La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco informó vía Ley de Transparencia que desde el cambio de administración se emitieron 998 mil 087 fotoinfracciones, de las cuales se han pagado sólo 183 mil 130; es decir, dos de cada 10 (entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019).

Aunque se solicitó una entrevista con la Secretaría, no hubo respuesta. Sin embargo, en días pasados, Juan Partida, titular de Hacienda Pública, indicó que las fotomultas generadas antes del 30 de junio se  pueden pagar hasta el 15 de octubre con rebaja de 50 por ciento.

Aumentan las infracciones por exceder la velocidad

La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad detalla que, en 2018, se aplicaron 923 mil 519 infracciones en Jalisco por exceder el límite de velocidad, a través de los dispositivos de control o radares. Un promedio de dos mil 530 al día.

Sin embargo, tras un comparativo, en los primeros 238 días de este año ya se emitieron 867 mil 161 multas por ese mismo concepto, que representan una media de tres mil 643 al día.

Por otra parte, la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco reporta que, entre el 1 de enero de 2018 y el 12 de septiembre de 2019, la dependencia documenta una recaudación de 585 millones 745 pesos por 1.3 millones de folios de fotomultas pagadas. Precisa que esta información es independiente a la fecha en la que se dieron de alta o se emitieron.

Entre enero y agosto de este año, acumuló 260 millones de recaudación. En ese mismo periodo, la Secretaría reporta que, por el rubro de multas de movilidad y transporte en Jalisco, recibió más de 311 millones de pesos; es decir, que ocho de cada 10 pesos son pagados por los dueños de vehículos que exceden la velocidad y son captados por el sistema de fotomultas.

En mayo pasado, esta casa editorial publicó que, entre enero de 2012 y marzo de 2019, los jaliscienses pagaron tres mil 513 millones de pesos por multas viales. De éstos, dos mil 308 millones corresponden a las infracciones aplicadas a través de los radares por exceder los límites de velocidad permitidos; es decir, siete de cada 10 pesos recaudados por todo tipo de infracciones en materia de vialidad y transporte ingresan por el programa de fotomultas.

Esto representó, por ejemplo, un ingreso superior al presupuesto que tendrán este año el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral del Estado, el Instituto de Transparencia y el Tribunal de Justicia Administrativa, que en conjunto suman cerca de dos mil 200 millones de pesos.

Autoridades anunciaron a principios de año que trabajaban en el nuevo diseño del programa de fotomultas, luego de la puesta en marcha de la Agencia Metropolitana de Infraestructura, que ya se encarga de su operación. Se solicitó una entrevista con la Agencia, quien confirmó que aún no está lista la propuesta.

Mario Silva, titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), detalló que será fundamental mantener el enfoque de seguridad vial, sin darle énfasis en la recaudación.

Muchos folios, pocos pagos

Sandra Gómez se enteró que debía una fotomulta cuando acudió a saldar su refrendo vehicular en febrero de este año. Afirma que, en septiembre de 2018, rebasó los límites de velocidad en la avenida Adolf B. Horn de Tlajomulco, pero nunca recibió una notificación por escrito.

Explica que si saldaba la deuda en la misma semana pagaría sólo 436 pesos, pero sin descuento, la cifra aumentó al doble. Por eso reclama que no le dieron la oportunidad de responder el requerimiento.

Sandra confiesa que cumplió con su pago del refrendo, pero no hizo lo mismo con la fotoinfracción, a la que califica de “injusta” porque tampoco concuerda con la hora del registro ni el lugar. “Miré el fundamento y dice que excedí la velocidad en una zona donde hay escuelas o iglesias, pero no es así. Está bien que regulen la velocidad, pero se presta para que se cometan abusos por parte de la autoridad”.

Vía Transparencia, la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco informa que, desde el cambio de administración, se emitieron 998 mil 087 fotoinfracciones, de las cuales se han pagado 183 mil 130; es decir, aproximadamente dos de cada 10.

Debido a que los ciudadanos han reclamado que las notificaciones de las infracciones llegan con retraso, el Gobierno de Jalisco anunció descuentos al respecto.

En días pasados, Juan Partida Morales, secretario de la Hacienda Pública, indicó que los dueños de vehículos que no pudieron pagar con descuento las fotoinfracciones generadas antes del 30 de junio, tendrán hasta el 15 de octubre de este año para obtener un descuento del 50% en sus multas.

Los ciudadanos pueden realizar el pago en 135 oficinas de recaudación fiscal del Estado, las cuales dan atención de lunes a viernes.

Este medio buscó una entrevista con la Secretaría de Hacienda para conocer las metas económicas al respecto en este año, pero no hubo respuesta a la solicitud.

Otro caso similar es el de Jesús Pérez, quien también asevera que no le han llegado las notificaciones de las multas. Concuerda en que se percató que tenía dos folios en el momento de revisar su refrendo vehicular, por lo que tuvo que pagar con recargos.

Desde ese incidente, Jesús revisa por internet si tiene alguna multa para pagarla lo más pronto posible y aprovechar los descuentos.

“Ya no me confío, siempre es mejor revisar en línea. Las pago en la recaudadora porque allá sí te dan el recibo”.

Ganan la mayoría de las reclamaciones

Vía Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco comparte que recibió 12 mil 071 demandas contra las fotomultas, entre el 1 de enero de 2017 y el 29 de agosto de 2019.

En ese periodo emitió 11 mil 180 sentencias de nulidad, lo que representa un promedio de 9 de cada 10 a favor del quejoso.

De acuerdo con el Tribunal, la nulidad es cuando el magistrado le da la razón al ciudadano. Además, este medio publicó en abril de 2017 que una de cada tres demandas que se presentan ante el Tribunal es por fotoinfracciones.

Al respecto, los dueños de vehículos alegan principalmente el tema de la competencia, la notificación personal y que la autoridad no les dio la oportunidad de defenderse.

Sin embargo, pese a la ventaja que tienen los ciudadanos en las demandas, no todos optan por esta vía. Por ejemplo, Sandra Gómez considera que los hechos que le atribuyen son dudosos. Según la fotoinfracción recibida, circulaba a 73 kilómetros por hora cuando la velocidad permitida era de 60. Explica que una opción fue impugnar la multa, pero no tiene tiempo para llevar a cabo el proceso.

Este año, el costo de la infracción asciende a los 730 pesos.

“Pediría la nulidad porque no me parece justo, además, la ubicación no existe y la hora no concuerda. Yo recuerdo perfecto que me quedé  en un puente porque había mucho tráfico...  y detrás de mí estaba una patrulla.  Por eso creo que fue un agente de vialidad el que me tomó la infracción, pero no lo puedo asegurar”.

El Artículo 76 de la Ley de Justicia Administrativa de Jalisco describe que la sentencia que declare la nulidad de un acto o resolución, “tendrá por objeto nulificar las consecuencias de éste y, en su caso, restituir al particular en el goce del derecho, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que hubiere ocurrido el acto o la resolución impugnada cuando el acto fuera de carácter positivo”. Y cuando sea de carácter negativo, tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable a que subsane las omisiones en las que incurrió.

“La nulidad de la resolución podrá decretarse lisa y llanamente. En este último caso deberá precisar con claridad la forma y los términos en que la autoridad debe cumplir. Cuando la nulidad hubiese sido declarada por causas distintas a los vicios de forma o a la incompetencia de la autoridad, y deba dictarse una nueva resolución, deberá señalarse de manera concreta el sentido de la nueva resolución”, se agrega.

“Las cámaras están en ubicaciones tramposas”

Álvaro Ochoa, quien ha recibido cinco infracciones a través de los radares por exceder los límites de velocidad permitidos, considera que el programa “es tramposo”.

“Soy un detractor porque las cámaras están en ubicaciones tramposas, principalmente en bajadas, donde el carro alcanza a acelerar de manera natural”.

Dice que, por ejemplo, en una ocasión lo infraccionaron por acelerar en el cruce de las avenidas Vallarta y Periférico, donde hay una pendiente. Le ocurrió lo mismo en otra multa por circular en Lázaro Cárdenas. “Se nota que son lugares tramposos, con la intención de recaudar más dinero. No las he considerado porque me da flojera iniciar un proceso en contra en el Tribunal”.

A diferencia de otros ciudadanos, explica que las primeras multas las recibió entre 2013 y 2014, y sí llegaron a su domicilio. Pero la última sanción fue el año pasado, en un desnivel de Mariano Otero que no tenía letreros del programa de fotomultas.

Expone que su estrategia al respecto es revisar continuamente la página de internet de la Secretaría de Transporte para ver si detecta alguna infracción.

Detalla que, cuando los folios llegan en físico, se pueden ver las imágenes con mayor precisión. En cambio, en línea no se puede verificar la fotografía del vehículo.

“En mi caso no están las placas, pero sí coincide con situaciones en las que he estado descuidado. Ya las pagué con descuento y por medio de mi tarjeta de crédito”.

Por su parte, Andrea Fuentes declara que este año la multaron y debe alrededor de 900 pesos, pero la notificación no llegó a su domicilio.

“El problema ya tiene años. Me acaba de pasar porque recién compré mi carro, pero en mi familia hay muchas historias así. Uno piensa que, con el cambio de administración, harán algo, pero todo sigue igual… se nota que lo único que les interesa es recaudar y recaudar”.

Aunque le molesta la situación, la joven dice que aprovechará el periodo de descuentos que dará el Gobierno del Estado, ya que prefiere que su vehículo no genere adeudos. “Pensaba no pagar, pero con los descuentos vale la pena. Ni modo”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Recomiendan audiencias orales

Rubén Jaime Flores Medina (jefe del Laboratorio de investigación jurídica de la UdeG)

Rubén Jaime Flores Medina propone que en el tema de las fotomultas debería existir un mecanismo de citación a una audiencia oral, con el objetivo de que el proceso sea justo para los  ciudadanos.

“Las cédulas violentan el derecho a una debida audiencia y defensa. Dan por hecho que un ojo eléctrico verifica el acto... pero no estamos en un mundo de máquinas. Deben ser oídos como conductores”.

Además, se debería reformar la Ley de Movilidad para precisar que la notificación debe entregarse de forma personal y al dueño del vehículo.

“Una cédula de infracción, fundada y motivada, no solamente es decir todas las características del vehículo, sino cerciorarse de que es el dueño y bajo qué condiciones se tomó la fotografía”.

Recuerda que existe una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que el plazo del pago para la multa inicia a partir de que surte efecto la notificación de la cédula.

Menciona que, actualmente, la fecha de notificación es incierta para muchos dueños de vehículos, lo que infringe la garantía de legalidad.

“En principio, esas fotoinfracciones están mal porque violentan los Artículos 14 y 16 de la Constitución porque no cumplen con las motivaciones. Que la autoridad obligara a firmar de recibidos, o con testigos que admitan que es el domicilio correcto. Lo más importante es que parta de una fecha cierta”.

GUÍA

Descuentos y cambios

• Este medio publicó que, entre 2013 y 2018, se aplicaron 5.5 millones de fotoinfracciones contra los conductores que excedieron los límites de velocidad en las vías de mayor siniestralidad de la metrópoli. Del total,  1.6 millones seguían pendientes de pago. Sin embargo, de las 3.9 millones de multas que sí fueron pagadas hasta octubre de 2018, dos millones se saldaron gracias a los descuentos aplicados por la autoridad.
• Además, durante la administración pasada se aplicaron diferentes estrategias para que los dueños de vehículos se pusieran al corriente en el pago, con descuentos de entre 25% y 70 por ciento. Los plazos también se modificaron debido a las quejas con relación a que las notificaciones llegaban una vez que vencía el periodo para pagar con descuento.
• A mediados de la pasada administración, el programa comenzó a generar polémica. Los contratos con la empresa Autotraffic, responsable de su operación, fueron cuestionados por las modificaciones que se autorizaron para la compra de más equipamiento y el incremento en el porcentaje que ésta cobraba por cada fotomulta emitida, que alcanzó hasta 40 por ciento.
• Por eso las autoridades estatales se comprometieron a que la implementación del programa sería transparente y, para ello, se creó el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, responsable del manejo de los recursos recaudados por las fotoinfracciones.
• A la fecha no se ha presentado el nuevo plan.

Ejercen 285.3 MDP en fideicomiso

En 2018 se constituyó el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, que maneja los recursos recaudados a través de las fotomultas.

Vía Transparencia, la Secretaría de Transporte informa que desde entonces se han ejercido 285.3 millones de pesos (MDP).

El objetivo es que el recurso se destine para acciones de seguridad vial y movilidad sustentable, pero los recursos se han dirigido también para otros fines.

Por ejemplo, en la primera sesión del fideicomiso se autorizó un monto de 73.1 millones de pesos para la liquidación de la empresa Autotraffic (que era la anterior concesionaria de las fotomultas) y se ejecutaron 9.8 millones por el concepto de pago al personal.

En apoyo para las unidades de la ruta empresa se destinaron 42 millones  de pesos, así como otros 8.6 millones en el subsidio al sistema de recaudo. Por “señalización vertical y horizontal” se erogaron 52.3 millones de pesos, aunque no se detalla más al respecto.

En la cuarta sesión del fideicomiso se autorizaron 22.4 millones en folderas electrónicas. También se destinaron 4.9 millones al programa de deschatarrización del transporte público.

En la octava y última sesión se aprobaron 5.4 millones de pesos para el pago a personal, 2.8 millones para la impresión y distribución de las cédulas de notificación, entre otros conceptos.

CLAVES

Queda iniciativa en el papel

Propuesta. En mayo pasado, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Érika García Pérez, presentó una iniciativa para establecer una “socio-infracción” en el tema de fotomultas. La idea es que la sanción consista en hacer una actividad de trabajo en favor de la comunidad, que entre otras cosas tenga como efecto la educación vial del infractor como un mecanismo real, “que logre que el conductor modifique su conducta y observe los límites de velocidad al conducir”.

Pendiente. Sin embargo, la propuesta sigue sin dictaminarse en la Comisión de Movilidad y Transporte, presidida por el diputado Jonadab Martínez, del Partido Movimiento Ciudadano (MC). “La verdad no veo voluntad política, me dice Jonadab Martínez que no lo ven viable porque le quitan un ingreso que el Gobierno está percibiendo. ¿A dónde se va todo el dinero que recaudan? No lo hemos visto en algún mejoramiento de la ciudad”, cuestiona la legisladora.

Plan. García Pérez subraya que el objetivo de su propuesta es que los automovilistas cumplan con trabajo comunitario o una capacitación presencial sobre educación vial, en lugar de dar dinero. La penalización económica solamente aplicaría en caso de reincidencia por tercera ocasión. El costo sería entre 844 y dos mil 534 pesos.

Opacidad. La diputada local agrega que han detectado la falta de transparencia en el uso de los recursos por parte del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial. “¿Qué beneficio se obtiene de esto? Creemos que es mejor una ayuda a la comunidad, que seguir sancionando por cuestiones que ni siquiera los ciudadanos van a pagar. Morena siempre se ha sumado a las causas sociales, entonces vamos a estar en favor de los jaliscienses”.

En la Ciudad de México aplican trabajo comunitario

En la Ciudad de México se aplica el programa “Fotocívicas” para los automovilistas que superan los límites de velocidad. El programa obliga a que el ciudadano infractor tome cursos de seguridad vial o realice servicio comunitario, en lugar de pagar un monto económico.

El cambio ocurrió luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se pondría fin al negocio de las fotomultas, al que calificó como recaudatorio y corrupto.

Se indicó que la estrategia estaría basada en educación, por medio de cursos en línea; sensibilización, a través de “Biciescuela” para infractores, así como responsabilidad, mediante servicio en favor de la comunidad.

El programa otorga 10 puntos a cada matrícula o vehículo. Y con cada infracción se van perdiendo puntos que marcan el tipo de sanción cívica que recibe el conductor.

Durante la presentación del proyecto, las autoridades consideraron que, aunque en otras ciudades los radares de control de velocidad han demostrado ser una herramienta positiva para la prevención, su implementación en la Ciudad de México presentaba problemas de opacidad y falta de evaluación. Por ese motivo se reubicaron cámaras y radares en vialidades de alta siniestralidad.

En días pasados, Sheinbaum precisó que en cinco meses de la operación de las “Fotocívicas” se redujeron en 31% los incidentes de tránsito en los cruceros más peligrosos. “Las fotomultas eran un abuso, tenían el objetivo de recaudar. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, los ciudadanos han cumplido 106 horas de trabajo comunitario en lugares como el Metrobús. Incluso, algunos capitalinos han quitado chicles del Centro Histórico.

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