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Miércoles, 11 de Diciembre 2019

La Primavera: ¿Hasta cuándo una solución de fondo?

El bosque necesita una red de protección acordada entre autoridades y sociedad

Por: Enrique Toussaint

La Primavera se ha quemado 47 veces durante 2019. Todo el cóctel está en la licuadora para que la Primavera salte de tragedia en tragedia. EL INFORMADOR / E. Victoria

La Primavera se ha quemado 47 veces durante 2019. Todo el cóctel está en la licuadora para que la Primavera salte de tragedia en tragedia. EL INFORMADOR / E. Victoria

El Bosque de la Primavera está acosado por todos lados. Los intereses inmobiliarios que lo rodean por el Norte, por el Sur y el Poniente. La ciudad y hasta un estadio de futbol que se abalanzan sobre sus periferias. La indiferencia de la clase política que sólo habla del Bosque cuando vemos las enormes columnas de humo que se ciernen en el Oeste. Y una sociedad que no está dispuesta a hacer nada por ese pulmón metropolitano. Festejos que provocan tragedias. Flamazos que esparcen sus llamas por hectáreas y quemas agrícolas sin ningún tipo de control. Cotos que te venden el cielo, el bosque y los animalitos, mientras devoran áreas que tendrían que ser de amortiguamiento. La Primavera se ha quemado 47 veces durante 2019. Todo el cóctel está en la licuadora para que la Primavera salte de tragedia en tragedia.

Hay un asunto de fondo: la propiedad del bosque. Nos mentimos con esa frase que repetimos como mantra: el bosque es de todos. Pues no, no es todos. Las más de 30 mil hectáreas de la floresta tienen dueños con nombres y apellidos. Según cálculos, el 72% del bosque es propiedad privada o ejidal. Es decir, como tal, solamente el 28% del área de La Primavera (poco más de siete mil hectáreas) son del Gobierno del Estado. ¿Qué significa esto? Existe una colisión de intereses. Chocan el interés público de mantener los servicios ambientales que el bosque brinda a millones de tapatíos -regulación de la temperatura, oxígeno, recarga de agua, fauna, etc.-, por un lado, y el interés privado de los propietarios de obtener ingresos y rentabilizar su propiedad. El bosque de La Primavera no estará a salvo si no resolvemos esta ecuación.

El primer impulso es pedir al Gobierno que compre las 23 mil hectáreas que no son propiedad pública. O al menos, como sostuvo el alcalde Pablo Lemus, los terrenos más pegados a las zonas urbanas y las hectáreas de amortiguamiento. Si nos vamos a escenarios conservadores, es difícil que el Gobierno pudiera comprar dichas hectáreas en menos de 80 mil millones de pesos. El factor de mercado queda anulado porque se traza una relación monopolio (único oferente) monopsonio (único demandante). Digo, el Gobierno siempre tiene la herramienta de la expropiación, pero no sería el mejor mensaje en el siglo XXI. Es decir, los distintos gobiernos, con sus finanzas actuales, no tienen la capacidad económica para enfrentar un desafío así.

Un segundo escenario sería permitir desarrollos de baja intensidad. Pensar y permitir que los dueños apuesten por proyectos como cabañas, eco turismo y demás objetivos compatibles con el Bosque. Sin embargo, conocemos la mala capacidad que tienen nuestras autoridades para regular y poner límites a los negocios que se hacen en entornos ambientalmente frágiles. Levantar vedas podría suponer abrir la “caja de pandora” y despedirnos del bosque tal como lo conocemos. Una especie de intercambio entre el Estado y los particulares, en donde el primero compromete a los dueños a cuidar el bosque y el tejido ecológico, y a cambio podrían explorar áreas de negocio que son compatibles con La Primavera.

Y un tercer escenario: reconocer la importancia ambiental de La Primavera y pagar a los dueños una especie de contribución por servicios ambientales. Seguramente usted lo recuerda, durante el periodo posterior a los Juegos Panamericanos, ya se discutió esta opción. Un impuesto local, una especie de contribución general de los ciudadanos, que sirva para mantener una estructura sólida en el Organismo Público Descentralizado del Bosque de la Primavera y al mismo tiempo convenga a los privados y ejidatarios que tienen el 72% de la mancha forestal. Imaginemos, una contribución anual de 600-800 pesos. No sería una cantidad suficiente para comprar la tierra, pero sí para mantener el bosque en mejores condiciones, incentivar a los propietarios a su conservación y permitir al Gobierno hacer subastas inversas o fideicomisos para ir comprando algunas parcelas estratégicas de La Primavera. Hasta un esquema tres por uno, como se hace con las remesas, podría funcionar.

Nos enfrentamos a una cruda realidad. Podemos ceder frente a soluciones coyunturales -que algunas comparto- pero no son de fondo: cerremos el acceso al bosque, por ejemplo. Seamos realistas, frente a una floresta de más de 30 mil hectáreas, es imposible vigilar todos los accesos, incluso con la mejor tecnología. Hasta el momento, el fuego ha pasado por encima de unas dos mil hectáreas en estos meses de estiaje y todavía faltan 30 días para que comience el temporal de lluvias. El problema de fondo de La Primavera es la propiedad y el conflicto de interés que encarna, entre lo que quiere la ciudad y lo que quiere el particular. Es cierto que el gobernador y el Congreso aprobaron 30 millones de pesos para el OPD de La Primavera, más que los años pasados, pero que son insuficientes bajo cualquier óptica.

La solución a la vulnerabilidad del Bosque de La Primavera supone riegos y medidas de fondo. Sin duda, es necesaria una administración que se arriesgue a proponer un plan de recuperación pública sin importar el costo político. Las elecciones se ganan para tomar decisiones y no para caminar por la sombrita atesorando el capital político. Nuestra clase política parece obsesionada con la siguiente elección y, por ello, difícilmente se atreve a proponer medidas para llevar recursos para la conservación del bosque. El pago de servicios ambientales, o incluso que una parte de las multas por tráfico, se vayan al Bosque podría ser una salida estructural. Empero, es necesario que los gobernantes se atrevan a dar el paso y proponerlo. Acompañado, como es natural, con la conformación de un fideicomiso transparente que garantice el uso correcto de los recursos. De parte del Gobierno esas son las obligaciones: atrevimiento político y transparencia.

¿Y la ciudadanía, qué? Tenemos que hacer esfuerzos. Está bien que nos indignemos cada que vemos el humo salir de La Primavera. Está bien que exijamos que las autoridades den resultados e identifiquen a quien está detrás de los incendios. Es rendición de cuentas, naturalmente. Sin embargo, tenemos que participar en la solución y eso implica recursos. El presupuesto del Estado (en donde 90% se va a gasto educativo, salud o seguridad) no alcanza. El Bosque de La Primavera exige compromiso social y valentía política. Sería una tragedia que el siguiente año estemos igual que hoy.

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