La Operación Enjambre en Morelos es un operativo necesario, pero incompleto. Procesar a narcoalcaldes y sus funcionarios municipales es clave, pero en este caso la FGR reaccionó solo ante la presión mediática, igual que en Tequila, Jalisco. Entraron después de incontables denuncias y hasta que la infiltración ya era insostenible.El operativo terminó con el arresto de seis funcionarios y ex funcionarios municipales, entre ellos un alcalde (otro está prófugo), todos de administraciones panistas, con excepción de una ex candidata y consejera estatal de Morena.La FGR confirmó que investiga la presencia criminal en al menos ocho municipios de Morelos. Sin embargo, según el secretario de Seguridad Estatal, hasta 18 de 36 alcaldías estarían presuntamente vinculadas al crimen organizado.El caso de Cuautla, cuyo alcalde está sin localizar, ilustra el extremo. Las denuncias por reuniones entre el edil y “El Barbas”, líder regional del Cártel de Sinaloa, arreciaron desde febrero tras difundirse un video.La FGR obtuvo prisión preventiva por delincuencia organizada para los detenidos en la Operación Enjambre. Se les acusa de propiciar la comisión de homicidios, robos, narcomenudeo y extorsiones a la población. De hecho, Morelos tuvo la mayor tasa de extorsión nacional el año pasado.Estamos ante la consolidación de narcoalcaldías convertidas en el eslabón más endeble ante el crimen. ¿Cuántas otras operan en la sombra, lejos del escrutinio mediático y, por tanto, fuera de la mira de la FGR?La lucha contra la narcopolítica exige inteligencia, no pirotecnia judicial ni selectividad política. El Estado debe limpiar la estructura de gobierno desde la raíz, sin importar el color partidista de los implicados.Si el compromiso de la FGR es auténtico, debería darse una vuelta por varios de los 125 municipios de Jalisco. La complicidad municipal es una metástasis que requiere una operación mayor, no solo sacudir el enjambre para alebrestar el avispero.
