La protección de los océanos enfrenta un déficit de financiamiento que pone en riesgo el objetivo internacional de conservar el 30% de los mares para 2030. Aunque cubren más del 70% de la superficie del planeta, reciben apenas el 14% de los fondos internacionales destinados a la conservación, de acuerdo con los datos presentados durante la COP17 de biodiversidad, celebrada en Ereván, Armenia.El informe Ocean Protection Gap Report 2026, elaborado por Systemiq junto con WWF, señala que actualmente se destinan alrededor de mil 800 millones de dólares anuales a la protección marina, cuando se necesitarían 14 mil 100 millones para avanzar hacia los compromisos establecidos.Esta diferencia representa un desafío para los gobiernos, pues la conservación no depende únicamente de declarar áreas protegidas, sino de garantizar recursos para que las medidas funcionen en la práctica. De lo contrario, advierten especialistas, podrían convertirse en los llamados “parques de papel”: zonas protegidas en documentos, pero sin una conservación efectiva.La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica concluyó en Ereván con cerca de 50 decisiones y una hoja de ruta denominada Vía de Ereván, que establece acciones para los cuatro años restantes rumbo a 2030.Entre los resultados también se encuentran las Directrices de Sevan, que formalizan la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en el Convenio, así como nuevos compromisos financieros cercanos a los 2 mil millones de dólares.Sin embargo, el primer balance global del Marco Kunming-Montreal confirmó que el mundo mantiene un avance insuficiente en sus 23 metas de biodiversidad. De acuerdo con el análisis presentado en la cumbre, 17 de ellas se encuentran entre las que registran menor progreso.La movilización de recursos y la eliminación de subsidios perjudiciales para la naturaleza figuran entre los principales pendientes.El rezago financiero no se limita a la conservación marina. Durante la conferencia se expuso que existe un déficit mundial de aproximadamente 700 mil millones de dólares anuales para financiar acciones en favor de la naturaleza.Uno de los compromisos de la Meta 19 del Marco Kunming-Montreal establece que los países desarrollados deben transferir al menos 20 mil millones de dólares anuales al Sur Global para 2025. No obstante, el flujo de recursos ha disminuido por segundo año consecutivo, según la información presentada en la COP17.A esta situación se suma el gasto público destinado a actividades que perjudican los ecosistemas. Los gobiernos canalizan más de 2.6 billones de dólares al año a subsidios relacionados con sectores como los combustibles fósiles, la agricultura intensiva y la pesca industrial.En el caso de los mares, los subsidios perjudiciales a la pesca representan alrededor de 22 mil millones de dólares anuales, una cantidad que contrasta con los mil 800 millones destinados a la protección oceánica.Especialistas de WWF y organizaciones de conservación sostienen que el problema no se reduce a la falta de dinero, sino también a la manera en que se distribuyen los recursos.Pauli Merriman, directora del Programa de Océanos de WWF International, señaló que redirigir menos de dos tercios de los subsidios pesqueros perjudiciales permitiría cerrar la brecha de financiamiento para la conservación marina.Además, los expertos destacan la importancia de proteger la alta mar, que representa el 61% del océano, mediante la entrada en vigor del Tratado BBNJ.De acuerdo con las estimaciones citadas durante la conferencia, alcanzar la meta de conservar el 30% de los océanos podría generar beneficios económicos netos de 85 mil millones de dólares anuales para 2050, asociados con actividades como la pesca, el turismo y la protección de las costas.La COP17 también presentó el Yerevan Call on Incentives, una iniciativa que busca acelerar la reforma de los subsidios que dañan la naturaleza.El reto, coincidieron los participantes, será convertir los compromisos internacionales en presupuestos, políticas y acciones concretas. La conservación de los océanos requiere financiamiento constante y mecanismos que garanticen que las áreas protegidas cumplan realmente su función. EE
