La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles. La propuesta establece que el aumento anual de las rentas no podrá superar el índice inflacionario reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) e introduce un marco de sanciones para quienes violen esta disposición.De aprobarse la legislación, las personas arrendatarias y arrendadoras tendrán derechos y obligaciones específicos. Entre las obligaciones para los propietarios destaca "que el incremento anual en el precio de la renta, con independencia del cambio de arrendatario, no sobrepase el incremento inflacionario reportado por el Inegi para el año inmediato anterior".En caso de incumplimiento por parte de quienes fijen cobros superiores a los permitidos por la ley, se contempla una multa que va de 100 a 400 veces las Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.La iniciativa precisa el procedimiento que podrán seguir las personas arrendatarias en caso de recibir una propuesta de renovación con montos no autorizados. Al término del contrato, si la persona que renta fija una suma que exceda el aumento permitido, la persona inquilina podrá optar por pagar la suma correspondiente a la última renta pactada más el porcentaje de inflación reportado por el Inegi, ya sea por la vía pactada en el contrato o mediante consignación ante un juzgado.Bajo este supuesto, la iniciativa detalla que estará "entendiéndose a partir de ese momento que el contrato queda prorrogado por un plazo adicional de un año, en relación con el pactado" en un inicio.Asimismo, la normativa contempla mecanismos de restitución para los arrendatarios afectados: "En todo caso, la persona arrendataria podrá exigir la devolución de cantidades pagadas como renta que exceda el aumento anual permitido en esta Ley, con independencia de las sanciones administrativas que puedan imponerse a la persona arrendadora", señala el texto oficial.Entre los nuevos requisitos formales, los dueños de inmuebles deberán fijar un precio único de renta —con excepción de las cuotas de mantenimiento o servicios pactados previamente— e inscribir el contrato en el nuevo Registro Digital de Contratos de Arrendamiento Habitacional, el cual estará a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Dicho registro incluirá el nombre de las partes, ubicación y superficie del inmueble, precio de la renta, monto del depósito, tipo de garantía y plazo. La entrega de la constancia de registro al inquilino será obligatoria.Para la vigilancia de estas medidas, la propuesta crea la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias de la Ciudad de México como una unidad administrativa adscrita a la Procuraduría Social. Este organismo se encargará de brindar asesoría, aplicar sanciones y verificar que entre un contrato y otro no se viole el límite establecido de aumento a la renta.Finalmente, la ley contempla la creación del Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, encabezado por el Secretario de Gobierno. Esta instancia identificará casos de riesgo social, humanitario o de vulnerabilidad vinculados a procedimientos de desalojo, coordinando acciones institucionales con el fin de procurar una vía de conciliación previa a la ejecución de cualquier desalojo.Con información de SUN*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
