Después de morir el pasado fin de semana, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, deja una herencia que obliga a la reflexión. Si bien es claro que no se puede permitir que simplemente se le eleve a la categoría de “héroe popular”, su trayectoria es una evidencia de la cultura del narco que está instalada en todos los rincones de la sociedad tapatía.Uno de los argumentos mejor articulados que se han presentado sobre este tema en los últimos días fue el del arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles Ortega, quien planteó, desde una perspectiva social -no religiosa-, una obligación para las autoridades estatales y federales: revisar por qué Guadalajara se ha convertido en una especie de “santuario” para los líderes del crimen organizado que se han instalado aquí desde hace décadas.Habrá explicaciones inmediatas que ya se han escuchado antes: existen acuerdos no escritos para asentarse en la capital de Jalisco y establecer aquí sus núcleos familiares. Incluso, se ha defendido la conveniencia de que esta ciudad sea su lugar de residencia, porque peor sería que la eligieran como campo de batalla. Se defiende así la “pax narca”.También es añejo el análisis sobre cómo se han imbricado la economía del crimen organizado y la economía local, hasta el punto de que resulta difícil diferenciarlas. La abundancia de desarrollos comerciales y habitacionales, así como algunos emporios que surgen repentinamente, han marcado profundamente la fisonomía de la ciudad y de otras regiones de Jalisco.Sin embargo, la solución no es tan simple como su explicación. Que Jalisco se haya convertido en refugio, centro de operaciones o “santuario” de numerosos líderes del crimen organizado, algunos tan célebres como Miguel Ángel Félix Gallardo o Rafael Caro Quintero, obedece a múltiples factores.La cuestión ahora es qué hacer para evitar que esta tendencia derive en nuevas prácticas, más contubernios y nuevos liderazgos negativos que socaven aún más a la ciudad y a la sociedad.Lo primero es aceptarlo. Admitirlo y frenarlo. Revertirlo. Y, en este punto, el inicio inevitable es intervenir las corporaciones de seguridad. Diferentes autoridades municipales y estatales han reconocido, en su momento, que las policías están infiltradas, al igual que las estructuras judiciales y gubernamentales.Un proceso para “desmontar” esta situación pasa por una revisión puntual de todos los marcos legales que están escritos y publicados, pero que no se cumplen o son evadidos. Todos los acuerdos cupulares deberían comenzar por combatir la impunidad y hacer cumplir la ley, tanto en sus incentivos como en sus sanciones.Otro proceso inevitable es la “desculturización”. Vivimos en una sociedad que acepta y disfruta la cultura del narco. Mientras esa cultura se consuma y se valore, todo lo que está en su entorno tenderá a reproducir aquello que tanto se ha lamentado.A partir de un acuerdo social práctico y abierto, se puede avanzar. Es una ruta lenta, seguramente con tropiezos, pero, si no se emprende, lo único que queda es esperar a que surja el siguiente “Jefe de Jefes”. Al fin y al cabo, son legión quienes aspiran al título.