La Presidenta quiere un INE que practique al mismo tiempo la pobreza de los mendicantes franciscanos y la inquisición de los predicadores dominicos de la Edad Media. El proyecto de reforma electoral que presentó la comisión presidencial ayer en la Mañanera y que enviará al Congreso la próxima semana quiere una reducción de 25 por ciento en el gasto electoral, lo cual incluye bajar aún más el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), y al mismo tiempo quiere que éste fiscalice y realice el monitoreo en tiempo real del gasto y de las fake news de elecciones municipales, distritales locales, distritales federales, de circunscripción (nueva modalidad) gubernaturas y presidente de la república más los que se les ocurra de elecciones judiciales, consultas ciudadanas y cualquier otra esferita que deseen colgarle al arbolito.Los problemas de gigantismo del Instituto Electoral comenzaron cuando, por el pataleo de los partidos, se tomó la decisión de convertirlo en inquisidor electoral. Comenzaron con la revisión de los anuncios de televisión para, dijeron, evitar la guerra sucia. Luego lo pusieron a contar anuncios para que los partidos no se pasaran del presupuesto. Después a monitorear a los medios para propiciar una equidad en la cobertura que no fue tal y sólo volvió insufrible e imposible reportear campañas. Finalmente lo pusieron a administrar tiempos de radio y televisión. Todas esas funciones no esenciales, que cuestan un dineral, se hubieran resuelto con una frase en la ley: el partido que viole las reglas electorales perderá el registro.Pero no, entre políticos no se leen las cartas. La legislación electoral no está pensada para que los candidatos y partidos no violen la ley, está hecha para defenderse de los ataques de los otros.Pareciera lo mismo, pero no lo es. Lo primero implica sanciones directas y automáticas, como a cualquier ciudadano. Si matas, te detienen (es un decir); si te dictan sentencia, pierdes tus derechos políticos. Al menos eso dice la ley. Por el contrario, si los partidos violan la ley, reciben una multa, siempre negociable y más pequeña que el beneficio. El incentivo a violar la ley electoral es altísimo, y para muestra ahí está aquella famosa campaña de influencers el mero día de la elección y que luego, encantado, el Partido Verde pagó una multa ridícula con las prerrogativas que ganó tras la elección.Hay que regresar al INE a su función esencial, que es organizar elecciones donde cada voto cuente, se cuente bien, y que tenga herramientas para castigar: al candidato o campaña que difame o divulgue noticias falsas, se le anula su triunfo; el partido que mienta sobre el gasto, se le quita el registro. Dejemos de repetir que la democracia es cara. Lo que nos cuesta carísimo a los ciudadanos es la falta de probidad de los políticos, los acuerdos cupulares y la facilidad con la que los partidos violan la ley.
