El martes 13 de octubre, Morena y sus aliados aprobaron en la Comisión de Hacienda de San Lázaro la Ley de Ingresos 2027. La votación fue de 28 a favor y 8 en contra, con un techo de deuda interna de 1.7 billones de pesos, al que se suman hasta 13 mil 500 millones de dólares de endeudamiento externo. El paso por el Pleno será, como de costumbre, un trámite. Lo que no es trámite es lo que esas cifras significan para el país que heredarán quienes hoy no votan.Conviene empezar por reconocer lo que el gobierno hace bien. Hacienda presume que mejora el balance presupuestario, crece el superávit primario y se contraen los requerimientos financieros del sector público. El déficit bajaría de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB. Incluso se recortan los techos de deuda interna y externa, privilegiando el endeudamiento en pesos. Negarlo sería deshonesto.El problema no está en el flujo, sino en el acervo. El paquete proyecta cerrar 2027 con una deuda de 21.6 billones de pesos, equivalente al 55 por ciento del PIB, cuando al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum la estimación era de 51.4 por ciento. Será el cuarto año consecutivo de aumento. Dicho llanamente: el gobierno gasta con más orden, pero cada año debe más. La disciplina todavía no se traduce en una trayectoria descendente.Y la deuda ya cobra su factura. El gasto financiero superará en 2027 el 17 por ciento de los ingresos. Cada peso que se va a intereses es un peso que no llega a hospitales, a seguridad ni a la infraestructura que el nearshoring reclama. Aquí la oposición tiene un punto: advierte que el endeudamiento financiará gasto del gobierno y no proyectos de infraestructura. La pregunta decisiva no es cuánto se debe, sino para qué. Un país que se endeuda para construir puertos, energía y conectividad compra futuro, mientras que uno que se endeuda para sostener transferencias y rescatar a Pemex compra tiempo.La réplica oficialista es conocida: los gobiernos del PRI y del PAN también se endeudaron, y peor. Es cierto en parte, pero es un argumento de espejo retrovisor. Haber criticado durante décadas la deuda “neoliberal” obliga, precisamente, a no reproducirla con otro discurso.Queda el problema político. Con mayoría calificada, la deuda ya no se negocia: se aprueba. Sin contrapesos reales, el Congreso deja de ser el lugar donde se pregunta para qué se pide prestado. Las calificadoras, los inversionistas y las regiones exportadoras sí harán esa pregunta, y la respuesta tendrá un precio en tasas de interés.La deuda es una promesa que los vivos firman a cuenta de los que aún no llegan. La 4T prometió no endeudar a México. Hoy, cuando menos, le debe a los mexicanos una explicación de en qué se invierte cada peso prestado.gdehoyoswalther@gmail.comX: @gdehoyoswalther
