El periodista Raymundo Riva Palacio cuestionó severamente el discurso anticorrupción de la actual administración, señalando que la falta de investigaciones hacia funcionarios implicados en incrementos patrimoniales no explicados y conflictos de interés pone a prueba la bandera ética del movimiento oficialista.En su más reciente columna de opinión, el analista expuso los expedientes del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; el titular de Birmex, Carlos Ulloa; y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.De acuerdo con el análisis de Riva Palacio, las finanzas personales de ambos funcionarios han generado severas dudas sobre el origen de sus recursos y el cumplimiento de la ley antilavado. En el caso de Octavio Romero Oropeza, exdirector de Pemex y actual titular del Infonavit, el periodista destaca que revisiones a su declaración patrimonial revelaron una fortuna superior a los 47 millones de pesos, además de siete millones en cuentas bancarias e inmuebles adquiridos al contado.Por su parte, Carlos Ulloa, director de Birmex y colaborador cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue exhibido por la compra al contado de dos departamentos valuados en más de 22 millones de pesos entre 2020 y 2023, desembolsos que justificó como resultado de sus ahorros y una herencia familiar.Al respecto, Riva Palacio enfatiza que la inconsistencia patrimonial exige una aclaración expedita ante las autoridades: “La corrupción no comienza necesariamente cuando se les dicta sentencia, sino cuando un funcionario no puede explicar convincentemente por qué su patrimonio, sus negocios, sus contratos o su nivel de vida son compatibles con sus ingresos”. El articulista cuestionó además la inacción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para verificar si los pagos en efectivo respetaron los marcos legales.El periodista detalló el caso de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a quien señala por abordar en al menos 97 ocasiones aeronaves privadas, en su mayoría propiedad de la empresa Seguritech. Esta compañía ha sido beneficiada durante su gestión con contratos públicos que oscilan entre los 2,870 y los 5,000 millones de pesos.Riva Palacio advierte que la situación de la mandataria estatal va más allá de una simple explicación pública: “Esto constituye un claro conflicto de interés, que aparece como delito en el Código Penal Federal, y una falta administrativa grave que se sanciona con suspensión, destitución, inhabilitación temporal para un empleo público o penas económicas”.Para Riva Palacio, la postura del Ejecutivo federal frente a estos señalamientos refleja una tendencia a proteger a los perfiles cercanos en lugar de ordenar indagatorias formales mediante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.El comunicador concluye que evitar los procesos de fiscalización debilita la legitimidad del proyecto político: “Un partido puede descubrir corrupción dentro de sus filas y demostrar fortaleza institucional investigándola, sancionándola y haciendo públicos los resultados. O puede proteger a los suyos. La primera opción construye partido. La segunda, complicidades, porque una cosa es combatir la corrupción y otra muy distinta es administrar los escándalos”.Con información de Raymundo Riva Palacio*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
