La Fiscalía General del Estado confirma sus acciones contra elementos que han reprobado las pruebas de control y confianza: de los 683 expedientes de agentes operativos y ministeriales que no pasaron los cinco exámenes correspondientes, 486 están en proceso de ser dados de baja; sin embargo, alrededor de 437 promovieron juicios de amparo para evitar que fueran despedidos. Esto significa que nueve de cada 10 elementos que deben abandonar la Fiscalía impugnaron los resultados de las pruebas estipuladas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.Lo anterior lo confirma el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, quien explica que deben agotarse los juicios para conocer en cuál situación quedarán esos servidores públicos.Mientras la encuesta “Qué piensa la Policía 2017”, elaborada por la organización Causa Común, revela que el 56% de los agentes entrevistados respondió que estas evaluaciones han servido para dar de baja de forma errónea a “buenos elementos”, sólo 34.1% considera que las pruebas sí permiten depurar las corporaciones de los “malos elementos”.El fiscal general destaca las acciones que realiza la dependencia para depurar a los malos agentes y contar con el personal más confiable y capacitado. Por eso subraya que en la presente administración también han despedido a 136 servidores públicos por estar relacionados en actos de corrupción.Sánchez Jiménez precisa que son “contundentes” contra los que incurren en irregularidades. Y ejemplifica con las detenciones que se dieron por el caso de un ex agente del Ministerio Público que desapareció en junio pasado presuntamente por su participación en la investigación del asesinato del ex secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez. En este hecho habría participado un elemento de la Policía Investigadora, quien está detenido y vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada. “En esta Fiscalía no permitiré un acto de corrupción y menos de impunidad”.Por otra parte, ante el incremento en los delitos del fuero común, principalmente asesinatos y robos, el fiscal general acentúa que se requieren más de mil nuevas plazas para atender las exigencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El problema es que, desde que entró en vigor en todo el Estado, prácticamente la Fiscalía sigue con el mismo personal.Lo anterior se refleja en que Jalisco cuenta con 4.5 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de siete agentes por cada 100 mil habitantes.De los 683 expedientes de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE) contra elementos que no aprobaron los exámenes de control y confianza, 486 se mantienen en proceso. De estos últimos, el 90% (437) promovió juicios de amparo para evitar que fueran despedidos.Los agentes presentaron los recursos legales para exigir ser evaluados de nuevo o evitar el cese. A la fecha, sólo 31 elementos han sido separados de su cargo.El fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, destaca que la estadística comprende el periodo de la actual administración (de 2013 a la fecha). Esto significa que los 437 elementos pueden permanecer en la corporación hasta en tanto no se resuelva su situación de fondo.En febrero pasado, el director del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, Víctor Hugo Gutiérrez, reconoció que desconocen cuántos policías han sido despedidos o separados de su cargo, pues sólo emiten opiniones técnicas de los resultados de las evaluaciones y son las autoridades estatales y municipales quienes deciden cuál es el proceso para que éstos continúen o no.Debido a que los elementos pueden reprobar por diversas causas, ya sea por la carga de trabajo o problemas personales, a principios del año, el gobernador Aristóteles Sandoval envío una iniciativa al Congreso para que los policías puedan solicitar una segunda revisión a través de los titulares del área en la que laboran. Además, solicitó que la periodicidad para presentar los exámenes se amplié de dos a tres años. La propuesta fue aprobada en comisiones, pero se encuentra pendiente de pasar al pleno.Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 30 de junio pasado, en Jalisco se registra un 95% de avance en la evaluación y control de confianza de todas las corporaciones de seguridad, de un universo superior a los 21 mil elementos. En resumen, el 12% de los poco más de cinco mil policías estatales que ya fueron evaluados, no aprobaron. El mismo porcentaje de los más de mil 900 servidores públicos del área de procuración de justicia también reprobaron. De los dos mil 70 elementos de reinserción social que fueron evaluados, 144 no aprobaron.Finalmente, de los más de 11 mil policías municipales que realizaron las pruebas, el 15% no pasó.De 2013 al primer semestre de 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta que han sido despedidos 136 servidores públicos por estar relacionados en actos de corrupción; es decir, en lo que va de la administración han sido dados de baja un promedio de 23 elementos por año por pérdida de confianza.El titular de la dependencia, Raúl Sánchez Jiménez, asegura que son contundentes contra los servidores públicos que incurren en irregularidades. Explica que la depuración de los malos elementos que forman parte de las áreas de seguridad es permanente, no sólo de la estatal, sino también de las corporaciones municipales.Como ejemplo de estas acciones, recuerda las detenciones que se dieron por el caso del ex agente del Ministerio Público, César Eduardo García, quien desapareció en junio pasado presuntamente por su participación en la investigación del asesinato del ex secretario de Turismo, José de Jesús Gallego Álvarez, lo que habría molestado a la delincuencia organizada. En este hecho habría participado un elemento de la Policía Investigadora, quien está detenido y vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.“En esta Fiscalía no permitiré un acto de corrupción y menos de impunidad. Y está este caso… todo mundo me decía: ‘Pero es un comandante’. Pero quien sea, vamos por él. Aquí debemos de ser contundentes, los actos de corrupción no pueden estar ni deben estar, manchan la integridad de la Fiscalía, manchan la integridad de un Gobierno y manchan a una ciudadanía”.Además de elementos estatales, el fiscal remarca que ha detenido también a policías municipales que han participado en actos similares.Como parte del trabajo en lo que va de la administración para combatir la corrupción en las corporaciones municipales, acentúa las intervenciones que se han realizado en algunos Ayuntamientos donde se presume que las Policías están coludidas con el crimen organizado.El primer desarme se llevó a cabo en diciembre de 2014, cuando la Fiscalía intervino las Policías de Cocula y Casimiro Castillo. La Fuerza Única Regional se quedó a cargo de la seguridad de ambos municipios.Tras recibir denuncias de los habitantes de Villa Purificación y Unión de Tula contra oficiales y altos mandos de las corporaciones, en mayo de 2015 se llevó a cabo el segundo desarme, aunque dos semanas después fueron liberados.Prácticamente un año después, en junio de 2015, se ordenó el desarme de las Policías de Jilotlán de los Dolores y Pihuamo, ante la presunción de que las estaban vinculadas al crimen organizado.En diciembre de 2016, la Fiscalía se hizo cargo de nuevo de la seguridad del municipio de Cocula, luego de que se presumiera vínculos con el crimen. Alrededor de 100 oficiales fueron puestos bajo investigación.Dos meses después se aplicó una investigación de la corporación de Tlajomulco, a petición del alcalde Alberto Uribe, tras confirmarse que dos elementos municipales participaron en un “levantón” y doble homicidio. Un total de 90 elementos fueron desarmados.En marzo pasado fue desarmada la Policía de Tlaquepaque ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado.En lo que va de la administración estatal han sido intervenidas 14 Policías. Los elementos han sido internados en el Instituto de Formación y Profesionalización para recibir capacitación mientras se llevan a cabo las investigaciones, “se concentran en capacitaciones, en ver cuáles son las mayores deficiencias que presentan para darles fortaleza”.En la encuesta “Qué piensa la Policía 2017”, desarrollada por la organización Causa Común, el 35% de los elementos de Jalisco entrevistados consideró que no hay corrupción en su corporación. Sin embargo, un 29% dijo que sí y el resto respondió no tener conocimiento sobre este tipo de actos.El 48.1% contestó que la corrupción se presenta en mayor medida en los mandos altos y medios, mientras que estas prácticas se darían en menor medida en los policías operativos.Debido a la falta de personal que reclama la Fiscalía, el gobernador Aristóteles Sandoval turnó al Congreso de Jalisco una iniciativa para crear 170 nuevas plazas, que se destinarán a la Fiscalía, esto a menos de cuatro meses de que concluya la actual administración.En la propuesta se detalla que los nuevos espacios serían destinados para contratar 50 agentes del Ministerio Público, 50 secretarios, 50 actuarios y 20 policías investigadores.El titular del Ejecutivo estatal pide además autorizar la transferencia presupuestal para contratar 10 peritos psicológicos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), aunque estas plazas ya estaban contempladas en el presupuesto anual.En la exposición de motivos de la iniciativa se plantea que esto permitirá mejorar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y fortalecer al Ministerio Público, pues sobre éste recae la investigación de los delitos y la tarea de tutelar por los intereses de la sociedad.Se añade que, con este tipo de medidas, pretenden reducir la impunidad, mejorar la imparcialidad, transparencia y eficiencia en la procuración de justicia.Para cubrir las percepciones del nuevo personal que se solicita para la Fiscalía se calcula que se requiere una bolsa de alrededor de 33 millones de pesos, mientras que al Instituto se le asignarían 2.1 millones para el pago de los nuevos peritos.Los recursos para cubrir los sueldos por lo que resta del año saldrían de la partida presupuestal 1611, denominada Impacto al salario; es decir, las contrataciones no requerirían de fondos adicionales a los ya presupuestados para este año.La iniciativa llegó al Congreso desde el pasado 10 de julio y está pendiente de votarse en la Comisión de Hacienda, que deberá dictaminarla para que luego se discuta en el pleno del Poder Legislativo.Para trabajar de manera óptima en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se requieren alrededor de mil plazas más, ya que Jalisco lo puso en marcha sin contratar a más personal, como sí ocurrió en otros Estados, señala el fiscal general.Comenta que, de acuerdo con un proyecto elaborado por uno de los fiscales anteriores, se señalaba de estos mil espacios: al menos 300 deberían ser para el Ministerio Público, sobre todo si se toma en cuenta el rezago que se tiene: Jalisco cuenta con 4.5 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional, que es superior a los siete elementos por cada 100 mil habitantes.Explica que en la Entidad se cuenta con 19 juzgados de oralidad para los cuales no se tiene el personal suficiente, “yo nada más tengo 15 agentes. Para los jueces de oralidad yo debería tener un agente del MP para cada juzgado, pero no lo alcanzo. Ahí se andan brincando. Mínimo debería tener dos por juzgado, porque no nada más veo un asunto, sino en un día se tienen varias diligencias”.Agrega que el trabajo de la Fiscalía se ha incrementado, ya que también se crearon nuevas áreas como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Fiscalía Electoral, pero con personal que ya laboraba en la dependencia.Por ello, Raúl Jiménez Sánchez considera que es urgente que el Congreso apruebe la iniciativa del gobernador en la que solicitó una ampliación de personal para la Fiscalía que, aunque es menor a la requerida, permitirá mejoras en el trabajo.TELÓN DE FONDOAunque las estadísticas no son favorables en la implementación de Nuevo Sistema de Justicia Penal en Jalisco, el titular de la Fiscalía destaca que se han tenido avances importantes y se está trabajando para corregir las deficiencias. Debido a que apenas se tienen dos años de la puesta en marcha del nuevo sistema, declara que el reto de la próxima administración estatal será consolidarlo.Esto, con la finalidad de reducir los índices delictivos, la impunidad y la corrupción.“Si nos aliamos municipios, Poder Judicial y Fiscalía, vamos a actuar en conjunto en favor de la sociedad, pero ocupamos a la sociedad de nuestro lado”.El fiscal reconoce que todos los involucrados en la implementación del sistema acusatorio se han equivocado, “ni puedo decir que el policía municipal, ni puedo decir que el juez, ni puedo decir que el MP... Lo que estamos buscando es reconocer cómo nos estamos equivocando para que ya no se den esos errores”.Como parte de los ajustes que se realizan para mejorar la implementación del sistema se encuentra el laboratorio de análisis de casos, el cual arrojó que el principal problema se presenta en el trabajo del primer respondiente, lo que ha provocado que más de 50% de las detenciones sea ilegal.Actualmente se trabaja en simplificar el llenado del Informe Policial Homologado, el cual será validado por el Poder Judicial para evitar más fallas en los procesos. A esto se suman las capacitaciones que se brindan al personal.A la fecha se han impartido 12 cursos especializados a más de cuatro mil servidores públicos. Además, se lleva a cabo una nueva capacitación a cargo de los jueces de oralidad, que son quienes conocen las fallas que se presentan, “eso demuestra que no sólo estamos preocupados, sino ocupados en la solución de los problemas”.Por ley, todos los agentes del Ministerio Público y de investigación deben contar con licenciatura, pero cuando inició la administración había elementos de la Policía estatal que no tenían ni siquiera la primaria concluida. En estos seis años, 63 elementos han concluido la primaria, mil 100 la secundaria y mil 400 la preparatoria.La Fiscalía trabaja también en la certificación de las 120 personas que se encuentra en el área de mediación, “la capacitación y sensibilización del funcionario es lo que nos va a llevar a buen puerto en la solución de los problemas. Si el funcionario está capacitado y está sensibilizado para servir, vamos a tener efectividad”.Seis meses después de lo proyectado, la estrategia de seguridad “Escudo Urbano C5” comenzará a operar en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). A partir de septiembre, el sistema de monitoreo inteligente permitirá que las corporaciones tengan mayor coordinación y arrojará resultados inmediatos, asegura el fiscal general.A la fecha se han instalado más de cuatro mil cámaras, de un total de cinco mil 400 que comprende el proyecto. Aunque la mayoría ya están instaladas, algunas no se encuentran programadas.Una vez que funcione el sistema se mejorará la efectividad en la localización, persecución y detención de los responsables de cualquier hecho delictivo en la zona metropolitana, pues contarán con lecturas de placas, reconocimiento facial y detectores de arma de fuego.Cuestionado con relación a si alguna asociación se ha inconformado por el reconocimiento facial que se implementará con este proyecto, el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, remarca que sólo serán monitoreados los sospechosos de algún acto delictivo.“No va a buscar al azar, es un sistema tecnológico que le das la información y entre miles la empieza, ahora sí como las películas de acción, empieza a hacer el filtrado. No es que te esté siguiendo”.Comenta que lo mismo sucederá con la búsqueda de placas de un vehículo, “por ejemplo, en plaza Cordilleras (donde recientemente fue asesinado un joven al interior de un café), hay cámaras y se ubicaron los vehículos, las placas, y de inmediato los subes al sistema. En toda la ciudad habrá arcos, lectores de placas. La subes al sistema y te dirá en dónde va”.Para lograr que se dé la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad dentro del C5, que estará a cargo de la Fiscalía, habrá elementos de todos los municipios metropolitanos.El fiscal añade que ya propuso que en el sistema se contemple también a personas que realicen la lectura de labios. Esto, con el objetivo de investigar, pero también prevenir hechos delictivos. GUÍAAcciones para implementación del centro de comunicación:La plataforma incluirá:El soporte consta de:Tecnología complementaria:196 sensores para el monitoreo de personas y/o vehículos en entornos urbanos.Fuente: Gobierno de Jalisco. El fiscal general afirma que no se ocultan las cifras de los desaparecidos ni de otros delitos que se presentan en la Entidad. Por ello, la información se encuentra actualizada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.“Jalisco es el único Estado que ha registrado todos sus índices delictivos. Toma de frente el problema y lo dice de frente, porque si no vemos la problemática que tenemos, no podemos encontrar la solución”.De enero a agosto de este año, los delitos de alto impacto han aumentado en un 16% con respecto al mismo periodo de 2017. Del total, ocho delitos han ido a la alza y sólo tres han logrado reducirse.De acuerdo con las carpetas de investigación, el delito de extorsión aumentó en 49%, al pasar de 328 a 490; el de feminicidio se elevó en 75%, al pasar de 12 a 21; el de homicidio doloso aumentó en 44%, ya que mientras en los primeros ocho meses de 2017 se habían registrado 729, en lo que va de este año se reportan mil 054. El robo a negocio es otro de los delitos que se ha disparado en un 40%, al pasar de dos mil 852 a tres mil 993 en el mismo periodo.El corte de 2018 es al 26 de agosto, por lo que el comparativo aún podría presentar variaciones en los delitos que van a la baja.Con relación a los desaparecidos, al mes de abril de este año, la Fiscalía reporta cuatro mil 106 casos, mientras que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) documenta tres mil 338.* Enero-junio.Sigue: #DebateInformador¿Qué calificación le otorga al trabajo de la Fiscalía del Estado en esta administración?Participa en Twitter en el debate del día @informador
