Un análisis realizado por el Senado de la República señaló que el aumento de las denuncias por despojo en México, particularmente en la Ciudad de México, representa una de las mayores amenazas para el patrimonio de miles de familias. El estudio destaca que la falta de capacidad de las autoridades para frenar este delito ha permitido que la problemática se expanda y permanezca sin control en diversas regiones del país.Asimismo, advierte que un número creciente de ciudadanos está siendo despojado de viviendas, terrenos y otros bienes inmuebles, sin que las instituciones responsables de salvaguardar el patrimonio familiar hayan logrado implementar respuestas eficaces para proteger sus derechos y propiedades.El informe de la bancada del PRI que presentará un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México alertó que el fenómeno ha alcanzado dimensiones preocupantes y que las cifras reflejan una grave crisis de procuración e impartición de justicia."Tan sólo en la Ciudad de México se acumularon más de 25 mil denuncias por despojo entre 2020 y abril de 2026, mientras que apenas se reportaron 463 detenciones relacionadas con este delito. Los datos revelan una realidad alarmante: la impunidad supera el 98 por ciento de los casos denunciados".Manuel Añorve, coordinador del PRI explicó que uno de los casos más emblemáticos es el de República de Cuba 11 y 12, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. A casi un año del desalojo de más de 70 personas, las familias afectadas continúan exigiendo justicia y una solución definitiva.El conflicto se ha convertido en símbolo de una problemática que se repite en distintos puntos de la capital: denuncias, procesos legales interminables y víctimas que pasan meses o incluso años esperando una respuesta institucional.Además del impacto sobre quienes perdieron sus hogares, el caso ha provocado afectaciones económicas y sociales en una de las zonas más importantes de la ciudad. Comercios afectados, disminución de la actividad económica, deterioro urbano y una creciente percepción de inseguridad forman parte de las consecuencias de un conflicto que permanece sin resolver.Para los legisladores, estas cifras demuestran que el problema dejó de ser un conjunto de casos aislados para convertirse en un fenómeno estructural que afecta a miles de ciudadanos. La pérdida del patrimonio familiar, la invasión de inmuebles, los litigios prolongados y la falta de resultados judiciales han generado una creciente percepción de indefensión entre quienes recurren a las autoridades en busca de protección.KR
