Las imágenes de México el 22 de febrero recorrieron el mundo, vehículos incendiados, carreteras bloqueadas, fuerzas de seguridad bajo ataque, comunidades enteras atrapadas en una violencia que no eligieron. El operativo en Tapalpa fue presentado como un golpe certero contra el crimen organizado y, en términos tácticos, lo fue: hubo detenciones, abatimientos y una respuesta inmediata del Estado. Pero medir el éxito únicamente por la caída de un objetivo es, en el mejor de los casos, una lectura incompleta del conflicto que hoy enfrentamos.Horas después, la Casa Blanca se apresuró a subrayar la cooperación con México; no es una narrativa extraña: la presión estadounidense por mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico es constante, y la cooperación en inteligencia es real. El problema no es la colaboración en sí, sino la asimetría de costos. Quien observa desde fuera puede celebrar el golpe; quien vive en el territorio es quien absorbe la reacción violenta, los muertos, el miedo que se instala en la vida cotidiana y la fragilidad que deja cada operativo de alto impacto.No es la primera vez que ocurre.La caída de “El Chapo” fue presentada como un punto de quiebre histórico y años después, lo que quedó fue un mapa criminal más fragmentado, más autónomo y, en muchos sentidos, más impredecible. La lógica de “decapitación” —eliminar liderazgos para debilitar estructuras— ha mostrado sus límites frente a organizaciones que operan por células territoriales, con protocolos de reacción previamente diseñados. Cuando cae un líder, no necesariamente cae la organización; a veces, se activa su capacidad de retaliación.El dato incómodo no está solo en el número de víctimas, sino en la velocidad y coordinación de la respuesta criminal. Lo ocurrido en nuestro país revela que las organizaciones cuentan con arquitectura operativa para desplegar bloqueos, ataques simultáneos y presión territorial. El Estado logra contener el momento, pero no altera la lógica estructural del conflicto.A esto se suma una corresponsabilidad que rara vez se asume con la misma contundencia pues el 80% de las armas que circulan en manos del crimen organizado en México provienen de Estados Unidos. Sin embargo, la narrativa bilateral suele concentrarse en la cooperación para capturar objetivos, no en la responsabilidad compartida por las condiciones materiales que sostienen la violencia.El Gobierno federal, por su parte, ha privilegiado un discurso de control inmediato: los bloqueos se levantaron, la situación se normalizó, la operación fue exitosa. Pero la pregunta estratégica sigue sin responderse: ¿qué diseño existe para el día después? ¿Cómo se protege a las comunidades que quedan expuestas tras cada golpe? ¿Cómo se evita que la “victoria” de hoy siembre la violencia de mañana?Quizá el problema no es la falta de operativos, sino la ausencia de una estrategia que entienda que la seguridad no se juega solo en el momento de la captura, sino en la capacidad del Estado mexicano para sostener a los territorios cuando las cámaras se van.paola.nadine@gmail.com
