Jueves, 02 de Diciembre 2021
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Jalisco

Alistan llegada de polémicos al Congreso local

Ocupan curules funcionarios señalados por tráfico de influencias y agresiones

El Informador

En la próxima Legislatura de Jalisco volverán personajes relacionados con anomalías. El expanista José María Martínez, ahora de Morena, será diputado por tercera vez, tras ser señalado de beneficiarse del reparto de cuotas en el Poder Judicial. Recientemente fue acusado de presuntas irregularidades en el trámite de su jubilación por 108 mil pesos al mes.

El priista Hugo Contreras regresa. Él enfrentó cuestionamientos por contrataciones en el Congreso y hace poco fue involucrado en una supuesta agresión física en Michoacán.

El emecista Fernando Martínez Guerrero, ganador en el Distrito 18, recibió una sentencia por violencia de género en 2019.

Claudia Gabriela Salas, de MC, enfrentó un proceso ante la Contraloría tapatía por influyentismo al apoyar la celebración del matrimonio de una de sus colaboradoras en la Presidencia municipal. Salió librada del proceso.  

Érika Ramírez, del Verde, fue diputada en la 61 Legislatura y recibió base en la nómina del Congreso, pero fue señalada por cobrar sin asistir regularmente al área asignada. Ella también libró el señalamiento.

Congreso de Jalisco es el tercero más caro del país

El Congreso del Estado volvió a ubicarse como el tercero más costoso del país y presenta atraso en la asignación de cargos importantes a mujeres, advierte el informe Legislativo elaborado por El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Con un presupuesto asignado de 773 millones de pesos,  el gasto estatal es de los más altos, sólo detrás de lo que ejercen los Legislativos de la Ciudad de México y del Estado de México. Destaca que casi nueve de cada 10 pesos se destinan al pago del personal y las prestaciones.  

El  IMCO detalla que el gasto anual destinado a cada congresista  jalisciense es de  20 millones 329 mil pesos, en promedio. 

En este año, el Poder Legislativo de la Ciudad de México fue el que más presupuesto se designó de todo el país, con dos mil 143 millones de pesos, mientras que el Congreso de Colima fue el de menor presupuesto, con 153 millones de pesos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad subraya que la importancia de vigilar a los Congresos estatales radica en que no sólo se encargan de redactar o desechar leyes, sino que también tienen la responsabilidad de aprobar y modificar los presupuestos estatales,  auditar el destino de los recursos públicos y sancionar a quienes excedan los límites presupuestales. 

Además, realizan los nombramientos en los cargos de interés público verificando que sean los perfiles adecuados, como jueces o magistrados.

“Los Congresos estatales que no son vigilados por las y los ciudadanos pueden ignorar sus responsabilidades y volverse cómplices de malas administraciones”, advierte el informe. 

Añade que hay falta de paridad en el Congreso jalisciense,  no sólo en la distribución de las curules, con 22 ocupadas por hombres y 16 mujeres. Y  en siete puestos directivos solamente tres son ocupados por mujeres. 

El organismo también analizó la situación de las auditorías locales y los órganos de fiscalización, por lo que señala como un riesgo la falta de autonomía presupuestal y de los procesos de selección competitivos de las y los auditores estatales. “Deja vulnerables a las auditorías a presiones presupuestarias por parte de las mayorías en el Congreso, o bien, las hace cómplices del Ejecutivo”.

Los pendientes

  • Ley de Designaciones Públicas del Estado.
  • Reforma para dar autonomía a la Fiscalía del Estado. 
  • Nueva Ley estatal de víctimas. 
  • Modificaciones a  la Ley del Instituto de Pensiones del Estado para mejorar sus finanzas. 
  • Cambios al Código Civil para armonizarlo con la resolución de la Suprema Corte sobre el matrimonio igualitario.  
  • La actualización de los límites territoriales entre los municipios. 
  • Evadieron conformar las comisiones para dar seguimiento al uso de los créditos contratados por el Gobierno de Jalisco.

Concluyen con retrocesos

La actual Legislatura de Jalisco, que termina el último día de octubre, rechazó ser un contrapeso y deja un retroceso en la apertura y la participación de los ciudadanos, coincidieron integrantes de organizaciones civiles. 

Para Cecilia Díaz Romo, del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, los diputados salientes quedan a deber en su labor. Consideró que tuvieron un mal desempeño y dejan temas inconclusos. 

“Fue una Legislatura que dejó mucho que desear. No atendieron su mandato de ser representantes populares y no velar sólo por lo que una o dos personas digan.  Debieron atender las demandas ciudadanas y no las cuestiones de los partidos. En el diálogo y la apertura a los ciudadanos resultó muy frustrante porque hubo mucha simulación y sólo discursos, pero a la hora de las acciones poca congruencia entre el discurso y los hechos reales”.

La activista  lamentó que en el paquete de reformas al Sistema Estatal Anticorrupción quedaron asuntos importantes pendientes, como una Ley de designaciones públicas. 

Alberto Bayardo, del Observatorio Legislativo, advirtió por los retrocesos en la apertura y la transparencia del Poder Legislativo. Afirmó que el pasado nombramiento de tres integrantes del Consejo de la Judicatura, violando los términos de la convocatoria, marcó a la Legislatura que concluye. 

“Faltó una apertura real y para trabajar en colaboración con los ciudadanos, desafortunadamente nos enfrentamos a un Legislativo que dio marcha atrás en lo poco que se había avanzado en términos de dar espacios reales en la toma de decisiones a la ciudadanía.  Y  volvimos a ver casos donde cerraron las puertas para que la población no pudiera entrar”.

Lamentó los ataques al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción y consideró que, en general, el Congreso actuó como ventanilla de trámites de las iniciativas que mandó el gobernador, aprobando todas sin cambios. 

Como un ejercicio positivo refirió la colaboración con organizaciones de la sociedad civil en el análisis de las leyes sobre desaparecidos.

De la expectativa que genera la nueva Legislatura, los activistas esperan que se frene el retroceso. 

Respecto a que habrá mayoría de diputadas, expusieron que no implica que será mejor, pero plantearon que la visión femenina podría aportar otra perspectiva en la discusión de los temas. 

El reparto de cuotas en el Poder Judicial fue lo más criticado de la actual Legislatura. ESPECIAL

Presumen las finanzas “sanas”

Aunque mantiene una nómina que ronda los mil trabajadores, el secretario general del Congreso, Salvador Rodríguez Reyes, informó que dejarán alrededor de 75 millones de pesos en las cuentas bancarias del Legislativo de Jalisco, que son  fondos adicionales a la ministración mensual que reciben del subsidio estatal.

“Vamos a cerrar bien, no habrá ningún problema para el cierre de Legislatura ni del año fiscal. Dejaremos unos 75 millones de pesos en las cuentas bancarias y esos fondos son adicionales a lo que se recibe de la ministración del subsidio estatal ordinariamente”.

Rodríguez Reyes detalló que en la mesa de la entrega-recepción, que instalaron hace unos días, presentarán a los próximos diputados locales los detalles del estado actual de la administración del Congreso, con los pormenores de todos sus bienes materiales y humanos.

El funcionario negó que preparen una entrega de plazas a personal. Refirió que las bases que se han dado en los últimos tres años fueron producto de los procesos judiciales de las  personas que demandaron. 

“En esta Legislatura no habrá basificaciones. Si alguien lo quiere hacer tendrá que ser como los procesos que hemos llevado, que son por mandato judicial. Nada más”.

Respecto al personal supernumerario o de confianza, explicó que en la segunda quincena de octubre comenzarán con el proceso de entrega de los finiquitos y que el último día del mes concluyen todos sus contratos.

TELÓN DE FONDO

Perfilan una histórica mayoría de mujeres

La siguiente Legislatura de Jalisco tendrá una conformación histórica, pues por primera vez habrá mayoría de mujeres ocupando los escaños. En total, 24 mujeres y 14 hombres ocuparán las curules. 

El Partido Movimiento Ciudadano tendrá 16 espacios en total, todos de mayoría relativa. 

Morena contará con ocho representantes (tres de mayoría y cinco plurinominales). El PAN, con cinco espacios, que corresponden al distrito que ganó y cuatro plurinominales. 

Aunque no ganó ningún distrito, el PRI tendrá cinco legisladores plurinominales. Hagamos contará con dos, mientras Futuro y el Partido Verde con uno, respectivamente.

La integración del Legislativo puede tener variaciones, pues hay procesos de impugnación abiertos ante tribunales electorales.

Movimiento Ciudadano tendrá en su bancada 11 mujeres, habrá tres legisladoras priistas y dos del PAN. Aportan una legisladora los partidos Hagamos, Futuro y Verde. 

En la elección de diputaciones, el Partido Movimiento Ciudadano fue el más votado con 971 mil 372 sufragios; Morena sumó 629 mil 592 votos; el PAN tuvo 373 mil; el PRI registró 368 mil 138; Hagamos reportó 140 mil 637; Futuro alcanzó 122 mil 618;  el Partido Verde sumó 93 mil 632; Encuentro Solidario llegó con 45 mil 763; el Partido del Trabajo, con 43 mil 992;  Fuerza por México, con 39 mil 288;  el PRD sumó 22 mil 73 votos; Redes Sociales Progresistas, con 21 mil 72 votos; así como Somos, con ocho mil 162. 

Los votos nulos fueron 67 mil 568. Hubo una votación total de dos millones 948 mil personas.

Los escándalos

Enero de  2019. Entre manifestaciones de feministas, el pleno del Congreso avaló la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres,  propuesta por el gobernador. Aplicaron un  “albazo”  y  convocaron de última hora  a  sesión extraordinaria para tocar el tema. 

Marzo de 2019. Con 31 votos a favor y siete en contra, diputados autorizaron al gobernador contratar un crédito de cinco mil 250 millones y renegociar los 32 créditos vigentes, de la deuda pública directa estatal, que ascendía a  19 mil 791 millones de pesos.

Octubre de 2019. Saltándose medidas de austeridad, los diputados locales usaron los fondos que tenían para  actividades en sus comisiones en la compra de artículos como carnes frías, pan  y arreglos florales. Pagaron boletos de avión y alquiler de salones para realizar foros.

Febrero de 2020. Los legisladores aumentaron los recursos para contratar a su personal de confianza.  Se autorizaron una bolsa de 184 mil 967 pesos mensuales, cuando en la Legislatura pasada eran 134 mil 439 pesos para  cinco trabajadores. 

Mayo de 2020. El Congreso estatal avaló la “deuda copeteada” solicitada por el gobernador,  con la justificación de atender la pandemia y la reactivación económica. Aprobaron el endeudamiento hasta por seis mil 200 millones de pesos pagadero a 20 años. La  petición avanzó con dos mil 600 millones de pesos, que quedaron sin etiquetar en proyectos. 

Junio de  2020. Luego de invalidar el examen teórico para elegir a los mejores perfiles y entre el reparto de las cuotas partidistas, el Legislativo designó a Claudia Rivera Maytorena, Tatiana Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz como nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura,  espacios repartidos entre los partidos de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). 

Diciembre de 2020. En medio de acusaciones por el reparto de cuotas, se aprobó la designación de ocho magistrados  del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Entre los seleccionados figuraron Adrián Talamantes Lobato, consejero jurídico del gobernador, y Bogar Salazar Loza, cuñado del diputado panista Gustavo Macías.

Febrero de 2021. El  Congreso estatal rechazó los dictámenes que planteaban fincar cargos a cuentas públicas. En el caso de Zapopan le quitaron 3.8 millones de observaciones, en Tonalá fueron 94.3 millones y en El Salto más de 9.8 millones de pesos. Los tres correspondientes a gastos de los ejercidos en  2016. 

Julio de 2021. Legisladores  activaron de nuevo la “lavadora” de cuentas públicas. En esta ocasión libraron de señalamientos a exfuncionarios de la pasada administración estatal. Retiraron observaciones por 6.1 millones. 

Agosto de  2021. Con una carta firmada por diputados de Movimiento Ciudadano y aliados, legisladores solicitaron al Gobierno estatal recortar 140 millones aprobados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. El diputado, Daniel Robles de León negó  un trasfondo político y justificó la petición  porque fue solicitada por ciudadanos de su distrito.  

Septiembre de 2021. En medio del conflicto entre el Gobierno estatal y la UdeG, legisladores rechazaron la ratificación de Adrián Joaquín Miranda como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y emitieron una  convocatoria  para  nombrar una nueva magistrada. 

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