Una compleja red dedicada presuntamente al contrabando de hidrocarburos, conocida como huachicol fiscal, permitió el ingreso y distribución ilegal de combustible en distintos estados de México, de acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).El titular de la Fiscalía explicó que las indagatorias comenzaron a partir de una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, ante el fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que se expusieron posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval. Las investigaciones posteriormente condujeron al aseguramiento de 10 millones de litros de diésel que se encontraban dentro de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas.Sin embargo, según la Fiscalía, el decomiso permitió descubrir una estructura mucho más amplia.De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía, Manuel Roberto "N" y Fernando “N”, identificados como “los primos”, habrían tenido un papel relevante dentro de la organización.La investigación señala que la estructura contaba con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos que ingresaban ilegalmente al país.Parte de la operación presuntamente consistía en hacer pasar el combustible como aceite o aditivo, con el objetivo de modificar su tratamiento fiscal y evitar el pago correspondiente.Los buques partían principalmente de Texas con cargamentos de hidrocarburo y posteriormente arribaban a puertos mexicanos, donde presuntamente intervenían servidores públicos y agentes aduanales.La FGR sostiene que integrantes de la red habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.En particular, la investigación señala a Manuel Roberto N como una persona que presuntamente gestionaba directamente algunos de esos nombramientos y promociones.Según la Fiscalía, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos por cada embarque que permitían ingresar.Las inspecciones, cuando se realizaban, habrían sido manipuladas mediante muestreos superficiales, aprobación de volúmenes alterados o maniobras para permitir que el combustible abandonara las instalaciones aduaneras sin una revisión adecuada.La estructura presuntamente contaba con mecanismos para evitar que quedaran registros de las operaciones.De acuerdo con las indagatorias, se establecían calendarios de arribo entre los integrantes de la red y, en determinados momentos, se desactivaban cámaras de vigilancia para impedir que quedara constancia de las descargas del combustible.De esta manera, el esquema habría involucrado distintas etapas: desde el traslado del hidrocarburo hasta su ingreso a territorio mexicano y posterior distribución.Durante un cateo realizado en una bodega que Manuel Roberto N presuntamente arrendaba en la Ciudad de México, las autoridades encontraron diversos objetos que forman parte de las investigaciones.Entre los hallazgos mencionados por la Fiscalía se encuentran objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentación clasificada como reservada y confidencial.También fueron localizadas armas que, de acuerdo con la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.Estos elementos forman parte de los datos de prueba que actualmente son valorados por el Poder Judicial.Una vez que el hidrocarburo llegaba a tierra, presuntamente era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas.Sin embargo, detrás de ellas habría funcionado una estructura de empresas fachada y operaciones financieras destinadas a otorgar una apariencia legal a los recursos obtenidos mediante la venta del combustible.La Fiscalía describió el esquema como un ciclo que involucraba buques cargados, registros presuntamente manipulados, personal aduanal coludido, revisiones simuladas y operaciones para dar apariencia legítima al dinero.Las autoridades identificaron operaciones presuntamente relacionadas con esta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.Como parte de las indagatorias, los investigadores siguieron el rastro de accionistas, apoderados legales y personas vinculadas con las diferentes etapas de la cadena de importación, almacenamiento y distribución.La Fiscalía señaló que existen datos de prueba que apuntan a la participación de Manuel Roberto N, Fernando N y otros presuntos integrantes de la estructura.El titular de la FGR sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y puede provocar desvíos de recursos públicos.También hizo una precisión respecto a la participación de funcionarios: señaló que una institución no debe considerarse corrupta por los actos de algunos de sus integrantes y afirmó que la responsabilidad por las conductas ilícitas es individual.En ese sentido, destacó que el actual secretario de Marina, almirante Raimundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones.“Quien usa un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”, sostuvo.La Fiscalía afirmó que continuará con las investigaciones y con la comunicación de avances sobre el caso, mientras los datos de prueba son analizados por las autoridades judiciales. 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