Inés Gómez Mont, la exconductora de televisión, seguirá detenida en Miami, Estados Unidos, luego de que el juez Jeffrey Kuntz, del Distrito Sur de Florida, le haya rechazado el amparo solicitado. La información ha sido reportada por medios de circulación nacional.Gómez Mont permanecerá en el centro de procesamiento para migrantes en Pompano Beach, donde está bajo arresto migratorio desde el pasado 30 de octubre.Kuntz, según medios, negó la petición de habeas corpus (conocido como una especie de amparo en México), promovida por la exconductora desde el pasado 31 de octubre, tras considerarla no procedente y a través de la cual buscaba recuperar su libertad tras ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).El juez señaló que la exconductora debía gestionar la libertad bajo fianza ante un juez migratorio.Se tiene conocimiento de que Gómez Mont buscaba evitar un traslado a otro centro de detención debido a que, aseguró, una de sus hijas recibe tratamiento médico.La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, declaró que la expresentadora de televisión cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por delincuencia organizada, "lavado" de dinero y defraudación fiscal equiparada, libradas por jueces federales mexicanos.En un mensaje transmitido en redes sociales, Ernestina Godoy dijo que, de determinarse su deportación, la fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México.Gómez Mont goza de la presunción de inocencia; serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad.Explicó que una orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Mientras que las otras dos órdenes fueron giradas a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) por defraudación fiscal equiparada.Ahondó en que estas conductas son graves y el esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de dos mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los Centros Penitenciarios Federales, recursos que son destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF
