Ante la ola de violencia e inseguridad que padecemos en Jalisco y en el país es pertinente recordar que no se podrán pacificar las comunidades, ni las autoridades cumplir su obligación de garantizarle certidumbre a la ciudadanía de su integridad física y la de sus bienes si no recuperan antes el control de las cárceles.¿Cómo puede el Gobierno federal y los gobiernos locales controlar y someter a los grupos delincuenciales que tienen en la zozobra y el miedo cada vez a un mayor número de mexicanos, si ni siquiera pueden hacerlo en los centros penitenciarios donde los tienen ya detenidos y en teoría bajo su tutela?Por eso en el ámbito local la pregunta sería si las autoridades tienen alguna idea de cuánta violencia padecemos en las calles del Área Metropolitana de Guadalajara y en muchos municipios de la Entidad, que se expresa en homicidios múltiples o en el alza de asaltos a transeúntes, casas, negocios y extorsiones vienen de las cárceles del núcleo penitenciario de Puente Grande.Aunque tanto en el Plan Nacional de Paz y Seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como en la estrategia en la materia del gobernador Enrique Alfaro, se habla de dignificar las cárceles y retomar su control, hoy en manos de los autogobiernos delincuenciales, en realidad poco hablan de este tema decisivo para acabar con la inseguridad.Hasta ahora a nivel federal, el Presidente en una de sus ruedas de prensa mañaneras, anunció que se revisarán los contratos de venta de comida en los reclusorios federales, que sin duda son, en muchos casos, espacios de corrupción. Y a nivel estatal, lo único que se ha sabido es que hubo jaloneos internos por la reinstalación de José Antonio Pérez, como director general de Reinserción Social de Jalisco, y la exhibición de un delito en su juventud. Antes de que fuera suspendido temporalmente del cargo, denunció que encontró cárceles “cayéndose”, con falta de vehículos operativos y gastos no justificados.Pero ni a nivel nacional ni estatal se ha mencionado el grave problema de los autogobiernos delincuenciales que siguen controlando la mayoría de las cárceles de este país. Por ejemplo, qué ha pasado en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande donde un grupo de reos controla mercancías, drogas, prostitución y privilegios que les permitieron en la administración pasada hacer una enorme narcofiesta con whisky y banda incluida. ¿Siguen o no esos festejos?Los gobiernos deben de dejar atrás la negligente idea de que como en los cementerios, tampoco en las cárceles hay votantes, y atender con urgencia lo que ahí sucede si es que de verdad quieren hacer algo para atender la principal demanda ciudadana de que sus autoridades frenen la delincuencia. En las prisiones los detenidos tendrán sus derechos electorales suspendidos pero la violencia que desde ahí despliegan puede acabar con las más ambiciosas carreras y pretensiones políticas. Ojalá pronto presenten sus balances de lo que pasa tras las rejas y lo que sale de ellas. jbarrera4r@gmail.com
