En representación de las bancadas opositoras, el senador de MC, Noé Castañón presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra del mismo número de decretos aprobados por Morena y sus aliados en el polémico "viernes negro" derivados del desaseo con que transcurrió esa sesión nocturna.El legislador explicó que los recursos no sólo buscan impugnar la ilegalidad de la sesión, sino también el contenido de cada uno de los decretos aprobados.Detalló que estas cuatro acciones de inconstitucionalidad son el primer bloque de impugnaciones que se presentarán en contra de las 12 reformas aprobadas en la última sesión ordinaria del Senado."Movimiento Ciudadano está siempre del lado de la legalidad y de la constitucionalidad y hoy acudimos a la Suprema Corte a pedir justicia y regularidad en los procesos legislativos y constitucionalidad en los actos que se aprobaron por el Senado y por la Cámara de Diputados", resumió."A cada poder le corresponde hacer una cosa distinta y hoy la calificación de la constitucionalidad le tocará a la Suprema Corte. Confiamos en el éxito de este primer paquete de cuatro impugnaciones", planteó.Las acciones de inconstitucionalidad versan sobre la militarización del espacio aéreo; la militarización en los concesiones de vías férreas; la entrega de recursos económicos a la Sedena y los militares provenientes del turismo y sobre la que busca dar certidumbre al uso de precursores químicos en anestésicos como el fentanilo.La primera impugnación es contra del decreto que reforma diversas leyes para darle a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control y operación de la aviación civil, lo que profundiza la militarización del país, aunado a que se duplican las funciones establecidas en la Ley de Aviación Civil, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.La segunda es contra del decreto que le quita al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) el 80% de los ingresos por la recaudación del derecho que pagan los extranjeros al ingresar a México.Ahora estos recursos serán administrados por una empresa paraestatal de la Sedena mediante un fideicomiso público sin estructura, es decir, bajo un esquema de opacidad y sin rendición de cuentas.El tercer decreto impugnado es el que propone asignar de manera indefinida y vitalicia la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes a las entidades paraestatales, lo que implica que la administración y operación del Tren Maya la tendrá la Sedena eternamente.Esto contraviene el Artículo 134 de la Constitución que establece que en las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes serán a través de adjudicaciones o licitaciones públicas mediante convocatoria pública.Mientras que el cuarto decreto impugnado es la reforma que plantea el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y de las máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos a fin de frenar la producción y el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo. Sin embargo, por la manera en que está redactada se criminaliza a todas las farmacéuticas, lo que encarecerá el mercado y elevará el desabasto.Las cuatro acciones de inconstitucionalidad incluyen las firmas de los senadores del Bloque de Contención. En fecha próxima, el resto de los grupos opositores presentarán las impugnaciones contra los decretos faltantes.CR
