Las violaciones y los feminicidios no distinguen clase socioeconómica en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Lo revela un mapa con la incidencia de ambos delitos por colonia, elaborado por mi amigo Hector Pina, periodista y datero (consultable aquí: https://bit.ly/mapafemvio). Este mapa procesó los datos de la Plataforma de Seguridad del Gobierno de Jalisco que comparte 16 delitos desagregados por temporalidad y colonia. Pina geolocalizó los 184 feminicidios y las mil 558 violaciones ocurridas en la metrópoli de diciembre de 2018 a mayo de este año (el presente sexenio). La semana pasada, cuando me mostró esta cartografía cruel, a ambos nos sorprendió un detalle: carece de un patrón de ocurrencia por colonia. La incidencia se distribuye casi de manera homogénea en toda el AMG. Desde luego hay ligeras tendencias en algunas colonias, pero nada significativo como ocurre con otros ilícitos. Por ejemplo, esta es la lista de las colonias de la metrópoli con más violaciones: Para los feminicidios no hay una concentración significativa por colonia. Su incidencia es más homogénea. Mi amigo Pina analizó la distribución espacial de ambos delitos. Concluyó que en promedio cada 327 metros (equivalente a cuatro cuadras) ha ocurrido uno de estos ilícitos. En otras palabras, cualquier parte del territorio es escenario propicio: en promedio cada día hay una violación o un feminicidio en la ciudad. Ahora, la cifra negra de este último podría ser mucho más elevada porque el gobierno estatal no siempre clasifica como feminicidio el asesinato de una mujer. Me gustaría que entendamos este mapa como algo más que una herramienta que muestra una tendencia geográfica y estadística. Analicemos mejor su significado cultural. A diferencia de otros delitos relacionados con la marginación y la pobreza, la violencia de género no distingue nivel socioeconómico. Lastima lo mismo a las colonias con mayor poder adquisitivo y educación que a las más vulnerables. ¿Por qué? Porque la violencia de género es también un producto cultural nocivo. La condicionan, además de factores sociales igual que a otros delitos, un caudal de prejuicios culturales e históricos sobre lo femenino que dan forma al supremo acto machista: la posesión violenta del cuerpo y la vida de una mujer. Su prevención y erradicación, tiene razón el gobernador, no es sólo un asunto de patrullas y policías. Requiere mucho más: una transformación cultural, una sensibilidad distinta de las autoridades y una comprensión más allá de las fronteras tradicionales con que planteamos la crisis feminicida que vivimos. jonathan.lomeli@informador.com.mx
