El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, dado a conocer por él mismo este viernes, luego de haberse separado temporalmente del cargo en medio de señalamientos del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado puede representar una confrontación política con el gobierno de Donald Trump, consideró Marcos del Rosario, académico del ITESO. Esto porque, dijo, ocurre mientras continúa una investigación en el país vecino relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado, y después de que el Gobierno de México permitió que el mandatario retomara sus funciones, señaló Marcos del Rosario, académico del ITESO. El especialista consideró que la decisión resulta particularmente delicada por el contexto de tensión que atraviesa la relación entre ambos países, así como por las críticas que se han acumulado desde distintas agencias estadounidenses, además de que la situación deberá seguirse a partir de la postura que adopte la Casa Blanca, pues la decisión mexicana podría generar un nuevo conflicto político. "Sí, lo veo como una afrenta directa al gobierno de Donald Trump. Estamos ante el endurecimiento de los comentarios críticos por parte de las agencias gubernamentales, de Defensa, Estado, del propio procurador y muchos dicen: 'no, pues ahora que fue la reunión en Argentina'. Este hecho particularmente creo que se puede ver como una confrontación", manifestó. Del Rosario señaló que no descarta que el gobierno estadounidense pueda recurrir a mecanismos distintos a los procedimientos ordinarios si considera que existen obstáculos jurídicos para actuar contra Rocha Moya, aunque no precisamente ingresando a México para acudir directamente por él, pero sí con mecanismos alternos que, quizá por ahora, ni siquiera podemos imaginar. "Si hay una imposibilidad jurídica por parte del gobierno de Estados Unidos que ya lo solicitó por la vía legal para hacer una extradición y lejos de eso lo que está respondiendo el gobierno es no solamente lo separo, sino permito que regrese y otra vez es como esa inmunidad, pues yo no descartaría, y soy responsable de lo que comento, yo no descartaría que hubiese mecanismos extralegales por parte de Estados Unidos para hacerlo", manifestó el especialista. En este sentido, el académico explicó que el regreso a la gubernatura también tiene una consecuencia jurídica dentro de México, debido a que Rocha Moya recuperó el fuero que corresponde al titular del Ejecutivo estatal: esta protección impide que determinados procedimientos penales puedan avanzar directamente contra un funcionario en funciones y obliga a seguir mecanismos específicos para retirar esa inmunidad. Del Rosario explicó que, en caso de tratarse de delitos del ámbito estatal, el procedimiento correspondería al Congreso de Sinaloa, mientras que ante delitos federales, como los relacionados con delincuencia organizada, tendría que intervenir el Congreso de la Unión. Añadió que también existe la figura del juicio político, que puede derivar en la remoción e inhabilitación de un funcionario. "Los elementos ahí están, pero no veo ni al Congreso del Estado con esa capacidad jurídica o interés, es decir, no lo veo, políticamente hablando, con la posibilidad de hacerlo. Y mucho menos la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión, en su caso, para el juicio político, para desaforar a Rocha Moya", lamentó. Respecto a la actuación de la Fiscalía General de la República, Del Rosario cuestionó que el mandatario haya presentado su regreso como una consecuencia de que la institución no encontró elementos en su contra, considerando que la Fiscalía lo tiene en las investigaciones como testigo y no como imputado, lo que quiere decir que realmente no existió una investigación penal en su contra que pudiera haber terminado con una resolución de exoneración. "Él está manipulando de alguna manera la narrativa, los hechos jurídicos no, porque él sabe perfectamente que nunca ha habido ni una denuncia en su contra, al menos que se haya publicitado, ni tampoco una investigación de él mismo por parte de la Fiscalía. Entonces, claro, él nos está queriendo vender una narrativa de decir: 'no se me encontró ninguna evidencia, estoy exonerado'", explicó. El académico también cuestionó el papel de las instituciones de procuración de justicia y consideró que existe una aplicación selectiva cuando las personas involucradas tienen vínculos con el oficialismo. Señaló que esta situación afecta la autonomía constitucional de la Fiscalía y reduce su capacidad para funcionar como contrapeso frente al poder político. "A mí me parece gravísimo. Creo que la desafortunada actuación de la Fiscalía se ha prestado en este caso, como en otros, cuando las personas involucradas forman parte del oficialismo, pues caso omiso o bien por encimista no hay una simulación de algún acto, como fue en este caso", señaló el especialista. NG
