Este lunes 07 de septiembre del 2026, se reportó que, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló los activos de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Rubén Rocha Moya, desatando un sismo político que sacude a Sinaloa.La contundente medida preventiva, enmarcada en el acuerdo 326/2026 emitido desde mayo pasado, busca frenar el presunto uso del sistema financiero en operaciones con recursos de procedencia irregular. Ricardo Velarde Cárdenas, conocido como "El Pity", se encuentra en el centro de una compleja investigación federal. Esta acción ha paralizado su flujo de capital, afectando su patrimonio, el de sus allegados y sus múltiples negocios en la costa del Pacífico.El congelamiento bancario no se limitó al exfuncionario que formó parte del gabinete sinaloense. La dependencia federal, adscrita a la Secretaría de Hacienda, también inmovilizó los recursos de su principal socio comercial, el empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo. Ambos comparten una extensa red de negocios enfocada en el sector turístico, restaurantero y de la construcción en la ciudad de Mazatlán.Además de las personas físicas, el bloqueo institucional impacta a por lo menos seis empresas formalmente vinculadas a ambos socios. Entre las sociedades mercantiles que hoy enfrentan esta severa parálisis se encuentran Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz y Operadora de Bares Veliz. Estas entidades gestionan establecimientos de entretenimiento y ambiciosos proyectos, como torres departamentales en el malecón, que ahora quedan en la incertidumbre. Ante la inminente asfixia económica que representa aparecer en la lista de personas bloqueadas, el exsecretario de Economía y su socio intentaron blindarse legalmente. El pasado 25 de agosto de 2026, sus equipos jurídicos promovieron juicios de amparo buscando una suspensión provisional. Su objetivo era obligar a las instituciones bancarias a reactivar sus operaciones mientras se resolvía el fondo de las acusaciones.Sin embargo, la estrategia jurídica sufrió un duro revés este mismo lunes. El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para abordar el caso. Como resultado de este fallo, el expediente fue remitido a los juzgados federales de Mazatlán, prolongando la agonía legal de los involucrados. La ascendente trayectoria política de Velarde en el gobierno de Rubén Rocha Moya tuvo un final abrupto en octubre de 2025. Su renuncia a la Secretaría de Economía ocurrió en medio de una asfixiante presión mediática tras la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela. El joven duranguense fue visto por última vez en el bar "Terraza Valentinos", establecimiento de la Zona Dorada del cual el exfuncionario es copropietario.Este oscuro episodio marcó un punto de inflexión definitivo en su carrera pública. Velarde pasó de ser una figura clave en la promoción turística a convertirse en el blanco de severas investigaciones federales. Hoy, el implacable cerco de la UIF representa el capítulo más reciente de una profunda crisis que entrelaza el poder político regional, los negocios nocturnos y las operaciones financieras bajo sospecha.JM
