Los cruces de migrantes en la frontera Suroeste de Estados Unidos (que abarca los límites de México con los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas) en junio descendieron a seis mil 070, lo que marca la menor cifra desde que se lleva el registro y supera los mínimos establecidos en marzo pasado, informó el Gobierno del presidente Donald Trump.La Casa Blanca dijo en un comunicado que los mínimos históricos de detenciones “subrayan la eficacia” de las sólidas políticas de seguridad fronteriza y las agresivas medidas de deportación del mandatario estadounidense.La cifra de seis mil 070 migrantes detenidos en junio en dicha área es 15 % menor al récord establecido en marzo cuando se detuvieron siete mil 180 extranjeros.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destacó en un comunicado que el 28 de junio la Patrulla Fronteriza registró solo 137 detenciones en toda la frontera Suroeste, el total más bajo en un solo día en un cuarto de siglo, un fuerte contraste con finales de 2023, cuando los arrestos superaron los 10 mil en los días más ocupados.A nivel nacional de la Patrulla Fronteriza detuvo en las fronteras a ocho mil 039, un número que también marca un mínimo histórico.Por segundo mes consecutivo, las autoridades fronterizas no liberaron a ninguno de los inmigrantes detenidos, entre los que se encuentran aquellos que han solicitado asilo.Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró el menor número de encuentros a nivel nacional en su historia con 25 mil 243, no está claro si esas cifras incluyen arrestos de inmigrantes sin estatus legal establecidos en Estados Unidos.“Las cifras no mienten: bajo el liderazgo del presidente Trump, el DHS y la CBP han batido récords y han logrado la frontera más segura en la historia de Estados Unidos “, dijo en un comunicado la secretaria del DHS, Kristi Noem.Los datos fueron revelados justo cuando la Cámara de Representantes realiza la última votación a la nueva ley fiscal que inyectará miles de millones de dólares al proyecto de seguridad fronteriza de Trump.En concreto, la ley contempla más de 64 mil millones para la construcción del muro fronterizo y 70 mil millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.El Gobierno prevé contratar más de 20 mil nuevos agentes para CBP y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).EFE Un juez federal determinó que la orden de Donald Trump que suspendió el acceso al asilo en la frontera Sur es ilegal, poniendo en duda uno de los pilares del plan del presidente para frenar la migración en la zona. Sin embargo, pospuso su medida dos semanas para dar tiempo al gobierno de apelar.El 20 de enero, Trump declaró que la situación en la frontera Sur constituye una invasión y que estaba “suspendiendo la entrada física” de migrantes y su capacidad para solicitar asilo hasta que él decida que ha terminado.En Washintong, el juez Randolph Moss indicó que su orden entrará en vigor el 16 de julio, dando tiempo a la administración de Trump para apelar.Moss escribió que ni la Constitución ni la ley de inmigración otorgan al presidente “un régimen extraestatutario, extrarreglamentario para repatriar o remover individuos de Estados Unidos, sin una oportunidad de solicitar asilo” u otras protecciones humanitarias.El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud, pero probablemente presentará una apelación.Trump y sus aliados dicen que el sistema de asilo ha sido abusado. Argumentan que atrae a personas que saben que tomará años adjudicar sus reclamos en los tribunales de inmigración atrasados del país, durante los cuales pueden trabajar y vivir en Estados Unidos.Pero los defensores argumentan que el derecho a solicitar asilo está garantizado en la ley nacional y en compromisos internacionales, incluso para aquellos que cruzan la frontera ilegalmente. Dicen que el asilo es una protección vital para las personas que huyen de la persecución, una protección garantizada por el Congreso que ni siquiera el presidente tiene la autoridad para ignorar.En la orden ejecutiva, Trump argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los presidentes la autoridad para suspender la entrada de cualquier grupo que consideren “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.Grupos que trabajan con inmigrantes presentaron la demanda contra el gobierno, argumentando que el presidente estaba equivocado al equiparar a los migrantes que llegan a la frontera Sur con una invasión.Y argumentaron que la proclamación de Trump equivalía a que el presidente anulaba unilateralmente “... las leyes de inmigración que el Congreso promulgó para la protección de personas que enfrentan persecución o tortura si son removidas de Estados Unidos”. CT
