A pesar de que aún no ha concluido el año, en 2018 las muertes por arma de fuego ya superaron las de todo 2017. Suman mil 374 decesos por esta causa hasta el viernes pasado, en comparación con los mil 074 fallecimientos que se registraron durante 2017 (y que este año fueron superados el 10 de septiembre), según cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).Y mientras eso ocurre, los decomisos de armas de fuego por parte de autoridades federales y estatales en todo el sexenio se han ido a la baja. Durante 2013, el primer año de la administración de Aristóteles Sandoval, se decomisaron mil 632 piezas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía del Estado, pero para 2017 ambas dependencias sólo retiraron 745: la mitad. Lo peor: entre enero y agosto de este año sólo se han decomisado 521.Para el académico de la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), Javier Soto Morales, esta baja en aseguramientos no sólo se relaciona con el alza en muertes por arma de fuego, sino con el incremento de delitos en general que se han cometido en la Entidad y en los que se utilizan estas herramientas para ejercer violencia, lo que representa una “falla” en la estrategia implementada por las autoridades para la prevención del delito. Según explicó, no es sólo patrullar sino generar tácticas que disminuyan el tránsito de armas en las calles.En febrero de 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía previsto establecer en Jalisco diferentes volantas o puntos de revisión con la finalidad de asegurar armas, pero el gobernador Aristóteles Sandoval lo rechazó, al asegurar que se trataba de una práctica “inconstitucional” y en contra de los derechos humanos de las personas.Sin embargo, tras el homicidio de seis policías metropolitanos (cuatro de ellos de la Policía de Guadalajara y dos de la corporación zapopana) el pasado 3 de septiembre en diferentes hechos, el mandatario estatal confirmó que emprendería esa misma estrategia para “reducir el número de armas que están circulando en las calles”.De acuerdo con el académico de la UP, la aplicación de volantas “llegó tarde” y fue obligada por la falta de reconocimiento de los problemas de seguridad que atacan al Estado y a sus ciudadanos, pues si bien el argumento de que las “columnas” de seguridad violentan los derechos humanos en temas como el libre tránsito es válido, la prevención de la seguridad desde la despistolización es “fundamental”, ya que debido al alza en muertes esa libertad ya está limitada.“Una cosa es lo que dice la Constitución y otra es la violencia y la pérdida del valor de la vida que tenemos en las calles”, concluyó.Fuentes: Sedena, Fiscalía del Estado e IJCF (no incluye datos de los municipios metropolitanos).El pasado 27 de agosto, una mujer fue asesinada a balazos por tres hombres que portaban armas de fuego de alto calibre. El hecho ocurrió en la colonia La Esperanza, de Guadalajara, y tras la agresión, elementos de la Comisaría tapatía lograron detener a los responsables cuando intentaban huir a bordo de una camioneta. Al revisarlos les decomisaron un marro, dos armas largas, dos cortas y al menos cuatro cargadores abastecidos.Desde 2015 y hasta agosto pasado, las policías de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá decomisaron dos mil 722 armas de fuego, entre armas cortas, largas, de utilería e incluso hechizas.De esos municipios metropolitanos, Guadalajara es el que más piezas decomisó, con un total de mil 255; después está la Policía de Tlaquepaque, que obtuvo 582, y Zapopan, 457. Tonalá y Tlajomulco ocupan los últimos dos puestos de la ciudad, con 248 y 180 armas recuperadas, respectivamente.De acuerdo con la titular la Unidad de Inteligencia de la Comisaría tapatía, Violeta Castillo, las inspecciones de rutina y las revisiones aleatorias son los servicios en los que más armas de fuego son retitradas de las calles. Las piezas son analizadas y así encuentran si éstas fueron utilizadas en algún otro ilícito.Los homicidios, dijo la funcionaria, se encuentran en el cuarto puesto de las causas por las que se recupera un arma de fuego; ya sea porque se les confiscaron a los presuntos causantes o fueron encontradas en el lugar de la agresión.“Sabemos que los que roban a vehículos, a cuentahabientes, a negocios, y lo hacen con violencia, portan un arma de fuego y lo van a hacer en un vehículo, se van a transportar en una motocicleta o pie tierra. Pero si nosotros, dentro de nuestro patrullaje hacemos revisiones constantes en coordinación con otras autoridades, así evitamos que estas personas lleguen a su destino y cometan un ilícito”, expresó.Por su parte, el comisario de la Policía de Zapopan, Roberto Alarcón Estrada, indicó que el éxito en sus aseguramientos se da durante las revisiones por faltas administrativas, como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alterar el orden o incluso orinar en lugares indebidos.Después están las armas que han sido confiscadas a los detenidos por robo a negocio, robo de vehículos, robo a persona y en quinto lugar por homicidio doloso.De acuerdo con el funcionario, en los últimos años los oficiales zapopanos han decomisado más armas de utilería. Dijo que los delincuentes prefieren este tipo de artefactos para cometer sus crímenes debido a que las penas que enfrentan son menores que al portar una verdadera arma de fuego.Ambos comisarios revelaron que las armas aseguradas a individuos que sólo las portan se entregan a la Fiscalía del Estado, pero si se confiscaron tras la comisión de un delito del fuero común, se convierten en indicio.CLAVESTELÓN DE FONDOEn febrero de 2017, Jalisco ocupaba la segunda posición a nivel nacional en el padrón del Registro Federal de Armas de fuego, según las cifras que en su momento reportó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Entonces eran 94 mil armas cortas y 166 mil largas autorizadas, cifra que sólo superaba entonces la Ciudad de México.Este medio publicó que, según un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en México había 15 millones de armas para esas fechas, y que 85% de ellas no contaba con licencia.Además, siete de cada 10 piezas que habían asegurado las autoridades fueron fabricadas en Estados Unidos, país desde el que los diversos grupos delictivos que operan en México suministran su armamento.El mismo año, la PGR informó que sólo había asegurado tres mil 189 armas cortas, largas y “no especificadas”. La Ciudad de México, Baja California, Guerrero y Michoacán fueron las cinco entidades con más armas aseguradas en la última década.Con un solo impacto, el 1 de mayo de 2015 el cártel Nueva Generación atacó y derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana utilizando un lanzacohetes de fabricación rusa diseñado para destruir tanques, según confirmó el entonces comisionado de seguridad, Monte Alejandro Rubido. La ojiva del armamento alcanzó el motor trasero de la aeronave y sus pilotos lograron aterrizarla antes de que se incendiara por completo, pero los seis militares que viajaban a bordo fallecieron tras el ataque.En distintos videos compartidos a través de las redes sociales, presuntos integrantes de este grupo delictivo “presumen” su armamento, como el video dado a conocer el pasado 30 de julio tras la detención de José Guadalupe, alias “El 15”, en el que se aprecia un convoy integrado por más de 10 camionetas y decenas de individuos armados con fusiles de alto calibre y equipo táctico.Algunos de ellos portan chalecos antibalas con las siglas de la agrupación. Y aunque las autoridades estatales aseguraron que la Policía Cibernética investiga la veracidad de la grabación, hasta el momento no hay información al respecto.Hasta febrero de 2017, la Fiscalía del Estado sólo ha decomisado 246 armas al cártel Nueva Generación; de ellas, 162 fueron armas cortas. La mayoría del armamento fue confiscado en el interior del Estado, en municipios como Amatitán, Atotonilco, Zapotlanejo y Zacoalco de Torres.Para el académico de la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), Javier Soto Morales, la cifra de armas aseguradas a ese grupo es “baja” en comparación con el armamento que mueve a nivel nacional.“Al medir fuerzas vemos que, desde el punto de vista táctico, el que hablemos de 200 y tantas armas en perjuicio de un cártel de esta naturaleza de delincuentes, que pudo derribar un helicóptero… al final de cuentas, para ellos es peccata minuta (de poca importancia)”, expresó.Según el académico, si bien la Fiscalía del Estado está comisionada para garantizar la justicia de la Entidad, es necesario que también implemente y refuerce estrategias que permitan el combate al narcotráfico y se recupere así la seguridad de los ciudadanos, en coordinación con autoridades federales como la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR).Construidas con tubos de metal de diferentes tamaños, soldadas entre sí de manera rústica, resortes e incluso con piezas de diferentes armas de fuego, las armas hechizas han crecido en cantidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a pesar de que sólo Tonalá y Tlajomulco registran bajo este nombre los artefactos decomisados y sólo suman 29 los que han sido confiscados.Según la responsable de la Unidad de Inteligencia de la Comisaría de Guadalajara, Violeta Castillo, en los últimos meses han incrementado los hallazgos de este tipo de armas debido a que éstas no generan evidencias, toda vez que no cuentan con un registro y es más complicado realizar análisis de balística a estos artefactos, en comparación con las armas de fuego comunes.“Las armas confiscadas pasan a diferentes procesos de análisis con los que se pueden determinar si esa arma participó en algún otro ilícito, e incluso si se le dio muerte o se agredió a alguna otra persona con ella”.Según explicó, este tipo de armas proviene de algunos países de Centroamérica, e incluso algunas de ellas tienen una marca, aunque la mayoría son fabricadas en el Estado por personas que tienen habilidades en herrería.“Aproximadamente hace unos cinco años, cuando existían más los temas de las pandillas, muchas veces las encontrábamos desarmadas (las armas hechizas) para pasar desapercibidas durante las revisiones”.Por su parte, el académico de la facultad de Derecho de la UP, Javier Soto, detalló que los criminales que más utilizan estas herramientas son quienes más se ven afectados por el consumo y adicción a las drogas, ya que las usan para conseguir recursos y así mantener sus necesidades.
