Como cada mes, el gabinete de seguridad presentó sus indicadores de violencia. Previsible: volvieron a bajar un montón de puntos y reportaron 50% menos homicidios dolosos que en 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador le entregó la Presidencia a Claudia Sheinbaum. Pero, como cada mes, no hubo fiesta ni algarabía. Las estadísticas que presenta el Gobierno no tienen credibilidad, no porque se perciba que su contabilidad sea falseada, sino porque en el conteo de las muertes violentas y premeditadas se advierten manipulaciones y falsedades.La discusión sobre las estadísticas gubernamentales de homicidios dolosos, que sucesivas administraciones han establecido como la métrica para evaluar su política de seguridad, generó un debate que no se había visto en todo el sexenio, por el enorme contraste con otra medición que se dio a conocer casi simultáneamente: la del INEGI. No fue una baja de 50%, como presumió el Gobierno, que omitió una discrepancia de 21% respecto de los datos del INEGI, sin contar que las desapariciones se incrementaron 15%. Un estudio piloto elaborado por la consultora Central de Inteligencia Política, que no es público, resume en una frase lo que está sucediendo: “El Estado gana en los datos, pero pierde en la conversación”.Los datos que contabiliza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dados a conocer esta semana y que son los que se celebran en las conferencias matutinas, difieren significativamente de los que reportó el INEGI. Técnicamente son válidos, pero no se consideran plenamente confiables. La diferencia tiene que ver con las metodologías utilizadas. El Secretariado Ejecutivo recaba las cifras que le envían las fiscalías estatales y la de la Ciudad de México, mientras que el INEGI contabiliza las defunciones por homicidio a partir de certificados, actas de defunción y registros forenses. La diferencia reportada en octubre fue de cinco mil 140 homicidios.Los expertos coinciden en que durante el Gobierno de Sheinbaum, que ha dado un giro en el combate al crimen organizado, sí se ha logrado una reducción de los homicidios dolosos respecto del sexenio de López Obrador, que registró los cuatro años con el mayor número de homicidios dolosos de la historia. Sin embargo, la disminución no alcanza los niveles que se presentan oficialmente, en lo que parece más un ejercicio propagandístico que uno de honestidad técnica e intelectual. Las discrepancias entre las dos instituciones se han registrado desde hace años, pero la brecha entre ambos registros ha aumentado durante el Gobierno de Sheinbaum y en 2025 alcanzó su nivel más alto desde 2015. En octubre, la diferencia no fue menor: 21.1 por ciento.El problema de las diferencias estadísticas comenzó durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero se acentuó en la de López Obrador. De acuerdo con un análisis realizado por Frasua Esquerra, reportero de investigación de Animal Político, desde 2022 la diferencia entre las dos mediciones se elevó 291%. Sheinbaum y el gabinete de seguridad, sin mentir, no dicen toda la verdad. Por ejemplo, mencionan siempre que Guanajuato, gobernado por el PAN, es donde se registra el mayor número de homicidios dolosos del país, pero no aclaran que se trata de cifras absolutas y no de tasas por cada 100 mil habitantes. Si se utilizara esta última medición, que es como debería hacerse para comparar entidades, Colima, Sinaloa y Morelos, gobernados por Morena, ocuparían los tres primeros lugares de este tipo de violencia, con tasas de 92, 62 y 58 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente, cifras escandalosas.Desde el Gobierno de Peña Nieto, los esfuerzos por acallar las cifras de homicidios dolosos han sido extenuantes. Durante la administración de Felipe Calderón se firmó un acuerdo con decenas de medios de comunicación en el Castillo de Chapultepec para evitar la apología de los criminales, que se rompió esa misma noche en la televisión. A Calderón no le gustaba que se hablara del incremento de homicidios dolosos —que tuvo su punto máximo y de inflexión en mayo de 2011—, pero no actuó como Peña Nieto, quien presionó a los medios para que eliminaran sus conteos diarios de crímenes y logró que despidieran a un periodista por hacerlo. Ni López Obrador ni Sheinbaum llegaron al nivel de represión de Peña Nieto. Lo que han hecho es tender cortinas de humo.El estudio piloto que elaboró la Central de Inteligencia Política en septiembre, a partir de fuentes abiertas —24 periódicos de la Ciudad de México—, es revelador. El seguimiento periodístico de homicidios, sin explicación alguna, fue eliminado de la estadística mensual del Secretariado Ejecutivo. En septiembre, el Gobierno reportó que los homicidios dolosos habían disminuido 51%, pero el anuncio apenas alcanzó una cobertura equivalente a 7% del valor comercial del espacio analizado en los diarios. En cambio, el valor de la cobertura sobre el crimen organizado alcanzó cuatro mil 126 millones de pesos, cifra superior a la suma de los 40 temas siguientes en relevancia, cuyo valor conjunto fue casi cuatro mil millones de pesos menor.De esa cobertura, 72% de la información abordó temas relacionados con los cárteles de Sinaloa y Nueva Generación. En un lejano tercer lugar, pero por encima de todas las demás organizaciones criminales históricas, apareció La Barredora, el grupo formado en Tabasco al amparo del entonces gobernador Adán Augusto López, cuyo nombre aparecía regularmente en las menciones sobre esa organización, hoy disminuida, que hasta hace no mucho controlaba el Sur del país como brazo armado del cártel de las cuatro letras.En el análisis general, no fue el combate o la falta de combate al crimen organizado lo que predominó en la conversación pública, sino la narcopolítica como fenómeno doméstico y la imposición de la agenda por parte del Gobierno de Donald Trump. Esto reflejaba la manera en que se percibe a Sheinbaum frente a Estados Unidos, pese al discurso mecánico y reiterativo de la Presidenta sobre la soberanía y la cooperación sin subordinación que, si alguna vez tuvo impacto, hoy ya no se percibe.La percepción en México sobre el combate al crimen organizado es mala, y el Gobierno de Sheinbaum reprueba cada mes en la evaluación ciudadana reflejada en las encuestas de aprobación realizadas por “El Financiero”. La propaganda ya no alcanza. Sheinbaum tiene un gran respaldo personal, pero no así su Gobierno, que carece de consenso. Las noticias son pésimas por la forma en que Trump reaccionó a los resultados de las elecciones intermedias, radicalizando su postura y nombrando jefe de gabinete a Stephen Miller, el ideólogo obsesionado con atacar a los cárteles y acabar con la narcopolítica.rrivapalacio2024@gmail.comX: @rivapa_oficial
