La separación del cargo del juez Luis Ignacio “N” de Ciudad Guzmán por liberar irregularmente a Lucio “N”, ex director del DIF acusado de violación, es una “muy buena mala noticia”. Los hechos merecen un recuento. Hace unos días, una ex subordinada de Lucio “N” en el DIF Jalisco publicó un video en donde lo acusó de haberla violado en marzo de 2024 durante un retiro de trabajo en Tapalpa.La denunciante expresó temor ante el poder e influencia de Lucio “N”, señalado como cercano al ex gobernador Enrique Alfaro. El acusado fue alcalde interino de Tlajomulco con Ismael del Toro y fungía como coordinador en el gobierno de ese municipio con Quirino Velázquez.Días después la Fiscalía del Estado lo arrestó y el 16 de agosto fue vinculado a proceso y el juez le dictó prisión preventiva por seis meses.Pero el miércoles pasado, en una revisión de medidas cautelares, el mismo juez cambió su decisión para que siguiera su proceso en libertad. Apenas horas después, el Consejo de la Judicatura anunció la suspensión del juez. Paralelamente, Salvador Zamora, secretario general de gobierno, criticó la irregularidad y prometió que Lucio “N” regresaría a prisión. Y así ocurrió: ayer el acusado fue reaprehendido.Momentos antes de su detención, Lucio “N” difundió dos videos en donde alegó su inocencia y mostró supuestas conversaciones privadas posteriores a la comisión del delito; allí la denunciante lo trata con normalidad y algunas expresiones de afecto. Me disculpo por el largo recuento, pero era necesario para evidenciar mi punto: la suspensión del juez Luis Ignacio “N” es una “muy buena mala” noticia debido al mensaje que subyace en donde prevalece el control político de la justicia.Dejar en libertad a Lucio “N” es anticonstitucional pues el delito de violación merece prisión preventiva de oficio si hay pruebas suficientes que permitan inferir que se cometió el ilícito, una medida que el juez ya había considerado para dejar en la cárcel al imputado.La actuación del juez es a todas luces irregular, pero la separación exprés del cargo, horas después de su fallo, indica que el asunto tuvo un “tratamiento especial” en donde pesó el factor político y el cabildeo desde el poder con la aparición “casual” de Zamora.Ya sea porque el caso salpica a Alfaro o porque el gobierno desea anotarse un triunfo como “guardián” contra la violencia de género, lo cierto es que se envía este mensaje: impartir justicia depende de los manotazos de la clase política ante un Poder Judicial subordinado.El año pasado se abrieron 529 carpetas de investigación por violación en Jalisco. ¿Qué garantías de justicia imparcial, pronta y expedita han tenido las víctimas de ese medio millar de expedientes?Si la intervención política “aceita” un caso también puede frenarlo o congelarlo. Son dos lados de una misma moneda. Tenemos una justicia de microondas: truenan las palomitas cuando el indicado aprieta el botón.P.D: Las aseveraciones aquí expuestas de ninguna manera prejuzgan la inocencia o culpabilidad de los involucrados; ese es un asunto aparte.
