Itinerario

Ayer domingo el gobierno mexicano anunció su empeño por "elevar a rango constitucional" los derechos humanos. A través de la Secretaría de Gobernación se busca si no la unanimidad, sí la mayoría de los partidos políticos y de los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, con miras a las reformas necesarias a los 1ro y 3ro, entre otros artículos de la Carta Magna.

De concretarse, la diferencia entre lo que vendrá y lo que hoy es, radica en que el Estado, si bien otorga por gracia al ciudadano las garantías individuales, no hace así con sus derechos humanos. Qué paradoja. Los cuales ahora tendrían que ser respetados con gracia o sin ella, sujetándose a las leyes máximas del país o a los acuerdos y convenios internacionales que mejor convengan a quien busque la exigencia del respeto a sus derechos humanos.

Lo anterior cobra una importancia extra en el campo de la cultura. Hace poco menos de una año, el Congreso de la Unión reformó lo reformable para "constitucionalizar la cultura"; es decir, la cultura se volvió, en México, un derecho constitucional, lo cual quiere ser innegable, inobjetable, irreductible.

Ahora la cultura, en el papel, ya es un derecho al que todos los mexicanos tenemos acceso. Y es, por excelencia, un derecho humano. Y los derechos humanos también se están "constitucionalizando". Así que por doble partida, la cultura parece que "retoma" su papel de primera necesidad.

Legislar la cultura guarda su ángulo inútil al mismo tiempo que permite activar los ejes centrales de su desarrollo. Otra vez la paradoja, pero es una realidad muy nuestra. Dentro de este escenario, donde el tema de la cultura se asocia al de los derechos humanos se abre la coyuntura necesaria para que las autoridades reparen y recapaciten en el impacto social que ejerce el ámbito cultural: moldeador de hábitos, impulsor de entretenimiento, reflector de tradiciones, propiciador del sentimiento de pertenencia, entre otros muchos elementos de una ciudadanía participativa, educada y sana.

El tema no es menor; la oportunidad tampoco. La iniciativa del gobierno mexicano está originada en las presiones que recibe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por esa vía es que tanto el derecho a la cultura como ahora los derechos humanos están sobre la plataforma política y de negociación, previa a unas elecciones intermedias.

En Jalisco, coincidentes con esta realidad, la suma de fuerzas puede cambiar el panorama ya empujado desde Ginebra. Y esa es la apuesta.