Decenas de miles de personas han salido a las calles de distintas ciudades de España para exigir medidas que protejan a los inquilinos, luego de que el Parlamento rechazó un paquete de emergencia impulsado por el Gobierno para contener el encarecimiento de la vivienda y frenar los desalojos.En Madrid, una multitud marchó para reclamar vivienda asequible y algunos sindicatos llamaron a una huelga general. En Valencia, la tensión aumentó cuando manifestantes rompieron el perímetro de seguridad instalado afuera de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se realizaba una cumbre inmobiliaria.La Policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los inconformes. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron enfrentamientos entre agentes y manifestantes, quienes lanzaron vallas mientras elementos policiales respondieron con porras. Hasta ahora no se han reportado personas heridas.La inconformidad social aumentó después del desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en un departamento del Centro de Madrid.Abascal, quien utiliza silla de ruedas, fue desalojada el 23 de septiembre y trasladada en camilla mientras la Policía acordonaba la zona.Las imágenes provocaron una fuerte reacción pública y se convirtieron en símbolo de la crisis habitacional.Alrededor de mil personas instalaron un campamento en la Puerta del Sol de Madrid y advirtieron que permanecerán ahí hasta que el Gobierno adopte medidas efectivas para proteger a los inquilinos. Una protesta similar se mantiene en la Plaza Catalunya de Barcelona.Tras el desalojo, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez promovió medidas de emergencia para restringir los desalojos, contener la especulación inmobiliaria y ampliar la protección de los contratos de alquiler. Sin embargo, los partidos conservadores de oposición se unieron para impedir su ratificación en el Parlamento.La presión política aumentó después de que Sánchez anunciara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de una creciente movilización social por el acceso a la vivienda.El caso de Abascal tuvo un giro posterior. La empresa inmobiliaria que buscaba recuperar el departamento para ofrecerlo a un precio más alto alcanzó un acuerdo para permitirle regresar, según informó su abogado. La mujer continúa hospitalizada.“No logré defender mi casa, pero sí luché para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, dijo Abascal en un video difundido después del desalojo.Su historia se convirtió rápidamente en un emblema de las protestas. En distintas ciudades comenzaron a aparecer pancartas con la consigna “¡Ni una Maricarmen más!”.La crisis de vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y políticos de España, especialmente para jóvenes y familias de menores ingresos, quienes enfrentan alquileres crecientes y una oferta limitada de vivienda accesible. España enfrenta desde hace años una fuerte presión sobre el mercado de vivienda. El alquiler promedio casi se duplicó en la última década: pasó de 8.20 euros por metro cuadrado en 2016 a 15.10 euros en 2026, de acuerdo con el portal Idealista.El problema afecta con mayor intensidad a jóvenes y hogares de menores ingresos, que tienen mayores dificultades para comprar una vivienda y dependen del mercado de alquiler.El Gobierno señala que 26% de los españoles que viven en renta destinan, en promedio, alrededor de 40% de sus ingresos al alquiler y servicios.A esto se suma la escasa vivienda pública: menos de 2% de la oferta disponible corresponde a alquiler social, frente a un promedio cercano a 8% en la Unión Europea.Organizaciones de inquilinos responsabilizan también a la especulación inmobiliaria y al crecimiento de los alquileres turísticos por reducir la oferta residencial en las principales ciudades. CT
