Cuando abrimos el grifo en nuestras casas, esperamos que el agua tenga las características propias de este líquido vital, que sea inodora, incolora e insípida… desafortunadamente en días pasados en varios hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara el agua no cumplía con dichas características; al conmemorar este fin de semana el Día Internacional del Agua, resulta ineludible reflexionar no solo sobre la disponibilidad de este recurso esencial, sino sobre la calidad de su gestión, la equidad en su distribución y la sostenibilidad de su aprovechamiento. El agua potable no es únicamente un bien natural: es un derecho humano reconocido. El artículo cuarto de la Constitución dice que: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Pero, como hemos visto, no basta con que esté consagrado en la Constitución para que automáticamente todos los ciudadanos tengamos acceso a ella, cumplir con este mandato constitucional implica responsabilidades complejas para el Estado, el sector privado y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la materialización de este derecho enfrenta obstáculos estructurales que van desde la sobreexplotación de acuíferos hasta la contaminación de fuentes hídricas, pasando por deficiencias regulatorias y fallas en la implementación de políticas públicas.Es aquí donde la investigación transversal adquiere un papel central. Necesitamos diálogos constantes entre juristas, ingenieros, hidrólogos, economistas, urbanistas y especialistas en salud pública. Solo a través de esta interacción será posible diseñar normas eficaces, instituciones sólidas y mecanismos de rendición de cuentas que respondan a la complejidad del problema.Desde las Universidades es imprescindible que nuestros estudiantes comprendan el contexto técnico y social de los problemas que enfrenta la sociedad en la que viven, que desarrollen habilidades para el trabajo interdisciplinario y que asuman una perspectiva ética orientada al interés público, para incidir realmente en la transformación de la realidad, tal es el caso del Observatorio Panamericano de Ciudades Hidroadaptativas, un espacio dinámico de investigación y divulgación, basado en el principio de “Diálogo con el entorno”, con vocación a la acción social y la sostenibilidad, que busca precisamente ser un aliado de la sociedad y de las autoridades buscando poner a su servicio la investigación en el tema del agua. Seguramente hay otros ejemplos universitarios, pero éste es el que conozco.El caso de nuestra ciudad es, en este sentido, paradigmático. No se trata únicamente de tuberías antiguas o de fallas operativas, sino de falta de coordinación institucional, insuficiencia presupuestaria, opacidad en la información y, sobre todo, una desconexión entre el conocimiento técnico disponible y las decisiones públicas adoptadas.Debemos convertir la preocupación en acción coordinada. La academia tiene la responsabilidad de generar conocimiento útil y pertinente; las autoridades, de traducirlo en políticas efectivas; y la sociedad, de exigir y participar en su implementación. Solo así podremos asegurar que el derecho al agua deje de ser una garantía constitucional y se convierta en una realidad tangible para todos.
