Jueves, 02 de Abril 2026
México | Desaparecidos

Rechazan informe de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas

En el comunicado se asevera que el "Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas", como sí lo hizo, dicta, en administraciones pasadas

Por: Fabián Flores

El Gobierno de México reiteró que se mantiene abierto a la cooperación internacional para prevenir y erradicar la desapación forzada. SUN / ARCHIVO

El Gobierno de México reiteró que se mantiene abierto a la cooperación internacional para prevenir y erradicar la desapación forzada. SUN / ARCHIVO

Las secretarías de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y de Relaciones Exteriores, hoy al mando de Roberto Velasco tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron algunos dichos en el informe del Comité de Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que, aseguran, se omiten "los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo" sobre las herramientas y obligaciones implementadas por el Gobierno de México para erradicar las desapariciones forzadas en el país.

"El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo", se lee en el comunicado.

 Comunicado conjunto de Gobernación-Relaciones Exteriores. ESPECIAL
Comunicado conjunto de Gobernación-Relaciones Exteriores. ESPECIAL

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¿Qué dice el informe de la CED sobre las acciones del Gobierno de México?

El informe de la CED, que fue rechazado de manera diplomática por el Gobierno de México, señala que la nación concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país del mundo y, pese a ello, registró un repunte significativo en los últimos meses.

El documento, además —y contrario a los datos, cifras y acciones detalladas por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum— habla sobre fallas estructurales graves en la búsqueda y protección de víctimas y sus familias.

El informe señala que el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 % del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.

Este incremento llevó a la organización a pedir que la ONU publique la versión completa del informe para transparentar las cifras y advertir sobre el deterioro de la situación.

La ONG subrayó que el mecanismo, concebido como un recurso humanitario excepcional para localizar a personas desaparecidas de manera urgente, se ha vuelto "recurrente y estructural" en México.

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Fallas reiteradas en las acciones de México contra la desaparición forzada

Aunque el CED reconoció que el Gobierno de México responde formalmente dentro de los plazos establecidos, señaló fallas continuas en la implementación, entre ellas:

  • La ausencia de planes integrales de búsqueda
  • Demoras en diligencias esenciales, como el análisis de videovigilancia y telefonía
  • Investigaciones insuficientes de la posible participación de agentes estatales
  • Una protección inadecuada para familiares y personas buscadoras

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno de México para la ONU?

El Gobierno de México tildó de "parcial y sesgada" la información emitida por la ONU en el informe. Lamentó que el organismo internacional no haya estudiado las actualizaciones en las medidas para la prevención y atención de la desaparición forzada en el país.

"Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas", dicta el comunicado conjunto.

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Luego de esto, se declara que el Gobierno de México "no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas" y resalta que la actual Administración ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este delito, ante lo que presentó las "[h]erramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente":

  • La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
  • La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte
  • La Base Nacional de Carpetas de Investigación
  • La Plataforma Única de Identidad
  • La obligación de fiscalías especializadas estatales
  • El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
  • El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipoç
  • La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación
  • La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR (Fiscalía General de la República)
  • La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda

Por último, el Gobierno de México reiteró que se mantiene abierto a la cooperación internacional en esta materia, "pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual", aseveró.

Con información de EFE.

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