En Guadalajara, como en la Gran Tenoch, donde el dinero pesa más que la historia, la gentrificación no llegó: se impuso. Comenzó como un rumor -que si van a poner croissants artesanales donde estaba la ferretería de Don Memo- y terminó con un convenio público-privado que disfrazó una torre de Airbnb de museo. Hubo acto protocolario, listón cortado y entrega simbólica de las llaves de la ciudad al desarrollador.Lo que pasa en la CDMX con las protestas no es un reclamo aislado: refleja una desesperación generalizada. En Jalisco, según el Programa Estatal de Vivienda 2018-2024 (visión 2050, porque la 2030 ya está a la vuelta de la esquina), una de cada cuatro viviendas es rentada. En solo cinco años, las rentas subieron más de un 50%. En Tabachines pasaron de 10 mil a 16 mil pesos, en Providencia de 11 mil a 17 mil. Guadalajara ya compite con Buenos Aires y São Paulo… pero sin drenaje y agua de calidad.El problema no es que se construyan departamentos de lujo: es que se construyen donde antes se podía vivir. Y que ahora no se anuncian como vivienda, sino como instrumento financiero: “¡Compre y en cinco años la hipoteca se paga sola!”. Ya ni siquiera se disimula.Existen propuestas. Las diputadas Mariana Casillas y Brenda Carrera promueven reformas al Código Civil: eliminar el tope de 1.1 millones de pesos para que las viviendas estén sujetas a control de renta; limitar aumentos a la inflación; y fijar un máximo de 6% del valor fiscal como renta anual. Los dos primeros puntos son sensatos. El tercero es más complejo: si la cobija tapa demasiado de un lado, destapa el otro.Con ese límite, un departamento con valor comercial de 2 millones y valor fiscal de 1.5 no podría rentarse en más de 7,500 pesos (6%). De ahí hay que pagar mantenimiento, predial y todavía agradecer que no lo grafiteen. Y en los municipios, donde el catastro es un arcano y el valor fiscal es a ojo de buen cubero, ¡pobre del señor Barriga!, será difícil determinar el valor del inmueble.Una alternativa, es contar con observatorios que fijen precios máximos por zonas. Pero también puede abrir la puerta a la discrecionalidad.Aunque hay un aspecto relevante que omiten ambas iniciativas, uno de los principales problemas es la negativa de renovar contratos en zonas en gentrificación. En otros países se protege a los arrendatarios de negativas a renovar, salvo que exista “causa justificada”.También se ha puesto sobre la mesa establecer sanciones fiscales a inmuebles vacantes, lo que en teoría suena atractivo. Pero la realidad es que políticas similares han sido consideradas inconstitucionales.¿Por qué no pensar en incentivos? Políticas públicas que promuevan vivienda asequible cerca de los centros de trabajo. Nueva York lo hace, el programa 421-a ofrece exenciones fiscales si el desarrollador estabiliza rentas por años. Allá el mercado es voraz, pero sabe que, sin gente, no hay ciudad.Es necesario promover no solo desarrollos verticales para los pípirisnais; se requiere la intervención del Estado para garantizar viviendas para todas las personas cerca de centros de trabajo, desincentivando que se esparza más la mancha urbana, cual chilaquiles deconstruidos.Aquí parece que queremos una Guadalajara sin tapatíos: solo inversionistas de ladrillo… y pan de masa madre.hecromg@gmail.com
