La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, reabre directamente las heridas del caso Ayotzinapa. Acusado de ordenar la destrucción de grabaciones clave sobre la desaparición de los 43 normalistas, su captura representa el avance judicial más relevante contra la cúpula política estatal a casi 12 años del crimen.A poco más de un mes de que se cumplan 12 años del caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por supuestamente ordenar el ocultamiento y destrucción de videos que registraron el momento de la detención de un grupo de normalistas frente al Palacio de Justicia del estado en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.Se trata del segundo exfuncionario de alto rango detenido por este caso ocurrido en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, después del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien está en prisión domiciliaria.Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó que al exmandatario en el periodo 2011-2014 se le cumplimentó orden de aprehensión en el Estado de México por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, luego de realizar un reanálisis "profundo, exhaustivo y detallado" de la investigación. Fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano.Según la fiscal, dos testigos colaboradores de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) acusan a Aguirre Rivero de ordenar a "mandos de primer nivel de su gobierno" la desaparición de cualquier evidencia relacionada con los hechos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.En un mensaje en redes sociales, Godoy Ramos afirmó que las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 en el exterior del inmueble no existía por presuntas fallas técnicas del sistema.Sin embargo, aseguró, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.La fiscal explicó que una testigo colaboradora, que podría ser Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, detenida y procesada por los mismos hechos y que hace unos días recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente al exgobernador Ángel Aguirre.Reveló que un segundo testigo protegido, que podría ser Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, liberado recientemente, robusteció dicho testimonio, al señalar que Aguirre Rivero "ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala".Por lo anterior, Godoy Ramos aseguró que la FGR cuenta con pruebas que acreditan que el exgobernador dio la instrucción de manera directa para ocultar las grabaciones, con la participación de sus colaboradores de alto nivel."Estos y otros elementos contenidos en la investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal", aseguró la fiscal.Advirtió que la FGR continuará con las investigaciones "con toda la seriedad, profesionalismo y rigor científico que se requieren. No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos".La FGR "trabajará incansablemente para llegar a la verdad de los hechos, a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos", agregó.Los señalamientos hacia Ángel Aguirre Rivero se suman también a los de otros servidores públicos de Guerrero que en su momento estuvieron a cargo del caso.Uno de ellos, Iñaki Blanco, quien fue procurador de Justicia de Guerrero cuando desaparecieron los 43 jóvenes y que ha recibido señalamientos en el sentido de que antes de que la entonces Procuraduría General de la República atrajera el caso, la institución a su cargo identificó plenamente la colusión entre policías municipales de Iguala y Cocula con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Otro personaje fue Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, actualmente presa acusada de ordenar ocultar y destruir las grabaciones de varias cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala.La FGR cuenta con pruebas que acreditan que el exgobernador dio la instrucción de manera directa para ocultar las grabaciones.*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
