El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación de oficio por las presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.Durante la comparecencia de Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, el legislador pidió investigar a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y sostuvo que debe enfrentar consecuencias penales.“La señora Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, deben de fincarse la responsabilidad administrativa y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas de los grupos y de las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”, declaró.Ramírez Cuéllar también propuso abrir un “maxiproceso” para desarticular lo que calificó como un “cártel electoral”, al considerar que las posibles irregularidades en las contrataciones se remontan a distintas administraciones del organismo.“El país necesita un maxiproceso”, afirmó. Además, pidió que el anterior titular del OIC y el exauditor superior de la Federación expliquen cómo se desarrolló lo que describió como un sistema de intermediación y presuntas complicidades en la contratación de materiales electorales.El diputado advirtió que, ante las elecciones de 2027, resulta necesario esclarecer los señalamientos y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los recursos públicos destinados a las autoridades electorales. Sostuvo que las indagatorias recientes muestran “indicios suficientes para actuar con contundencia y mucha profundidad”, por lo que llamó a la Cámara de Diputados a intensificar las acciones contra la corrupción y la impunidad.También describió la situación como un “sistema estructuralmente corrompido” que, según sus señalamientos, afecta tanto al INE como a los organismos electorales de distintas entidades federativas.En ese contexto, propuso sostener reuniones con la titular de la autoridad federal de competencia económica para revisar posibles acuerdos entre empresas proveedoras y contratistas, así como determinar si existieron prácticas contrarias a la libre competencia.Asimismo, solicitó llamar a comparecer a representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante la sospecha de posibles esquemas de facturación falsa y operaciones simuladas vinculadas con las contrataciones.“Lo que estamos viendo es una red tupida de complicidades en materia de facturación falsa y también de operaciones simuladas”, expresó el legislador, quien consideró que estas prácticas comprometerían la transparencia y la eficiencia de los organismos electorales.Por su parte, Carvente Contreras explicó que el OIC mantiene abiertas investigaciones relacionadas con contrataciones realizadas durante la administración de Taddei y precisó que cinco expedientes ya avanzaron a la etapa de procedimientos de responsabilidades administrativas.Agencias El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, señaló que las presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales se remontan a 2014 y abarcan distintas administraciones del organismo.Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, informó que existen 18 expedientes abiertos: 13 en investigación y cinco en procedimientos de responsabilidades administrativas.El funcionario aclaró que los hallazgos todavía son preliminares y que no existen resoluciones definitivas sobre las posibles conductas irregulares.Explicó que las investigaciones abarcan contratos otorgados entre 2014 y 2025 a cinco empresas presuntamente vinculadas, mediante representantes legales o socios, con personas cercanas a funcionarios electorales.Las compañías identificadas son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que primero debe realizarse una auditoría al Instituto Nacional Electoral (INE) y, posteriormente, determinar si existen elementos para presentar denuncias penales por las presuntas irregularidades en la asignación de contratos.La Mandataria fue cuestionada sobre la petición del consejero electoral Arturo Castillo de imponer prisión preventiva a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, así como sobre el paradero de la exfuncionaria.Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen elementos para proceder legalmente. “No sé quién pidió la, pero pues ¿quién define eso? La Fiscalía, ¿no? Pero lo primero que tiene que haber es una auditoría”, respondió.Explicó que, si la revisión detecta posibles conductas delictivas, los resultados deberán presentarse ante la Fiscalía General de la República. CT
