho, de acuerdo con información de la Fiscalía Estatal compartida por Transparencia, mientras de diciembre de 2018 a mayo de 2023 se detuvo a 113 policías por la desaparición de 89 personas, sólo 67 de ellos fueron vinculados a proceso.

Sin embargo, de acuerdo con la propia Fiscalía, en el mismo periodo apenas se emitieron cinco sentencias condenatorias por este delito, aunque la Fiscalía reconoce que desconoce cuántas de ellas fueron sentencias firmes.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura del Estado sólo reconoce una sentencia por desaparición forzada contra dos hombres, emitida en 2021, la cual corresponde a dos policías de Tecalitlán, Emilio y Salomón, quienes fueron condenados a 50 años de prisión tras demostrarse su responsabilidad en la desaparición de dos ciudadanos italianos, registrada el 31 de enero del 2018.

Por otra parte, la dependencia además oculta la información de cuántas órdenes de aprehensión se han emitido contra policías por desaparición forzada.

Las protestas llegan hasta el Palacio Nacional

Las madres de algunas de las 111 mil personas que han desaparecido en México a lo largo de varias décadas de violencia conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con protestas y exigencias de que el Gobierno haga más para localizar a sus seres queridos.

Se cree que la mayoría de los desaparecidos han sido raptados por cárteles del narcotráfico o por secuestradores, y que sus cuerpos fueron enterrados en fosas poco profundas o fueron quemados.

Algunas de las personas que marcharon por una de las principales avenidas también protestaban por el aparente intento del Gobierno de minimizar el problema.

Alrededor de 200 manifestantes - en su gran mayoría mujeres - gritaban al unísono: “¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos?”

Edith Pérez Rodríguez, una de las manifestantes, llevaba una camiseta estampada con las fotografías de sus dos hijos: Alexis y José Arturo Domínguez Pérez. Desaparecieron sin dejar rastro hace una década en el estado de San Luis Potosí.

La falta de recursos financieros y humanos han hecho que los policías y fiscales sean incapaces de llevar a cabo siquiera las búsquedas más básicas, dejándole la tarea a grupos de voluntarios compuestos de madres, quienes a menudo caminan con palas y hunden varillas de acero en el suelo para detectar el olor de los cuerpos en descomposición durante sus recorridos por lugares donde sospechan que se ubican las fosas.

“Si nosotros no buscamos a nuestros hijos, nadie lo va a hacer”, dijo Pérez Rodríguez.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que la cifra de personas desaparecidas está inflada y que muchos de ellos podrían haber regresado a casa y no se molestaron en notificar a las autoridades. El mandatario ha lanzado una enorme campaña en la que personal militar y civiles poco calificados van puerta por puerta para preguntar a los residentes si sus familiares desaparecidos han regresado, y después cotejar sus nombres con los listados de vacunación.                 

AP

Alrededor de doscientas personas se manifestaron en la Ciudad de México. SUN/D. Simón

LA VOZ DEL EXPERTO

Vivimos en estado de alarma en México 

Jorge Ramírez Plascencia, investigador de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plascencia, México está en un estado de alarma, no sólo ante las poco más de 111 mil personas desaparecidas, sino ante lo que representa la salida de la Comisionada Nacional de Búsqueda, pues existe la posibilidad de que en el marco del levantamiento de un nuevo censo de desapariciones “se esté actuando para desaparecer la cifra de personas de quienes se desconoce su paradero”.

Esto, dijo, pone en doble indefensión a las víctimas y a sus familias, ya que de “recortar” los registros, el sesgo se vuelve más amplio, considerando que existen muchos casos que no se denuncian por diversos factores, como el miedo o las amenazas perpetradas por quienes llevaron a cabo las desapariciones y quienes tienen la información directa de las familias de sus víctimas.

“También porque existen fiscalías en el país que no han entregado los datos reales sobre las desapariciones que ocurren en sus entidades. En el marco de la conmemoración de este día hay que lamentar el estado en el que estamos en este momento, un estado de alarma, aunado al fracaso del Estado en esclarecer la verdad sobre los casos, perseguirlos y sentenciarlos para impartir justicia”, expresó el académico.

Ante ello, dijo, tanto las autoridades estatales como las nacionales deben hacer un reconocimiento de la crisis y abrir la puerta a las autoridades internacionales para solicitar su ayuda, ya que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares son delitos complejos en los cuales hay instancias con mayor experiencia en la materia que podrían apoyar para solventar la crisis.