Alicia de los Ríos Merino es una historiadora y a la vez víctima de la Guerra Sucia que el Estado mexicano cometió contra disidentes y opositores políticos durante las décadas de 1970 y 1980 en contra de miles de militantes y activistas. Siendo apenas una niña de meses, su madre del mismo nombre, la dejó en manos de su abuela, también llamada Alicia. Alicia de los Ríos, madre, era militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, una organización político-militar que pretendía cambiar el país mediante un cambio social radical que acabara con las injusticias, la pobreza y la violencia estructural que el Estado mexicano desplegaba en contra de todas las disidencias y oposiciones políticas.Alicia de los Ríos Merino fue detenida el 5 de enero de 1978 en la Colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por agentes de la Brigada Blanca, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y llevada posteriormente al Campo Militar Núm. 1 donde padeció tortura y desaparición forzada. Otros militantes de la Liga dieron testimonio de que vieron a Alicia de los Ríos en ese cuartel militar. Posteriormente otro testimonio indicó que fue vista por última vez hacia final de 1978 en una la base de la fuerza aérea mexicana en Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, desde donde salieron varios vuelos de la muerte. Alicia de los Ríos hija presume que su madre pudo haber terminado en uno de los vuelos de la muerte. Para tener certeza sobre el destino de su madre, Alicia de los Ríos hija presentó el 24 de junio de 2002, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una denuncia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en el sexenio de Vicente Fox. Después de la disolución de este organismo, la Procuraduría General de la República tomó el caso, sin que durante años presentara avances.En abril de 2011, ante la falta de avances, la familia de Alicia, la Fundación Diego Lucero, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez y el Centro Prodh presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Alicia. El 22 de octubre de 2020, frente a la falta de respuesta del Estado, la CIDH dio trámite al caso y resolvió que decidirá conjuntamente tanto la admisibilidad como el fondo del asunto, refiere una nota del Centro Prodh.En febrero de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación la instrucción para transferir al Archivo General de la Nación (AGN) los archivos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas cometidas contra movimientos políticos y sociales del pasado, así como garantizar que la información fuera de acceso público. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incumplió dicha instrucción como pudo constatar el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) en el marco de la Comisión de la Verdad.Ante ello, Alicia de los Ríos Merino hija, acompañada por el Centro Prodh y Artículo 19, promovieron en noviembre de 2023 un juicio de amparo para detener la opacidad y garantizar la preservación y el acceso a la documentación, especialmente de la Sedena.El amparo en revisión 43/2025 fue resuelto el pasado 6 de agosto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Por mayoría de dos votos de las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín, se concedió el amparo de la justicia a Alicia de los Ríos Merino, y para garantizar la entrega de estos archivos se determinó la necesidad de crear una Comisión de transparencia de archivos, imparcial, con integrantes del Archivo General de la Nación para la catalogación, conservación y clasificación y transferencia de los archivos. La decisión de estos juzgadores es de la mayor importancia pues va a poner a prueba la independencia de poderes y si realmente la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo es jefa del Ejecutivo federal, sino también de las fuerzas armadas quienes desde 2019 han desacatado una instrucción presidencial. Si prospera el amparo y la Sedena entrega los archivos de la Guerra Sucia, muchas víctimas de estas violencias estatales podrían encontrar memoria y justicia que les han sido negadas desde hace décadas.
