José Antonio Kast ganó la presidencia de Chile con el 58 % de los votos y comenzó la transición política posterior al mandato de Gabriel Boric. El líder del Partido Republicano se convierte en el primer presidente abiertamente pinochetista desde el retorno a la democracia en 1990, y su victoria consolida una tendencia regional que Samuel Huntington habría descrito como una “contraola” democratizadora. El caso chileno se suma a un patrón visible en Argentina con Javier Milei, en Ecuador con Daniel Noboa, en El Salvador con Nayib Bukele y, en menor medida, en Bolivia con expresiones conservadoras. Se trata de una derecha distinta a la tradición liberal asociada a figuras como Sebastián Piñera o Lacalle Pou: una derecha más radicalizada o reaccionaria, marcada por discursos de orden, nostalgia autoritaria y una relación instrumental con las instituciones.El mapa ideológico latinoamericano muestra una región fragmentada. Nueve países se encuentran gobernados por fuerzas de izquierda o centroizquierda —México, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala y Uruguay, además de los regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua—, frente a siete gobiernos conservadores o de derecha: Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia y ahora Chile, a partir de 2026.En esta cuenta, Brasil, México y Colombia concentran cerca del 60 % de la población regional y permanecen bajo administraciones progresistas, pero el hecho es que la correlación de poder se sostiene a partir de la proyección geopolítica, el control de flujos comerciales y el acceso a cooperación internacional, no por el peso demográfico.La derechización regional implica un cambio en la forma de ejercer el poder. Kast personificó un fenómeno que va más allá del conservadurismo clásico. Su campaña se estructuró alrededor de la promesa de “restaurar el orden”, deportar masivamente migrantes irregulares y gobernar bajo esquemas de seguridad extrema. Esta narrativa conecta con el modelo salvadoreño, donde la reducción de la violencia se ha logrado mediante estados de excepción, militarización y suspensión de derechos. El riesgo no reside en la adopción de políticas conservadoras legítimas, reside en la normalización de instrumentos excepcionales como mecanismos permanentes de gobierno. Argentina ha avanzado en reformas profundas mediante decretos ejecutivos que se brincan el debate parlamentario; Ecuador ha recurrido a estados de excepción para enfrentar al crimen organizado. El patrón es consistente: la democracia es tratada como un obstáculo procedimental frente a la urgencia de resultados.Más allá de la teoría. En estos proyectos, el liderazgo fuerte se presenta como la única vía para superar crisis de seguridad, migración y economía. La polarización, desde esta lógica, se resuelve mediante la imposición de una visión dominante que reduce los contrapesos institucionales a formalidades. En el caso chileno, Kast no contará con mayoría legislativa, lo que limita su margen de maniobra y aumenta la tentación de recurrir a atajos institucionales para cumplir promesas maximalistas. Ya veremos.A esta dinámica interna se suma un factor externo determinante: la presión geopolítica de Estados Unidos. La rápida felicitación de Marco Rubio, secretario de Estado de la administración Trump, no fue un gesto protocolario. Washington identifica en el bloque conservador emergente socios funcionales para su agenda “America first”: contención migratoria, combate al narcotráfico y control de comercio con aranceles. Este alineamiento se traduce en beneficios concretos: mayor acceso a inversión extranjera, cooperación militar, inteligencia compartida y líneas de financiamiento.Los gobiernos que mantienen posiciones más autónomas, como Brasil, Colombia y México, enfrentan un entorno menos favorable. Acceso restringido a capital, mayor reticencia en acuerdos comerciales y menor respaldo político en foros regionales reducen su margen de acción. La presión no es explícita, pero resulta eficaz: limita la capacidad de estos gobiernos para ofrecer resultados económicos y de seguridad a corto plazo, erosionando su legitimidad interna.Este reordenamiento no responde a una agenda ideológica; Washington busca consolidar un bloque conservador que contrarreste la influencia china y garantice estabilidad migratoria. El mensaje implícito para los votantes latinoamericanos es el siguiente: alinearse con Estados Unidos promete prosperidad y orden; mantener autonomía implica costos económicos y políticos. Esa narrativa refuerza, a su vez, los discursos internos de los gobiernos conservadores, que presentan la inserción en mercados globales como solución estructural (Argentina con el dólar).La experiencia chilena y el giro regional ofrecen una advertencia clara para México. Cuando un gobierno progresista no logra traducir legitimidad electoral en resultados tangibles de seguridad, crecimiento y bienestar, abre espacio a proyectos que prometen orden a cualquier costo. La lección no es ideológica, es institucional, y preservar la democracia exige fortalecer contrapesos, respetar la protesta social y aceptar la crítica como insumo de gobierno, no como amenaza. Ignorar esta posibilidad puede allanar el camino para una derecha que capitaliza el mandato autoritario.@DelToroIsmael_
