La frase la dijo el entonces director de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez: “No vamos a permitir que un periodiquito de provincia ponga en riesgo a Pemex en medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio”. Era el lunes 19 de abril de 1993, tres días antes del primer aniversario de la explosión que dejó 212 muertos, 69 desaparecidos, mil 800 lesionados y una herida urbana de ocho kilómetros de largo en Guadalajara. La reunión fue en Bucareli, estaba el secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido y Alfonso Dau Dau, dueño de “Siglo 21”, “el periodiquito de provincia”. Temían que la información que se publicaría en el aniversario alebrestara a los ciudadanos indignados. Pemex había asumido la responsabilidad civil por las explosiones: pagó millones de dólares en indemnizaciones, pero nunca asumió su responsabilidad y mintió sistemáticamente sobre lo que había ocurrido en su planta de La Nogalera, origen de la fuga y la posterior tragedia.Tres décadas después, en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Pemex ocultó por más de mes y medio un derrame de petróleo en el Golfo de México con un costo ecológico y social enorme. No solo mintieron descaradamente, sino que hicieron quedar como estúpidos a medio gabinete —al secretario de Marina y a las secretarias de Energía y Medio Ambiente— hasta al director de la paraestatal, Víctor Rodríguez y a la misma Presidenta, Claudia Sheinbaum. Hace 34 años las mentiras provocaron la peor tragedia que ha vivido Guadalajara en sus casi cinco siglos de historia. En aquella ocasión, como ahora con el derrame en el Golfo, lo ocurrido tiene nombre: se llama negligencia criminal.Pemex se está cayendo a cachos. No ahora, desde hace al menos 15 años cuando la producción de petróleo y particularmente de petróleo ligero comenzó a decaer y la paraestatal entró en el círculo vicioso: endeudarse para sobrevivir. En uno de los arranques nacionalistas del sexenio pasado, López Obrador echó para atrás la reforma energética de Peña Nieto y convirtió a Pemex, que venía perdiendo importancia en el esquema gubernamental, en el buque insignia de su Gobierno. La decisión nos ha costado carísima y ahora la Presidenta ha tenido que hacer malabares políticos y discursivos para inyectar dinero privado al sector energético y al mismo tiempo mantener la pesada e inoperante estructura de la petrolera más endeudada del mundo.La prepotencia y la impunidad están en el ADN de Pemex. La única diferencia es que en los años ochenta y noventa del siglo pasado ganaba mucho dinero, era la caja chica del Gobierno en turno y tapaba sus corruptelas, su ineficiencia y las negligencias a billetazos. Hoy sigue siendo la misma empresa corrupta, ineficiente y negligente, pero además está quebrada.diego.petersen@informador.com.mx
