En países de capitalismo más acendrado la promoción cultural queda general o mayormente en manos de la empresa privada… aunque en el fondo, mediante una crecida deducibilidad tributaria de lo que se invierte en estos temas, viene siendo en realidad el Estado, de manera indirecta, quien patrocina tales actividades. Pero, a fin de cuentas, es el sector más adinerado de la sociedad quien impone los objetivos y los criterios, además de atribuirse los méritos.En México, por fortuna, resulta ser el Estado quien mayormente y de manera directa patrocina lo que se denomina el “quehacer cultural” y, además, podemos presumir que es mínima su injerencia lo mismo en la forma que en los contenidos. Ello ha coadyuvado, sin duda, a que en este terreno hayamos alcanzado un desarrollo muy por encima de países de similar fortaleza económica y social.Tal situación debe cuidarse y defenderse. Sin embargo, la promoción gubernamental podría ser más rica si se pudiera sustraer un tanto a la tendencia de acrecentar de manera poco medida el número y la participación de tantos “administradores” que, aparte de medrar la inversión pública en materia cultural, muchas veces inútilmente, con frecuencia entorpecen las actividades que supuestamente deben promover.La cantidad enorme de empleados administrativos a la que se ha llegado, aparte de cara, ha creado una serie de laberintos burocráticos que complican sobremanera el suministro de recursos y, con frecuencia, por cualquier banalidad estos se atoran en algún escritorio del camino o simplemente llegan demasiado tarde para poderse ejercer. Es notable la creciente complejidad de los mecanismos y controles que imponen los cada vez más numerosos encargados de la promoción. Ello sin contar que, con frecuencia, por muchos resquicios logran meter su cuchara y coartar la libertad de trabajo establecida en principio por el deseo gubernamental.No hay que perder de vista que el burócrata o asume el rol de simple vividor y deja pasar las cosas en espera de su quincena o combate la frustración que le deja su sensación de inutilidad incidiendo a como dé lugar en el proceso… eso si no se trata de vender a cambio de algo los favores.Deberían repasarse severamente las nóminas de instituciones tales como CONACYT-SNI, INAH, INBA y otras siglas, lo mismo que las secretarías e institutos de cultura de los estados y municipios y, si se concretaran a la plantilla estrictamente necesaria, su quehacer promotor sería muchísimo mejor.Queda claro que un sinfín de trámites, que se han vuelto más complejos con el tiempo, lo único que consiguen es la contratación de más personal, de todos niveles, pero especialmente del alto, con la consecuente reducción de la productividad de quienes son verdaderamente creadores.Déjese hablar a la clientela de tales dependencias y surgirán largas listas de ejemplos de lo que aquí se sostiene y, aunque algunos dicen que no sirve para nada, hágase una historia de tales dependencias y se verá claro lo que se quiere decir.El cambio de sexenio gubernamental es una magnífica oportunidad para simplificar administrativamente las dependencias “promotoras” a efecto de que puedan “promover” mucho más y sus recursos ofrezcan a la sociedad un rendimiento mucho mayor y, seguramente, también mejor. En vez de apretar las tuercas de quienes están en la brega hágase lo propio con aquellos que son muy fácilmente prescindibles. (jm@pgc-sa.com)
