Cada mes el gobierno federal presenta en la mañanera los avances en materia de seguridad. Uno por uno, los titulares de Sedena, Marina y Guardia Nacional exponen sus resultados que al final corona Omar García Harfuch con el informe de detenciones e investigaciones de alto impacto. Los nombres rimbombantes de los programas erizan la piel: “Cero Robos al Transporte”, “Atención a las causas”, “México en Paz”. El informe de esta semana consistió en un carrusel estadístico de “buenas noticias”: En 22 meses del presente sexenio, dijeron en la mañanera, hay 51% menos homicidios dolosos; 33% menos de delitos de alto impacto y 52% menos robos al transporte, etc. Y siempre estamos en “el mes más bajo” desde tal o cual mes de tal año. En esos momentos uno entiende el valor de los medios y periodistas críticos. Porque de otra manera el gobierno federal ya estaría promoviendo “El Milagro Mexicano” en materia de seguridad para el próximo informe de la Presidenta.Quiero aportar mi granito de arena y poner sobre la mesa la urgencia de revisar los indicadores de incidencia delictiva. La Federación sostiene, con datos de las fiscalías estatales, que hay menos delitos de alto impacto. Consideremos solamente el robo, la extorsión y el fraude. El 89% de los robos en el país no se denuncia; ese porcentaje se eleva al 96.7% en el caso de los fraudes y al 97% al tratarse de la extorsión, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2025. Las cifras anteriores no han variado desde la encuesta de 2019. Pueden decirnos que la baja en delitos es palpable y demostrable, pero la cifra negra estancada cuenta una historia distinta. Les propongo una hipótesis: la ciudadanía desconfía del proceso de impartición de justicia y los mecanismos de denuncia son cada vez más engorrosos e inaccesibles, por lo tanto hay pocos o nulos incentivos para presentar una querella. El 63% de los delitos que no se denuncian, según el INEGI, son por causas atribuibles a la autoridad: burocracia, pérdida de tiempo, trato hostil y miedo a una extorsión. Ahí están los datos del INEGI. Son tan válidas como las disminuciones que presenta el gobierno federal. Los homicidios son un delito más complejo en donde difícilmente hay cifra negra, sin embargo, la forma de clasificar los asesinatos, dolosos o culposos, suicidio o indeterminado, y el factor de las desapariciones, no debe minimizarse. No basta con que sean “fuentes oficiales”, pues el gobierno es sujeto y objeto al mismo tiempo: son sus datos y sus resultados. La revisión independiente de la incidencia delictiva por parte de organizaciones civiles y academia sería un buen comienzo.
