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Viernes, 20 de Julio 2018

Suplementos

Silencio y simulación

¿Descalificar a un periodista, activista o medio de comunicación supone un atentado a la libertad de expresión?
 

Por: Enrique Toussaint

La libertad de expresión en México es un bien público infravalorado. O, mejor dicho, elogiado en el discurso, pero poco defendido en la práctica. EL INFORMADOR/ J. López

La libertad de expresión en México es un bien público infravalorado. O, mejor dicho, elogiado en el discurso, pero poco defendido en la práctica. EL INFORMADOR/ J. López

La democracia es el régimen del disenso. Una democracia sana protege al indignado, al quejoso, al contrariado. No es el sistema de los satisfechos. Se construyen instituciones pensando en garantizar que el ciudadano pueda oponerse y su voz ser escuchada. Hay quien enfatiza que la democracia supone acuerdos. Es cierto, la política reclama acuerdos; pero la democracia se finca en el desacuerdo. Si pensáramos igual, no habría que garantizarle el derecho ni a proteger a ningún disidente. Y la columna vertebral del disenso es la libertad de manifestación de las ideas, que comúnmente llamamos: libertad de expresión.

La libertad de expresión en México es un bien público infravalorado. O, mejor dicho, elogiado en el discurso, pero poco defendido en la práctica. El autoritarismo mexicano se fincó sobre la base de la antipolítica y la desmovilización de la ciudadanía. El disidente era enlodado con toda la maquinaria del partidazo. Si te manifestabas, eras un holgazán y un vago. No reclames tus derechos, no te metas en política: los y las mexicanas de buena reputación se dedican al hogar y a la vida privada. El viejo régimen privatizó la vida pública, la acaparó para unos cuantos, y sus consecuencias las percibimos hasta el día de hoy.

De la misma forma, y como cualquier régimen autoritario, el Priato instauró la tiranía del silencio y la simulación. Ambos unidos para hacernos creer que vivíamos en una democracia, en donde los ciudadanos, los periodistas y los activistas podían decir lo que pensaban. Sin embargo, mientras los presidentes se llenaban la boca citando a la Revolución, la democracia o la justicia social, detrás controlaban todo para evitar que las prácticas que les permitían eternizarse en el poder no se supieran. El periodismo pasó a ser visto como un gremio más, al que había que cortejar de vez en cuando con recursos económicos, con información calculada y con acceso al palacio. Siempre hubo periodistas que se opusieron a ese régimen del silencio y la simulación, pero el control de los medios no era muy distinto al que se ejercía sobre otras corporaciones.

La libertad de prensa y de expresión volvió al centro del debate por el conflicto en redes sociales entre el destacado columnista y académico Jesús Silva Herzog Márquez y Andrés Manuel López Obrador. Y, por un intercambio de posturas entre el periodista Álvaro Delgado y Ricardo Anaya tras la publicación en Proceso de un reportaje que acusaba al panista de triangular fondos a través de una Fundación en Querétaro. Y la pregunta que quedó en el aire es: ¿atenta contra la libertad de expresión que un político o gobernante manifieste públicamente que está en contra de la opinión de un articulista o periodista? ¿es un atentado contra la libertad de expresión que un político descalifique la publicación de un reportaje o la línea editorial de un medio de comunicación?

Considero que todo lo contrario. La principal afrenta contra la libertad de expresión y el ejercicio público de las ideas, es todo aquello que implica la secrecía y el silencio. México es uno de los países más peligrosos para defender y manifestar públicamente las ideas. Seas analista, articulista, manifestante, activista o académico, en nuestro país se sigue matando por defender activamente unas determinadas ideas o tener la valentía para hacer público un hecho que quiere ser ocultado. Más de 40 periodistas y activistas han sido asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Reclamar públicamente a un periodista o descalificarlo no atenta contra la libertad de expresión. Por el contrario, ensancha los canales de información y el debate público, haciendo de la divergencia un debate abierto. Coloca al disenso en el centro de la discusión pública, y no en el cortejo privado del poder. Los problemas entre un periodista o activista y un político no se resuelven en una comida privada, sino en la arena que es innata a su función: la pública. Lo que atenta contra la libertad de expresión no es que López Obrador descalifique a Silva Herzog llamándolo “falso liberal” o que Anaya diga que el reportaje de Proceso es parte de la “guerra sucia” del PRI. No, lo que atenta contra la libertad de expresión son las presiones para sacar del aire a analistas y periodistas críticos con el poder; utilizar la chequera del Gobierno, los recursos públicos que provienen de los impuestos, para moldear el mercado de medios a favor de tal o cual político; pedir cabezas o presionar para remover a plumas incómodas. Si la libertad de expresión es el vehículo del disenso, no representa ninguna amenaza que dicho desacuerdo se manifieste públicamente. El debate político no es una tardecita de té, sino una arena en donde hay ofensas, insultos y descalificaciones. Lo vemos en las democracias más avanzadas: la ropa sucia se lava en público.

El caso de Estados Unidos es significativo: Donald Trump ha hecho todo lo que está en sus manos para descalificar a los periódicos más creíbles de su país y, sin embargo, la reacción de la ciudadanía ha sido comprar cada vez más suscripciones de los medios que descalifica el presidente. Eso habla de una ciudadanía que valora la libertad de expresión.

La mayor amenaza contra la libertad de expresión en México es el narcotráfico, pero después esa cantidad increíble de recursos públicos que se gastan algunos gobiernos para silenciar a la prensa. No es casualidad que en el sexenio de mayor transferencia de recursos públicos del Gobierno Federal a medios de comunicación y periodistas, los dos conductores de radio más exitosos de la mañana hayan tenido que dejar su espacio: Carmen Aristegui y Pedro Ferriz.

No hay democracia sin libertad de expresión. La posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya o Enrique Peña Nieto sean líderes autoritarios no depende de la redacción de sus tuits o lo amables que se portan con los periodistas. La libertad de expresión depende del aprecio y la capacidad de la sociedad para proteger el disenso público como la columna vertebral de la democracia. La fortaleza de los contrapesos y los guardianes de la democracia son: las protestas, los medios de comunicación, la autonomía de las universidades, el tejido de organizaciones sociales y el rol de los empresarios. Los gobiernos, por naturaleza, siempre intentarán controlar la información. En realidad, la libertad de expresión depende más del compromiso de la ciudadanía con cuidarla, ensancharla y garantizarla, que con las actitudes públicas que pueda tomar un político. Proteger la libertad de expresión -y de conciencia y pensamiento- es ir borrando los espacios del silencio y la simulación. 

YR

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