Cuida que tus palabras sean mejores que el silencio, dice un proverbio que aplica para Movimiento Ciudadano Jalisco cuando critica a Morena porque protege a Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa.El emecismo local, encabezado por Mirza Flores, presidenta estatal del partido naranja, ha desenfundado el celular para esparcir sus críticas en redes. Y sí, todo lo que reprochan al oficialismo es cierto:Morena protege al gobernador de Sinaloa y a sus nueve cómplices acusados por Estados Unidos de colaborar con narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.Desde luego que Rocha debe dar la cara y ser juzgado sin fuero ni trato especial si decidió trabajar para el narco.A todas luces la lealtad partidista está por encima de la justicia cuando se trata de Morena. Y claramente Morena Jalisco carece de autoridad moral para dar “lecciones de paz” y hablar de seguridad cuando tienen a Diego Rivera, narcoalcalde de Tequila, en la cárcel.En un encendido discurso, Clemente Castañeda, senador emecista, reclamó ayer desde la tribuna de la Cámara Alta: “Rompan de una vez por todas el pacto de impunidad que tanto daño le ha hecho al país”.Todo es cierto. Cada reclamo es válido. Morena tendió un manto de impunidad y, con cada nueva declaración de los morenistas y la Presidenta, se extiende hasta la complicidad.Sin embargo, la crítica del emecismo jalisciense surge desde una altura moral engañosa que, puesta en perspectiva, pone a cada quien en su lugar.La estela de antecedentes y alertas en Sinaloa que apuntaban a un narcoestado tienen sus réplicas en Jalisco. La misma economía criminal y corrupción política que se gestó allá encuentra ecos preocupantes en la tierra del mariachi y el tequila.De entrada, nuestro Estado es cuna del Cártel Nueva Generación, el más poderoso del país, que le disputó la hegemonía al Cártel de Sinaloa.Basta recordar los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Jalisco, en particular Guadalajara y Zapopan, como las urbes que concentran en el país la mayor cantidad de empresas e individuos dedicados al lavado de activos del narcotráfico.Otro síntoma son las más de 16 mil personas desaparecidas y los más de 300 policías procesados por desaparición forzada, lo que habla de una complicidad institucional.El Rancho Izaguirre es la expresión de una red de complicidades político-criminales que hoy tienen en la cárcel al alcalde emecista de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, por colaborar con el cártel para reclutar a jóvenes.No hay que perder de vista los señalamientos, al igual que los hubo en Sinaloa, de vínculos de la clase política emecista -en concreto, Hugo Luna- con actores criminales como dieron cuenta en su momento los Guacamaya Leaks.Y más recientemente las presuntas narconóminas encontradas en la cabaña de “El Mencho” que involucraban a mandos policiales en la entidad, pero que nadie investigó.Tenemos, finalmente, un ex gobernador -en cuyo sexenio se consolidó el poderío del cártel local- convenientemente “exiliado” en España.La configuración del narcoestado de Sinaloa y sus equivalencias con Jalisco debería poner al emecismo a remojar sus barbas.Es momento de un llamado prudente a la rendición de cuentas con un clamor sereno, pero firme, de justicia, en vez del festín de superioridad moral que un fiscal federal en Nueva York puede interrumpir en cualquier momento.La embestida del inquilino de la Casa Blanca por exterminar a los cárteles “terroristas” apenas comienza.
