La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) clausuró una compostera en Tonalá tras detectar escurrimientos y derrames de vinazas fuera del área autorizada para su operación. La dependencia inició un procedimiento administrativo sancionador y otorgó cinco días hábiles a la persona responsable para atender las irregularidades.La clausura se realizó el 4 de noviembre y la dependencia señaló que la medida de seguridad fue impuesta para prevenir posibles afectaciones al medio ambiente. De acuerdo con la Procuraduría, durante una visita de inspección su personal constató que las vinazas salían del espacio autorizado para las actividades del establecimiento. Ante estas condiciones, determinó suspender su operación.Además de atender las deficiencias detectadas, la persona responsable podrá presentar las manifestaciones que considere pertinentes sobre el acta elaborada durante la visita.Esta intervención ocurrió un día después de otra clausura relacionada con el manejo de vinazas en Jalisco. El 3 de noviembre, la PROEPA impuso la clausura total de una empresa dedicada al procesamiento de bagazo y vinazas en Atotonilco el Alto.En ese caso, los residuos salieron de las instalaciones y alcanzaron la carretera Ayotlán, según el comunicado difundido por la autoridad ambiental. La dependencia atribuyó el derrame al manejo inadecuado de las vinazas dentro de la empresa.“La medida fue aplicada tras detectar un manejo inadecuado de vinazas, que ocasionó su derrame fuera de las instalaciones de la empresa y sobre la carretera, situación que motivó la intervención de la autoridad ambiental”, indicó.La Procuraduría anunció que iniciaría un procedimiento administrativo sancionador en forma de juicio, conforme a la normatividad aplicable. A diferencia del plazo informado para la compostera de Tonalá, en Atotonilco el Alto la empresa contará con 15 días para ejercer su derecho de defensa y presentar las manifestaciones que considere pertinentes.La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contempla en su artículo 146 multas de 30 a 35 mil UMA, es decir, alrededor de tres mil 519 a cuatro millones 106 mil pesos. También prevé la suspensión o revocación de permisos y autorizaciones, así como clausuras temporales o definitivas por incumplir medidas correctivas o por reincidencia con efectos negativos al ambiente o la salud.***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB
