Aunque aparentemente se trata de un fastidio para el ciudadano común, que se ocupa de atender su problemática cotidiana y particular, es innegable que estamos en medio de un proceso electoral que ha estado fuera de marco y legalidad, pero que sin embargo afecta el desempeño de autoridades y a la vida pública en general.La prueba más evidente es el permanente choque de posturas y discursos ante un problema que afecta a todos en el Área Metropolitana de Guadalajara: la falta de agua potable. Mientras la ciudadanía reclama con indignación y preocupación la inoperancia del SIAPA por la distribución de agua turbia o pestilente en cientos de colonias, en diferentes niveles de gobierno intentan resolver el problema con medidas diversas. Existe, sin embargo, la certeza de que se requerirán cantidades millonarias para efectuar obras que corrijan la problemática en su origen.Ante esta certeza, diferentes actores públicos (diputados, regidores, funcionarios) alimentan todos los días un discurso de reprobación y descalificación mutua. Se confrontan y crean opinión pública con la intención de influir en posibles escenarios electorales, sin importar que eso entorpezca la atención técnica del problema fundamental que es el acceso al agua potable.En este y en otros tantos asuntos, la contienda es imparable. Las reglas desaparecen y los escenarios de conflicto se multiplican.En el establecimiento de un marco de leyes para evitar que la lucha por el poder caiga en la violencia, no estamos en el peor de los escenarios, pero ciertamente se ha retrocedido y se perdió mucho de lo ganado durante años en los que se construyeron acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales.Los análisis sobre tales fenómenos son abundantes y particulares, pero parten de algunas causas comunes:Los elementos mencionados y otros más han dado paso a una nueva realidad en la que las reglas electorales casi son letra muerta. Se hace campaña anticipadamente, se promueven candidaturas y se disputan espacios de poder sin que las autoridades establecidas tengan posibilidad de detener o sancionar.En el ámbito local, apenas la semana pasada el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco dio a conocer sanciones por quejas presentadas meses atrás, en las que se denunciaron actos anticipados y violencia política contra diferentes personas; el organismo ha ordenado borrar mensajes en redes sociales o públicamente, deslindarse de bardas con pintas políticas. En la práctica, es casi nada.Antes que esperar una potencia sancionadora en las autoridades establecidas, los actores políticos deben consentir en el respeto a las reglas establecidas. No está ocurriendo.El riesgo es un desgaste acelerado y peligroso del orden establecido que puede conducir a una crisis mucho más profunda y generalizada, antes de que se pueda establecer un nuevo orden social.jonasn80@gmail.com@JonasJAL
