La reciente macro-recomendación 19/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que abarca 107 quejas por violación a derechos humanos y que concentra los casos de 119 personas ausentes, es una confirmación más de que pese a lo que declaran las autoridades estatales, la política contra la desaparición de personas en Jalisco no está siendo eficiente ni actuando bajo el criterio de búsqueda inmediata y en vida.El documento presentado públicamente el pasado viernes 7 de agosto señala que existe una “deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización de personas desaparecidas, y la victimización secundaria que han sufrido sus familiares”. No solo eso, sino que añade que “las acciones de búsqueda y localización no fueron inmediatas, oportunas, transparentes, útiles, ni con rigor científico; no se realizaron búsquedas individualizadas y, específicamente, no se elaboró el plan de investigación acorde al Protocolo Homologado de Investigación (PHI)”. La recomendación revela que prácticamente todas las dependencias encargadas de las búsquedas, cometieron graves omisiones: “Se documentó que, en casos específicos, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ) no siguió ni cumplió con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que es obligación garantizar”. La investigación de las 107 quejas de familiares que buscan a sus desaparecidos vuelve a poner sobre la mesa que, además de la falta de recursos humanos y materiales, en ocasiones sencillamente hay falta de empatía por parte de los servidores públicos que trabajan en las dependencias encargadas de las búsquedas. Dice la recomendación citada sobre un caso de desaparición forzada ocurrido en 2011: “Tampoco se informó a las víctimas indirectas sobre los avances ni de las actuaciones. Cabe destacar que, después de quince años, no hay resultados para dar con la localización de la persona desaparecida ni de los posibles responsables, y se advirtieron lapsos considerables en que la averiguación previa permaneció inactiva, sin actos de investigación ni diligencias. La peticionaria señaló dilación en la procuración de justicia, omisiones en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y que, además, no se han presentado avances de la indagatoria”.Es muy grave lo que se señala en este caso, pues confirma que el Ministerio Público de la Fiscalía de Personas Desaparecidas (ahora Vicefiscalía) ni siquiera abrió la carpeta y mucho menos llevaba a cabo actos de investigación con vida de la persona reportada como desaparecida. Las 107 quejas resultaron en la desaparición de 11 mujeres y 108 hombres, y de las 119 personas desaparecidas, sólo 16 han sido localizadas, “lamentablemente, todas sin vida”.La recomendación citada confirma, además, que asociada a la crisis por desaparición de personas en Jalisco, existe una crisis forense que impide la pronta identificación de los cuerpos en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dice la recomendación: “Respecto de dos personas, si bien las carpetas de investigación señalan que fueron localizadas, las personas peticionarias señalan que no existen elementos ni dictámenes de confrontas de ADN ni otros medios de identificación que permitan afirmar que se trata de sus familiares, situación que fue corroborada por esta defensoría”.Otro dato que confirma esta recomendación, que incluye desapariciones ocurridas entre 2011 y 2025 es que ocurren prácticamente en todo el estado. Aquí se incluyen desapariciones en Zapopan, Lagos de Moreno, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Encarnación de Díaz, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, El Arenal, Teocaltiche, Tecolotlán, Ojuelos, Tala, Poncitlán y Jocotepec.Uno de los hallazgos más preocupantes en esta recomendación es que sigue confirmándose las desapariciones forzadas, es decir, las cometidas por agentes del propio Estado. Es el caso de una desaparición forzada cometida por parte de elementos de la policía vial de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de El Arenal.En otro caso más, cometido en Tonalá, si bien no se acreditó desaparición forzada, “sí se demostró que trasgredieron derechos humanos por omisiones en el ejercicio de sus funciones y obligaciones como primeros respondientes”. Al final, en las recomendaciones se solicita tanto a la Fiscalía del Estado, como a las otras dependencias encargadas de las búsquedas (Vicefiscalía, Cobupej, IJCF y CEEAVJ) “que realicen las gestiones y análisis financieros respectivos, a fin de que dentro de sus proyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027 se les asigne un incremento presupuestal extraordinario y etiquetado”. Y todo con el propósito de destinarse “prioritariamente a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a la tramitación y debida integración de las carpetas de investigación, a la judicialización de las indagatorias correspondientes, así como a la identificación de restos humanos y, de ser procedente, a la entrega a la brevedad posible de los mismos a los familiares, además de brindar apoyos a las víctimas indirectas”. Es decir, se recomienda que se gestionen más recursos, pero todo con el propósito de hacer una eficiente política contra la desaparición de personas en Jalisco. La cifra de desaparecidos ya llegó a 16 mil 192.
