Diputados de la Comisión Especial en materia de Personas Desaparecidas del Congreso de Jalisco acordaron presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Personas Desaparecidas del Estado.El objetivo de la propuesta es proteger y reconocer el derecho de las víctimas a conocer las fichas de búsqueda que se colocan en espacios públicos, fortalecer la atención en regiones del Estado para familiares de víctimas, entre otros puntos.Uno de los planteamientos de la propuesta obliga a las autoridades estatales y municipales a no retirar, alterar ni obstaculizar la difusión de cédulas colocadas por familiares, colectivos o autoridades competentes.La diputada local, Tonantzin Cárdenas, resaltó que en la propuesta se recogen peticiones y solicitudes de familias y víctimas indirectas de desaparición forzada que estuvieron en mesas de trabajo con la Comisión especial, así como con organizaciones civiles. Parte de los puntos incluye el fortalecimiento de la atención a víctimas en el interior del estado."Entre los principales cambios de esta ley se encuentran fortalecer la atención en municipios, fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, mejorar la coordinación institucional y las capacidades de las autoridades encargadas de hacer la atención a las familias, garantizar la aplicación del enfoque psicosocial, perspectiva de género, el enfoque especializado y diferenciado, y el principio de no revictimización", dijo la legisladora.Además, se plantea que las fichas de búsqueda se emitan en un plazo máximo de 24 horas tras el reporte de desaparición y que las investigaciones no puedan suspenderse por el tiempo transcurrido o la falta de una denuncia previa.La reforma también busca mejorar la coordinación institucional, ampliar la atención fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara y reforzar el enfoque psicosocial y de género. Por ejemplo,De acuerdo con la legisladora, en el proyecto se atienden 40 de 50 acciones que se clasificaron como prioritarias en un proceso de diálogo con colectivos de búsqueda, autoridades, especialistas y organizaciones civiles, a través de mesas de trabajo realizadas durante los últimos meses.En la propuesta se establece la armonización de reglamentos y disposiciones administrativas en un plazo de hasta 90 días, garantiza la continuidad de las acciones de búsqueda e investigación sin afectar los derechos de las víctimas y ordena la actualización del Programa Estatal de Búsqueda con participación de familiares y colectivos, entre otros puntos.SV
