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Jueves, 19 de Septiembre 2019

La velocidad de López Obrador

En muchas ocasiones, las prisas conspiran en contra de los objetivos que se marca el Presidente

Por: Enrique Toussaint

La velocidad de López Obrador

La velocidad de López Obrador

Para este momento, Andrés Manuel López Obrador debe haber aprendido que la incertidumbre es la kryptonita de su proyecto de Gobierno. Pasó en la polémica por el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: la incertidumbre mandó al dólar a los 21 pesos y, luego de una transición tersa, las presiones macroeconómicas aparecieron. Como contrargumento está el presupuesto: desde su presentación, hay calma y certidumbre, y el peso se ha valorizado en las últimas tres semanas.

El plan para combatir el huachicoleo es otro ejemplo del riesgo de las incertidumbres, sobre todo cuando hablamos de una gestión que recién comienza. Nadie niega la importancia de golpear contundentemente al crimen organizado en un negocio ilícito que se ha multiplicado exponencialmente en el último lustro. De acuerdo con cifras oficiales, el robo de gasolina incrementó 790% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y lo más grave es que son entre 50 y 80 mil millones de pesos que llegan a las manos de los delincuentes y alimentan el control territorial del crimen organizado. La tasa de impunidad en este delito, el robo de hidrocarburos, es del 97.5%.

El Presidente tiene la obligación de actuar en la materia, el debate es el cómo. El fin no admite discusiones; la logística, la estrategia y la transparencia, sí. No sólo para evitar afectaciones tan dramáticas en las estaciones de servicio, sino también para que la estrategia sea sustentable y dé resultados en el largo plazo. Hay consensos en los objetivos y, de acuerdo con una encuesta que publica Mural, 73% respaldan el combate presidencial al huachicoleo, pero existe una división clara sobre los futuros resultados de la estrategia (47% considera que no dará resultados y 46% que sí).

López Obrador decidió cerrar el poliducto que traslada el combustible de la refinería de Salamanca a 13 terminales que se encuentran en el Centro-Occidente y Bajío. Así, mientras los ductos son reparados, el traslado de combustible se hace con pipas que, por naturaleza, son más ineficientes, tardadas y costosas que los ductos. El problema es que la decisión de cerrar los ductos se hizo obviando la verificación de las reservas en las Terminales de Abastecimiento y Reparto, lo que provocó desabasto en ciudades como León, Morelia y Guadalajara. No sólo eso, las primeras señales del desabasto de combustible ocurrieron el miércoles 2 de enero; sin embargo, Pemex y el Gobierno de México empezaron a asumir el desabasto hasta la tarde del sábado 5 de enero.

La errada estrategia de comunicación provocó vacíos de información, que se llenaron con todo tipo de especulaciones (politización en la decisión, hay quien decía que estaba agotada e interpretaciones de todo tipo). El vacío de información provocó incertidumbre y ésta, a su vez, ansiedad y reacciones de pánico de algunos automovilistas. La comunicación social es una herramienta que tienen los gobiernos para dotar de información clara y precisa a los ciudadanos, sobre todo en momentos críticos.

Es inentendible que la Secretaria de Energía estuviera tuiteando de futbol cuando en las calles había filas de hasta dos horas para cargar combustibles. Los comunicados de Pemex fueron igual de inútiles, más preocupados por la propaganda que por informar a medios de comunicación y ciudadanos. En el mismo sentido, vemos la lejanía del Gobierno Federal con respecto a los problemas que suceden en otras urbes que no es la capital del país: los habitantes -e incluso las autoridades- de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro han recibido información a cuentagotas.

López Obrador enfrenta en poco más de 40 días su primer momento crítico. Y no tanto por el fondo, en donde parece haber un extraordinario consenso en la sociedad mexicana sobre la necesidad de combatir el robo de combustibles, sino por las formas. Una buena parte de los mexicanos estaría dispuesta a hacer sacrificios en su modo de vida, siempre y cuando el Presidente sea claro, transparente y marque el sentido de sus acciones. Es decir, mientras haya certezas, no sólo acerca de la normalización del abastecimiento, sino también acerca de la eficacia de la intervención y la sustentabilidad de la estrategia a largo plazo.

¿Cuáles son los objetivos del Plan? ¿Cuáles son los plazos para dar resultados? ¿Cuánto durará esta situación de excepcionalidad? ¿Habrá responsables? ¿Por qué en algunos estados sí hay desabasto y en otros no? Gobernar es explicar y rendir cuentas. Y los consensos sobre las estrategias, en una sociedad democrática, se construyen con información y convencimiento. La legitimidad de los fines se puede ver ensombrecida si el presidente no es capaz de comunicar adecuadamente por qué opta por una estrategia en lugar de otra. O si sus secretarios o equipos de comunicación dejan inexplicables vacíos informativos.

Y en el fondo del aparente descuido de las formas está la apuesta de López Obrador por construir la percepción de que están pasando muchas cosas. En un mes: se subió el salario mínimo, se aprobaron leyes de austeridad y hasta los ministros se bajaron los sueldos, se apostó por un cuerpo militarizado para combatir la violencia como la Guardia Nacional, se aprobó un presupuesto que incrementa el gasto social, banderazo al Tren Maya, se canceló oficialmente el proyecto aeroportuario en Texcoco e implementó el plan contra el huachicoleo. Es cierto que la política moderna, con su énfasis en la comunicación y las redes sociales, empuja a la velocidad, pero las prisas también pueden descomponer los ambiciosos planes de López Obrador.

Las prisas pueden provocar descuido en la planeación e implementación de las estrategias. La forma en que se toman algunas decisiones puede tener como consecuencia que la opinión pública perciba más improvisación que solidez en las estrategias que implementa el actual Gobierno. Nadie cree que la corrupción pueda ser combatida eficazmente sin afectaciones en la vida cotidiana de las personas. Cada problema nacional, que tiene como explicación la corrupción, si es atacado genera una sacudida.

¿Qué pasa si mañana Enrique Alfaro decide combatir la corrupción del transporte público? Habrá paros y afectaciones. ¿Qué pasará si mañana López Obrador decide combatir la corrupción en el sector educativo? Veremos resistencias. Lo mismo en el sector salud, los moches, la infraestructura o la energía eléctrica. Empero, dar resultados también exige convencer y explicar sobre los medios. López Obrador recibió un mandato inequívoco en las urnas: combata la corrupción, Presidente. Y la planeación y comunicación adecuada no son incompatibles con tal propósito.

Es innegable que López Obrador es valiente al combatir la corrupción a sabiendas que la estrategia podría desgastar su capital político. Y es que el capital político no está para atesorarse celosamente, sino para usarse y combatir los problemas que aquejan al país. Sin embargo, López Obrador tiene que mandar mensajes de certidumbre. En el fondo, hay un consenso amplísimo sobre la necesidad de combatir a las mafias que roban más de 6 millones de pesos en combustible por hora. En una democracia, los ciudadanos exigen información y transparencia, no actos de fe.

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