Uno de los principales problemas que enfrentan los albergues de Jalisco que atienden a menores, adultos mayores, indígenas, migrantes, mujeres, adictos, personas en situación de calle, con trastornos mentales y enfermedades incurables, es la falta de seguridad en sus instalaciones.De acuerdo con el último Censo de Alojamientos de Asistencia Social del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de los 395 espacios de este tipo que hay en el Estado (de los cuales se encargan, en su mayoría, las asociaciones civiles), 228 no cuentan con este servicio.Al respecto, Ricardo Fletes, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destacó que en su mayoría estos inmuebles incumplen la ley.“Falta un programa de apoyo económico para que los albergues cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad. La Ley de Albergues ha sido un problema, pues han cerrado sitios como MAMA A.C. porque no tenían cortinas retardantes de fuego o salidas de emergencia. No cumplían con todos los requisitos”, dijo el jefe del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).Sin embargo, esta no es la única falla que afrontan en materia de seguridad. La evaluación resaltó que 50 espacios no tienen salidas de emergencia, 53 carecen de letreros con señalizaciones de evacuación o zonas de seguridad y 146 adolecen de alarma de emergencia.En su evaluación, el Inegi reveló que en estos lugares se brinda atención a 10 mil 396 personas. Un ejemplo de las carencias es la Unidad Asistencial para Personas Indigentes (UAPI).El Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) informó a este medio que si bien reciben el apoyo de voluntarios para esa Unidad, sólo hay 64 trabajadores de planta en tres turnos y es necesario incrementar el personal para atender mejor a 265 residentes.Además, la institución añadió que, para brindar un servicio más adecuado, se requiere de al menos 50 millones de pesos al año: el doble del presupuesto con el que opera actualmente la UAPI.El Artículo 2 de la Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco señala que el Gobierno del Estado y las administraciones municipales son las responsables de garantizar que la prestación de servicios en esos sitios sea de calidad, igualdad, con calidez y con la protección adecuada para el bienestar y la seguridad de los residentes.También estipula que deben contar con el personal capacitado y suficiente y promover el ejercicio pleno de los derechos de los internados.Luego de deambular por la ciudad y sufrir abuso mientras vivía en situación de calle, María de Lourdes, de 55 años, llegó a la Unidad Asistencial para Personas Indigentes (UAPI). Allí estudió la primaria y la secundaria. Actualmente ayuda en la cocina. Sirve alimentos, pela papas y chayotes. “Salí a la calle hace seis años, pero aquí volví a vivir”.Sin embargo, este tipo de casos no se replica en los espacios que brindan apoyo a menores, adultos mayores, indígenas, migrantes, mujeres, adictos, personas en situación de calle, con trastornos mentales y enfermedades incurables.De acuerdo con el último Censo de Alojamientos de Asistencia Social del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de los cuatro mil 517 albergues en el país para atender a estos sectores de la población, dos mil 890 (63%) no cuentan con servicios educativos, dos mil 069 (45%) carecen de talleres de manualidades y oficios, y dos mil 540 (56%) no disponen de apoyo jurídico o en derechos humanos.Otro ejemplo es el de Héctor. Artesano de 76 años, comenta que las personas que llegan a los albergues necesitan un proceso de recuperación en el que se debe contemplar que se ocupen en algo. “Porque el individuo que lo dejan que esté recostado o sin hacer nada empieza a deprimirse. Necesitamos un ala de producción que se venda a los visitantes para que ese dinero sirva para ir a comprar aunque sea un pan”.El pasado 26 de octubre, este medio de comunicación publicó que según Silvia Zuno, encargada de Atención Humanitaria del DIF Guadalajara, en el Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia o de Calle (Cadipsi), una vez que los residentes consiguen un trabajo, algunos de ellos reúnen suficiente dinero para pagar la renta de una vivienda y retirarse del lugar, en donde comen y duermen.La Secretaría de Salud de Jalisco no ha llevado a cabo campañas focalizadas para atender la salud mental de las personas en situación de calle e indigencia. Sin embargo, Víctor Hugo Ramírez, subdirector del Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada, afirma que se debe construir una política integral en el Estado. Una política pública con recursos para acercarles el medicamento.Otro pendiente que tienen los albergues en el Estado es que no están equipados para atender a personas con discapacidad.Según el Censo de Alojamientos de Asistencia Social del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de los 395 espacios para menores, adultos mayores, indígenas, migrantes, mujeres, adictos, personas en situación de calle, con trastornos mentales y enfermedades incurables, 185 no cuentan con rampa para silla de ruedas, 229 no tienen tazas de baño con adaptaciones para este sector de la población y 241 no disponen de regaderas especiales. El jefe del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) refirió que para mejorar la atención en los albergues en la Entidad hace falta elaborar un presupuesto específico destinado a la atención que incluya un programa para que las instancias puedan realizar donaciones. También indicó que es importante llevar un control estadístico sobre los ingresos y egresos. “Si tú vas a cualquiera de los albergues te das cuenta que deben trabajar en los aspectos de servicios. Falta jabón, limpiar los baños o cambiar con más frecuencia las sábanas donde duermen”, dijo.“Otras asociaciones no cumplen con extinguidores, salidas de emergencia. Siempre durmiendo en colchones de hule espuma y deben ser retardantes al fuego. Necesitamos una ley que les ayude a tener condiciones propicias a las asociaciones civiles. Al Estado le conviene que haya otras instancias donde pueda mandar más personas”.De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) es la instancia responsable de vigilar el cumplimiento de la normativa. En caso de que en la inspección se observen irregularidades, deberá dar aviso a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) para que imponga las sanciones correspondientes.Durante la noche del miércoles 24 de octubre y la madrugada del jueves 25, trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara invitaron a 58 personas en situación de calle a los albergues municipales.Sin embargo, a pesar de que se documentaron asesinatos de indigentes desde el 18 de octubre, a los cuales les estrellaban piedras en el cráneo, sólo 13 aceptaron el traslado: 12 descansaron en el albergue “Mamá Lupita”, ubicado en Avenida República 284, y uno de ellos llegó al Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia o de Calle (Cadipsi).El rechazo a la ayuda es común. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) indicó que de las mil 270 personas que hasta finales del mes pasado logró contactar su Unidad Asistencial para Personas Indigentes (UAPI), apenas 1.6% quiso el apoyo que se le ofreció.De acuerdo con la directora del DIF Guadalajara, Elizabeth García, resulta complicado atender a estos habitantes pues algunos enfrentan problemas de salud mental y su decisión de permanecer en la vía pública no tiene que ver sólo con escasez de recursos, falta de vivienda o redes familiares.Ricardo Fletes, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destacó que ante esta situación de inseguridad las autoridades deben implementar un programa permanente en el que se involucren educadores y promotores sociales que se ganen su confianza para que puedan llevarlos a los albergues.María de Lourdes llegó hace cinco años a la Unidad Asistencial para Personas Indigentes (UAPI), luego de sufrir abuso en las calles. Proveniente de Guerrero, la mujer de 55 años cuenta que arribó a Guadalajara para buscar a sus hijos, pero ellos no la recibieron en sus casas. Así, comenzó a buscar un sitio para vivir y terminó en la vía pública.“Vivía refugiada en un baldío, tenía días sin comer y sin tomar agua. Me acerqué a una señora para pedirle si me daba trabajo porque yo sé lavar, planchar, cocinar, y me dijo que me esperara. Cuando me asomé a su casa me echó gas en los ojos. Recuerdo que no podía ver, lloraba, gritaba, nadie me ayudaba”.Dice que cuando pudo abrir los ojos de nuevo se devolvió al baldío, en donde se sentía más segura. Sin embargo, después una vecina le llamó a la Policía y se la llevaron esposada.Luego de que la dejaron cerca de unas vías del tren, caminó hasta que se encontró en el Centro tapatío a dos personas vestidas de blanco. Les pidió ayuda y la llevaron a las instalaciones de la UAPI, en donde actualmente colabora.“Aquí en la unidad siento a mis compañeros como una familia, me dieron estudios. Estudié la primaria y la secundaria. Salí con nueve de promedio. Ayudo en la cocina, sirvo los alimentos de todos, pelo las papas, los chayotes, sirvo agua. Me siento a gusto. Salí a la calle hace seis años, pero aquí volví a vivir”.
